23 de julio de 2021
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Zar Anticorrupción denuncia modalidad de embargo fraudulento que compromete más de $3.200 millones

11 de junio de 2010
11 de junio de 2010

El caso se registra en Palestina, Caldas. Según informa Ortiz González, el Alcalde de ese municipio, Carlos Alberto Ocampo Vasco, mediante un cobro de impuestos a espectáculos públicos, embargó irregularmente a la Caja de Compensación Familiar CONFAMILIARES.

A diferencia de la modalidad recurrente de embargo fraudulento en la que actúan unos funcionarios judiciales para afectar recursos municipales, en esta ocasión es mediante una decisión administrativa que se retienen recursos para darle una destinación irregular como pagar multimillonarios contratos a particulares que asesoran la operación.

De acuerdo con el análisis realizado por el Programa Presidencial, varias fueron las anomalías detectadas que podrían tratarse de delitos como peculado por aplicación oficial diferente, prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

El Director del Programa Anticorrupción revela varias irregularidades por parte de la administración municipal. Primero, inició un procedimiento administrativo de cobro coactivo sin que existiera un título ejecutivo que contuviera una obligación clara, expresa y exigible, tal y como lo establece el Estatuto Tributario. Esto podría constituirse en violación al debido proceso, indica el Director del Programa Presidencial.

Segundo, se llevó a cabo una disposición irregular de los dineros embargados, toda vez que, pese a las normas jurídicas, éstos no permanecieron congelados en la cuenta del deudor sino que los ingresaron al presupuesto del municipio para la vigencia 2009. Esta actuación, indica Ortiz González, puede constituirse en peculado por aplicación oficial diferente.

Tercero, aunque CONFAMILIARES acudió a la justicia administrativa y se admitieron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, el Alcalde Ocampo Vasco no ha levantado el embargo ni ha realizado la devolución de las sumas.

Cuarto, de los recursos provenientes de un primer embargo, más de $1.644 millones, el Alcalde incorporó al presupuesto $1.097 millones aproximadamente y destinó más de $547 millones para pagarle honorarios a un abogado y a un contador que asesoraron la operación.

Estos profesionales fueron contratados para proyectar requerimientos, notificaciones y liquidaciones, lo cual cuestiona Ortiz González por los montos excesivos y por tratarse de actividades que bien pudieron haber realizado funcionarios de planta de la Alcaldía.

El Director Ortiz González aclara que los aportes que reciben las cajas de compensación familiar tienen el carácter de parafiscales, según la Corte Constitucional, y, en tal sentido, son públicos y tienen una destinación específica. "Por ello, no puede aceptarse una destinación arbitraria para que haga parte del presupuesto del municipio y menos para onerosos contratos de prestación de servicios a particulares".

Con el propósito de priorizar la investigación, el Director del Programa Anticorrupción le solicitó a la Fiscalía una asignación especial de manera que sea la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública la que conozca el caso.

En marzo pasado, el Programa Anticorrupción había realizado un llamado a las altas cortes, a los organismos de control y a la Fiscalía General para que tomaran correctivos que permitan detener el desangre del erario ocasionado por una oleada de embargos irregulares decretados por unos jueces de la nación contra el Patrimonio Autónomo de Remanente de Telecom –PAR-, Cajanal y los municipios chocoanos de Nóvita, Medio San Juan y Tadó, por más de $132 mil millones.