Acorralando la justicia, maestro
El más reciente ataque a los miembros de la rama judicial fue atizado por la condena de una juez de la república al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega responsable de las operaciones militares que culminaron con el holocausto del Palacio de justicia ocurrido en 1985. La imagen imborrable de ese doloroso suceso es la de un tanque derribando las puertas de ese recinto a cañonazos justo debajo de la inscripción que recogía una frase histórica de un héroe nacional: el general Santander que decía “Colombianos, si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”
En el fragor de la violencia desatada por los guerrilleros que iniciaron la toma y la feroz e indiscriminada represalia del ejercito, en medio de las llamas en que se consumía el palacio de justicia con los rehenes aun adentro, el coronel Plazas Vega le respondió a un periodista que le preguntaba que hacía en tan crucial momento de la vida de nuestro país con esta contrastante frase “defendiendo la democracia, maestro”. El resultado final de esa operación militar, que haría palidecer de envida a las fuerzas de seguridad rusas, fue la muerte de decenas de personas incluyendo once magistrados, varios civiles, miembros de las fuerzas armadas y casi la totalidad del comando guerrillero que inició la demente operación.
Sin embargo, entre los muchos interrogantes que surgieron de las ruinas humeantes y los cadáveres calcinados estaba el de la suerte de al menos once personas desparecidas. La justicia colombiana encontró evidencias suficientes para condenar a Plazas Vega a treinta años de prisión por el delito imprescriptible de desaparición forzada. La comunidad internacional ha considerado que la desaparición forzada, independientemente de su justificación ideológica, es un delito de lesa humanidad que rompe con los mínimos de civilización y de democracia. Mientras la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió la “histórica decisión” el presidente Alvaro Uribe y los militares retirados se pronunciaron contra el fallo y se solidarizaron con los oficiales involucrados en esos hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se vio obligada a otorgar medidas cautelares en favor de la juez colombiana que fue objeto de amenazas de muerte
Atacar estos fallos por parte del gobierno es un perimo mensaje a la ciudadanía colombiana, un acto que mengua nuestra frágil democracia y una nítida acción intimidatoria contra los miembros de nuestra rama judicial. Una cosa es la interpretación histórica e ideológica que se quiera construir justificando tales acciones y otros métodos irregulares usados en el presente y otra la verdad factual: tales hechos son inobjetables crímenes. El primer mandatario con esta actitud no ayuda a la construcción de un futuro de derecho en nuestro país y por el contrario su gesto puede ser interpretado como la defensa de un pasado de violencia y arbitrariedad.El Heraldo.
