26 de septiembre de 2021
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La reforma a la educación no se hace en dos semanas

6 de mayo de 2010
6 de mayo de 2010

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Rectores en Comisión Sexta del Senado

Fortalecer el esquema de financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, promover el apoyo a estudiantes de poblaciones vulnerables y garantizar la expansión del sistema de educación superior en el 2019 y pasar de 1 millón 640 mil  estudiantes a 2 millones 140 mil, busca el proyecto que modifica la Ley 30 de 1992.

Esa iniciativa fue presentada  por la ministra de Educación Nacional, Cecilia Maria Vélez White. Precisamente, la Comisión Sexta hizo un foro sobre ese  tema y al cual concurrieron los senadores Carlos Ferro, Plinio Olano, Carlos Julio González, Oscar Darío Pérez y rectores de las universidades públicas.

En ese evento, el senador Carlos Ferro dijo: “Esta iniciativa garantiza no solo la consolidación de las coberturas sino el mejoramiento permanente de la calidad. Pero los retos futuros en educación superior imponen la necesidad de revisar el esquema de financiamiento actual”.

La ministra de Educación,  Cecilia Maria Vélez White, dijo que existe una responsabilidad en estos ocho años por parte del gobierno de haber recogido la discusión, la información, visto las problemáticas que tienen con sus limitaciones para repartir los recursos.

“Lo que necesitamos es que esta ley pase y le permita asignar más  recursos a las universidades públicas y esto sólo a tres meses para que el próximo gobierno pueda modificar o adicionar el marco legal. No le estamos poniendo ningún tope, sino que estamos planteando unas bases que se ajusten a las metas de mediano plazo en educación y puedan ser modificadas sin problemas”, aseveró la titular de la cartera de Educación.

Hoy la cobertura en educación superior llega al 35.5%, tasa superior al promedio latinoamericano. El 55% del total de esta matrícula corresponde a la participación de las universidades públicas y el SENA, con sus programas de educación superior. Por nivel de formación es importante señalar que la participación de la formación técnica y tecnológica dentro del total de la matrícula pasó de 18.3% en el 2002, al 33%.

El rector de la Universidad del Valle, Iván Ramos, hizo un recuento de la Ley 30 señalando que ésta entró en vigencia hace 18 años y ha sido una situación bastante discutida en las universidades sobre si  se abordaba o no una modificación, pero hace tres años los rectores con el Ministerio de Educación discuten el financiamiento de los centros educativos públicos.

“Es por ello que el incremento anual ordenado por el Gobierno nacional no es suficiente para cubrir los costos reales. El desfase de las universidades al 2010 equivalía aproximadamente 4.5 puntos. Pedimos que se establezca un mecanismo de ley para exigirle a las gobernaciones y entidades territoriales la cancelación de las deudas con las universidades públicas”, dijo el rector de Univalle.

Es importante recordar que en la década de los 80, las universidades oficiales funcionaban como establecimientos públicos adscritos a la Nación o a los departamentos o a los municipios, cuyos recursos estaban supeditados al Ejecutivo, a la determinación, programación y ejecución de presupuestos  y  a la negociación que cada  uno lograra con el Congreso de la República antes de la aprobación del Presupuesto Anual de Rentas y Gastos para cada vigencia.

El coordinador de ponentes y presidente de la Comisión Sexta, Carlos Ferro Solanilla, destacó que el proyecto no modifica el actual esquema de financiación de las universidades públicas consagrado en el artículo 86 de la  Ley 30 de 1992, que garantiza que los recursos con que hoy cuentan las universidades se mantengan como mínimo en términos reales.

Los nuevos recursos para las universidades públicas se destinarán para la ampliación de cupos en las instituciones de educación superior públicas.

El rector de la Universidad del Tolima, Ramón Rivera, expresó: “Pedimos que el Estado colombiano haga presencia en las universidades públicas, centros que reciben a estudiantes de estratos 1 y 2 de Colombia que son los que ingresan. La crisis existe, faltan recursos, dinero”.

“Una vez expedida esta Ley 30, comenzaron a darnos los mismos dineros más el IPC. En estos momentos estamos recibiendo el mismo dinero  con la diferencia que crecimos en cantidad y calidad. Por ejemplo, en la universidad  que represento en el año 93  teníamos  3 mil 500 estudiantes y en estos momentos tenemos 31 mil 500 estudiantes. Ese es el crecimiento que hemos tenido con el mismo dinero del 93. La financiación pública la tenemos que hacer con dineros propios por lo menos en un 50% para poderse sostener”, dijo Ramón Rivera.

El congresista Plinio Olano fue enfático en señalar que no existe equidad en el financiamiento de las universidades públicas, porque “tres universidades la Nacional, la de Antioquia y la del Valle, reciben el  48 por ciento  de los recursos y 29 restantes consiguen que le trasladen el 52% de entrada  y eso no es equitativo, no encuentro el argumento, el soporte para que el traslado que se hace per cápita a las tres sea  diferente a las otras”.

“Si algo en la historia política le va a cobrar al presidente Álvaro Uribe, es que teniendo mayorías en el Congreso, no fue capaz de hacer una sola reforma estructural del Estado y sobre todo en educación. Esta reforma no la podemos hacer en dos semanas con una  convocatoria de mensaje de urgencia para resolver parcialmente un problema estructural. La educación pública en Colombia no necesita pañitos  de agua tibia, se necesita la voluntad política de cumplir la Constitución y cumplirla con equidad. Prefiero un proyecto que le de sostenibilidad a la educación  pública pero con equidad, las regiones lo reclaman”,  enfatizó el senador Olano Becerra.

Para Ricardo Gómez, de la Universidad de Caldas, aseveró que llevan tres años trabajando  en la búsqueda de nuevas maneras de financiar  la educación pública, pero tratando de demostrar las descompensaciones por lo aumentos de cobertura. Las universidades públicas hemos enfrentado  retos mayúsculos  de gastos de funcionamiento que nunca estuvieron previstos en ésta ley y menos de el incremento que es solamente de IPC del presupuesto”.

Deudas de las entidades territoriales con las Universidades Públicas.

En una relación presentada por Econometría S.A., según la última información, la deuda que tienen las entidades con las universidades públicas asciende a la suma de: $179.368.533.172

La asignación de recursos adicionales, por parte del Ministerio de Educación Nacional a las Universidades, como lo establece el Proyecto de ley, se hará bajo procesos de concertación entre el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal-SUE y el Ministerio de Educación.

Entre el 2003 y el 2008, la matrícula de pregrado creció en 37.1% al pasar de 331.088 a 453.959 estudiantes. Igual tendencia se observa en el número de programas de pregrado que mostraron un crecimiento del 28.6% para el mismo periodo. A nivel de postgrado el número de matriculados pasó de 15.858 a 19.793 y el número de programas  creció  un 20.8%.

Articulado del proyecto:

El artículo primero crea un mecanismo para que las entidades territoriales se pongan al día  con los aportes que han dejado de realizar a las Universidades en virtud del artículo 86 de la Ley 30. El pago de estos recursos adeudados, fortalecerá el presupuesto de las universidades y apalancarán sus planes de expansión.

El artículo segundo Incrementa los aportes que la Nación destina al Sistema de Universidades del Estado de acuerdo con el desempeño de la economía. A mayor crecimiento del PIB, mayores serán los aportes que la Nación destinará por este concepto para mejorar la calidad de las instituciones.

El artículo tercero está relacionado con recursos nuevos para las universidades públicas. Este dispone que los recursos adicionales destinados por la Nación a las Universidades tendrán un crecimiento anual en términos reales permitiendo un incremento de la cobertura universitaria pública, la cualificación del recurso docente, reconocimiento de la producción académica y desarrollo de proyectos institucionales que apunten a alcanzar mejores estándares a nivel nacional en materia de calidad y de investigación e innovación. En relación con las entidades territoriales, este articulo les da la posibilidad de brindar aportes adicionales a las IES destinados también a apoyar el incremento en la cobertura y el mejoramiento de la calidad en los mismos términos establecidos para los aportes de la Nación.

El artículo 4 y 5 buscan establecer nuevas fuentes de financiación para las instituciones de educación superior que son establecimientos públicos, definiendo una base que garantiza el crecimiento de los aportes del Presupuesto General de la Nación y de los entes territoriales a los presupuestos de dichas instituciones

El artículo 6 establece un aporte al ICETEX con destino a mantener los subsidios de matrícula que se otorguen a los estudiantes de bajos recursos y crea un fondo que tiene como fin promover y evitar la  deserción que es uno de los mayores problemas que hoy aquejan a los estudiantes de la educación superior.

El artículo séptimo dispone que los recursos que corresponden al 2% del presupuesto de las instituciones de educación superior que eran deducidos por el financiamiento del fomento, no seguirán siendo descontados y en consecuencia incrementarán su prepuesto real con el que cuentan.