La propuesta de Petro

Es un gran logro poder debatir hoy sobre un tema que hasta hace poco era intocable y prohibido y sobre el cual no se podía emitir un juicio crítico sin ser señalado y estigmatizado.

La extradición no es solo un mecanismo perverso, desde el punto de vista procesal y jurídico; es también un pésimo negocio para Colombia, ya que, además de que renunciamos a la acción punitiva del Estado, son los ‘gringos’ quienes al final se quedan con toda la plata y la libertad de los procesados, mientras que a nosotros nos corresponden los muertos, la desolación y la imposibilidad de reparar a las víctimas. La extradición es un mecanismo fallido, pues los beneficios para el país son nulos.

Hagamos lo mismo que hacen los ‘gringos’: negociemos por delación y entrega de bienes y dinero rebajas sustanciales en la pena (no menos de siete años) y la posibilidad de que el narco confeso pague su condena en territorio nacional en una cárcel de máxima seguridad. Y voy más allá del planteamiento de Petro y de lo que estila la justicia norteamericana: propongo que los narcotraficantes entreguen el 95% de sus bienes y conserven tan solo el 5% de los mismos, y que quien oculte la verdad o vuelva a delinquir, previo proceso judicial que así lo certifique, sea extraditado de inmediato.

Con el dinero y bienes recaudados (suma que en todo caso será muy superior a la exigua ayuda de los ‘gringos’) se podrá constituir un fondo de inversión social para el campo y el agro colombiano, a través del cual se construirán vías de acceso, escuelas, hospitales y acueductos, y se implementarán programas de subsidios para los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. ¡Eso sí que sería una verdadera revolución!: reivindicar el campo colombiano después de años y años de desidia y olvido.

Los bienes entregados no tendrían que ingresar al proceso de extinción de dominio: simplemente, el narcotraficante o sus testaferros harían el correspondiente traspaso al fondo de inversión social (bastará la confesión para que el procesado pierda el dominio y la titularidad de sus pertenencias). La ley de extinción de dominio es un bodrio, una verdadera vorágine judicial, que colapsó, por lo complejo y dilatado del trámite, sin contar con que el Estado es un pésimo administrador de los bienes incautados (se cuentan por millares las propiedades confiscadas a la delincuencia que se deterioran hasta no servir para nada). El manejo de esos bienes debe ser entregado a empresas privadas, para ser vendidos o monetizados, y luego incorporar el producido de esos negocios al fondo de inversión social para el campo.

Al no existir un tratado de extradición vigente con los Estados Unidos, el Congreso solo tendría que tramitar una reforma constitucional que le otorgue las facultades necesarias al Presidente de la República para implementar la sustantiva iniciativa.

Tengo la certeza de que esta propuesta sería acogida por narcotraficantes que ni siquiera se encuentran investigados o procesados, pues estarían frente a la oportunidad ideal para someterse a la justicia, entregando bienes, purgando cárcel y evitando así la extradición, que es a lo único que verdaderamente le temen estos personajes.

Llegó el momento de pensar en lo que es mejor para Colombia, no en lo que más le conviene a los ‘gringos’. El Heraldo.