El país de las mafias: ahora las contrataciones

Al tiempo que las antiguas mafias nutridas por el narcotráfico han mutado en microempresas globalizadas de difícil identificación y que siguen infiltrando a diferentes agentes estatales, se identifican otras que podrían llamarse de cuello blanco que en las cuales políticos, funcionarios públicos y contratistas, saquean las arcas del Estado.

Las del narcotráfico se han diversificado y sus cabezas ya no son tan visibles y están cada vez más interconectadas con personas de todos los continentes que cumplen su respectiva función siguiendo así la lógica de la división internacional del trabajo. Por ello, el país, al tener la experiencia de más de 30 años librando una guerra frontal contra este flagelo, tiene el deber de liderar un debate mundial para encontrar soluciones alternativas a este tema. Ya la evidencia es contundente en el sentido de que la forma como se viene librando esta guerra no ha arrojado los resultados esperados y el negocio sigue siendo tan lucrativo como antes e incluso, por temporadas, más jugoso.

Volviendo al tema de las nuevas mafias, cuya función es saquear las finanzas públicas para beneficio personal, vale la pena traer a colación una anécdota reciente. En un aeropuerto de una ciudad de la costa, un joven funcionario de Planeación Nacional me alertó hace pocos meses sobre las mafias de contratistas, haciendo hincapié en el caso bogotano. Un doloroso acontecimiento reciente donde sale implicado directamente un representante del Partido Liberal, da fe de ello. La grabación divulgada por Caracol Radio, en la cual el representante por Bogotá Germán Olano negocia aparentemente con un contratista una comisión a nombre del contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, vuelve a poner el tema en el debate público. Demuestra que, lejos de estar controladas, la mafia de los contratistas se filtra por los diferentes departamentos de las administraciones distritales. Y si esto pasa en Bogotá, que se supone debería tener mayores controles en el tema de la contratación, imagínense lo que puede pasar en las ciudades medianas y pequeñas.

Pero no solo están las mafias de contratistas cuyas actuaciones son vergonzosas sino que a estas se suman las mafias de las licoreras que apoyan políticos en las gobernaciones, en las asambleas, en las alcaldías y en los concejos; las mafias del chance que hacen y deshacen, sobre todo en la Costa Atlántica; y las mafias de transportadores que son capaces de poner en jaque toda la movilidad de una ciudad, siendo el caso bogotano el más dramático. Mafias representadas por personajes de cuello blanco que juegan con los recursos del Estado y, dado su poder económico, pueden influir sobre las decisiones de toda una ciudad.

Esto es, cuanto menos, preocupante. El tema es que el desangre que implica el funcionar de estas mafias no se soluciona con una reforma tributaria para compensar la pérdida de recursos. Hay que empezar por el reconocimiento de toda la ciudadanía de que, como bien lo dijo el ex candidato Antanas Mockus, los recursos públicos son sagrados. Se trata de concientizar al país sobre el desastre social que implica este accionar. Son delitos de grandes magnitudes que inciden directamente no sólo en la calidad de las obras sino de servicios esenciales a los que tiene derecho la ciudadanía como la educación, la salud y su misma seguridad.

Es necesario empezar ya con una campaña nacional que esté dirigida a que la transparencia sea la regla en el sector público, y al mismo tiempo, fortalecer la justicia para que esta sea más eficiente y que los políticos se comprometan frontalmente en la lucha contra la corrupción. Y el primer ejemplo lo tiene que dar el mismo presidente. Tamaño reto el que se le viene al doctor Santos.