Condenado a 30 años de cárcel el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas

Plazas Vega, quien era el jefe de la Escuela de Caballería, estuvo al frente de la retoma del Palacio, en noviembre de 1985.

La Juez Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara, lo halló responsable de la desaparición de los empleados de la cafetería del Palacio y de la guerrillera Irma Franco, quien salió viva de la edificación.

La Fiscalía logró probar ante la juez, que a las víctimas las trasladaron a la Escuela de Caballería, por orden de Plazas, y luego desaparecieron.

El fallo será apelado por la defensa del oficial (r.), según lo anticipó su defensor, el abogado Jaime Granados.

La defensa de los familiares de las víctimas, Jorge Molano, dijo que en el fallo se ordenó compulsar copias para establecer otras responsabilidades.

Molano dijo que es un "fallo histórico que contribuye al establecimiento de la verdad y de la justicia". Agregó que se debe avanzar en los procesos a los ex oficiales Arias Cabrales, Iván Ramírez y Edilberto Sánchez Rubiano, quien también son procesados en el caso del Palacio de Justicia.

Luego de conocerse la condena a 30 años de prisión del coronel Plazas Vega, grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos frente al juzgado.

La Policía tuvo que intervenir para evitar las agresiones físicas entre los dos grupos.

Condena a Plazas "duele, da tristeza", dijo Uribe

Poco después de conocerse el fallo, el presidente Álvaro Uribe se pronunció frente a la condena al coronel Alfonso Plazas Vega

El presidente Uribe recordó que "una alianza criminal entre narcotráfico y la guerrilla asesinó a al corte suprema de Justicia" en 1985.

"Los actores criminales no están en la cárcel (…) ahora veo que se condena a un miembro de las fuerzas armadas" que estaba "defendiendo la democracia".

Y agregó: "Veo con dolor que condenan a un integrante de las Fuerzas Armadas" que estaba "defendiendo la democracia".

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El Espectador

Condenan a 30 años de prisión a Coronel (r) Plazas por Holocausto del Palacio

Por: Giovanni González Arango

Tras ser considerado uno de los gestores de la desaparición de 11 civiles durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, fue condenado a prisión el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por decisión del Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá.

Luego de 24 años y cinco meses de la toma del Palacio de Justicia, una jueza encontró fundada la acusación en contra de Plazas, como responsable de la desaparición de los civiles que permanecían en la cafetería del recinto, en momentos en que 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el máximo escenario de la justicia en Colombia.

Según la investigación, el ex uniformado, estando al frente de la Artillería, hizo parte del Estado Mayor Especial, lo que le dio capacidad de mando en el manejo de los tanques que irrumpieron en el edificio.

La jueza del caso contó con abundante material probatorio de carácter documental y testimonial, a través del cual se comprobó que los detenidos en el Palacio de Justicia salieron con vida y que algunos sí estuvieron de manera transitoria en el museo de la Casa del Florero.

Durante el juicio se comprobó la presencia en la Casa del Florero de la guerrillera Irma Franco, una de las desaparecidas, como lo aseguró el ex uniformado Edgar Moreno, quien le tomó su número telefónico para avisarle a su familiares, entre ellos su hermano Jorge Franco Pineda, ex presidente del Club Los Millonarios. Así lo ratificó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá de la época, Félix Gallardo.

Según el agente (r) del B-2 del Ejército, Bernardo Garzón Garzón, exiliado en el extranjero, la joven abogada y militante del M-19 fue trasladada a las instalaciones de la Brigada 13 del Ejército, en el norte de la capital, donde al parecer fue torturada y asesinada.

La Jueza tuvo en cuenta la declaración del cabo (r) de la Séptima Brigada del Ejército, Tirso Sáenz, quien aseguró haber conducido un tanque Ururutú, en el que fueron transportados por los menos seis civiles desde el Palacio al Cantón Norte, donde funciona la Brigada 13.

Dice el informe que una vez allí, los civiles fueron conducidos a las caballerizas, donde fueron presionados para que revelaran datos relacionados con la operación adelantada por el M-19, como también lo afirmó el uniformado Edgar Villamizar Espinel, cuya credibilidad fue puesta en duda por los defensores del uniformado condenado.

La Jueza otorgó credibilidad a este testigo, que fue pieza fundamental de una acusación que luego fue ratificada por Tirso Sáenz.
Como Villamizar, Sáenz fue controvertido por la defensa y la Procuraduría, al considerar como un hecho comprobado que los hombres de la Séptima Brigada, de la cual éste hacía parte, no tuvieron participación en la operación, como lo afirmó su Comandante de la época, el general (r) José Ignacio Posada, desmentido por el general (r) Rafael Samudio, que comandaba el Ejército Nacional en la época de los hechos.

Entre otros hechos trascendentes que rodean el caso, se cuentan las numerosas acciones de tutelas a través de las cuales se buscaba poner fin al proceso, el fallido traslado a prisión de Plazas, recluido en el Hospital Militar, así como el conflicto de competencias casado por la Jurisdicción Ordinaria y la Militar.

Luego de más de dos años en los que la Juez fue recusada en siete oportunidades y se vio obligada a redoblar sus seguridad ante crecientes amenazas, determinó la responsabilidad del acusado en los delito desaparición forzada por los cuales fue llamado a juicio.

Revista Semana

Veinticinco años después de la retoma del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por el M-19 los días 6 y 7 de noviembre de 1985, se conoce la primera decisión de la justicia ordinaria sobre estos hechos: el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega fue declarado responsable de la desaparición de once personas durante el operativo militar.

La juez encontró a Plazas, quien dirigió la retoma de la sede judicial siendo comandante de la Escuela de Caballería, responsable del delito de desaparición forzada agravada y condenó al oficial retirado a 30 años de cárcel y 10 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos.
 
La juez no hizo lectura del fallo en una audiencia pública, sino que entregó la decisión a cada una de las partes.

El final de esta historia, que empezó a deteriorar la tranquilidad de Plazas el 7 de noviembre de 2005 cuando la fiscalía desempolvó el proceso por los desaparecidos del Palacio, es la respuesta a años de pugna entre los voceros de las víctimas y la defensa del coronel retirado.

Basta recordar que hace tan sólo unos días el abogado defensor de Plazas, Jaime Granados, instauró, sin éxito, un recurso de Hábeas Corpus argumentando que la detención de su cliente era ilegal, pues ya habían transcurrido más de dos años sin que la juez de conocimiento, Stella Jara, emitiera un fallo.

El martes, en diálogo con Caracol Radio, Granados ya había advertido que si la juez condenaba a Plazas Vega, como ocurrió este miércoles, apelaría la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Durante todos estos años, Plazas declaró que su responsabilidad había sido hasta la recuperación de la edificación, pero que el manejo de las personas rescatadas, entre estas los desaparecidos, había estado a cargo de otros mandos.

El dilatado proceso

Desde el 2007, cuando la Fiscalía procedió a su captura, Plazas Vega cambió ocho veces de abogado, lo que obligó a que el proceso tuviera sus recesos mientras los defensores conocían el caso y alistaban los argumentos para su defensa. Dos años después, Plazas pidió que su proceso dejara la justicia ordinaria para pasar a la penal militar. No se le concedió.

En ese mismo año y cuando se esperaba que arrancara la fase final del juicio, Plazas recusó a la juez que llevaba su caso, argumentando que la funcionaria no era imparcial, recurso que también le fue negado.

Pero Plazas lo volvió a intentar, esta vez presentando pruebas donde presuntamente la juez habría violado el debido proceso, recurso que tampoco progresó.

Sumado a esto, Plazas Vega se excusó en varias ocasiones en sus malestares físicos para no acudir a algunas diligencias judiciales. Incluso, en agosto de 2009, por orden del departamento de psiquiatría del Inpec, Plazas fue trasladado al Hospital Militar.

Pero hace apenas unos días los médicos entregaron su concepto a la juez Tercera Penal del circuito de Bogotá en el que señalan que a pesar de trastornos de ansiedad de Plazas Vega, él "tiene la capacidad de evaluar situaciones, elegir un curso de acción e incluso dejar constancia escrita en su proceso de decisión", por lo que no existe impedimento para ser trasladado a un centro penitenciario.

Todas estas situaciones hicieron que el proceso se postergara por varios meses.

Caracol Radio

Plazas Vega es condenado a 30 años de prisión por desaparecidos del Palacio de Justicia

En lo que representa la primera condena por los hechos que rodearon la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Tercera del Circuito Especializado de Bogotá, Maria Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, ex comandante de la Escuela de Caballería, por su responsabilidad en la desaparición de 12 personas durante la retoma del Palacio de Justicia que lideró el oficial el 7 de noviembre de 1985.

Durante el juicio la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Angela Maria Buitrago, argumentó que las 12 personas desaparecidas, entre ellas funcionarios de la cafetería y la guerrillera Irma Franco Pineda, "no murieron en el Palacio de Justicia, fueron llevadas a la Casa del Florero y desaparecieron"

Igualmente, señalo en su momento, que "el coronel Plazas Vega estaba plenamente enterado de las personas que ingresaban como 'S', 'Especiales' a la Casa del Florero, que tuvo el control de la operación final donde salió Irma Franco Pineda quien estuvo retenida y custodiada (….) Y que finalmente no apareció".

Los demás desaparecidos del Palacio de Justicia fueron identificados como: Carlos Augusto Rodriguez Vera, Cristina del Pilar Guarin Cortes, David Supez Celis, Luz Mary Portela León, Bernardo Beltrán Hernandez, Hectór Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazó, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola de Lanao y Lucy Amparo Oviedo.

Plazas Vega fue condenado por el delito de desaparición forzada agravada.

Por este caso el próximo 15 de junio culminará la etapa de alegatos finales en el proceso que se adelanta contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, ex comandante de la Brigada 13, para que la juez proceda a proferir sentencia.

Igualmente son investigados por los mismos delitos: Edilberto Sanchez Rubiano, coronel (r); Oscar William Vasquez, capitán (r); Luis Fernando Nieto Velandia, sargento viceprimero (r); Ferney Causaya, sargento viceprimero (r); y Antonio Rubay Jiménez, sargento segundo (r).