24 de julio de 2021
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

La población desplazada en Risaralda

3 de mayo de 2010
3 de mayo de 2010

Estos cambios de residencia al ser inoportuna, ocasionan entre otros, desarraigo y una pérdida importante de capital físico, financiero, humano y social. Además, las condiciones de la población desplazada en los municipios que reciben habitantes son sumamente precarias. Por regla general nunca están preparados para recibirlos. Además, la carencia de activos y sus precarias condiciones económicas generan una alta vulnerabilidad de los hogares desplazados a cualquier variación en sus ingresos y, peor aún, su riesgo de caer en condiciones peores de pobreza es elevado. Son ellos desafortunadamente los llamados a engrosar las filas de la inequidad social.

La semana pasada se realizó en la Corte Constitucional la sesión técnica regional sobre coordinación y corresponsabilidad entre la Nación y las entidades territoriales, dando cumplimiento a la Sentencia T-025 y al Auto 314 de 2009, sobre la “Política de Prevención y Atención a Población Desplazada”. Participaron con sus informes el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el DNP, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la cooperación Internacional Acción Social y el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada CNAIPD.
Entre el 2000 y el 2009 según estadísticas de Acción Social, los municipios de Risaralda expulsaron aproximadamente 20 mil personas, y al mismo tiempo estos mismos municipios recibieron 46 mil personas. De las 20 mil personas que expulsaron el 25% era de Pueblo Rico, el 22% de Quinchía y el 10% de Mistrató. De las 46 mil personas recibidas, el 61% se quedó en Pereira, el 12% en Dosquebradas, el 7% en Santuario y el 5% en Santa Rosa de Cabal.
Si bien el gasto social y de atención a la población marginada es considerado como gasto prioritario, y existe una política estatal de atención a la población desplazada, articulada en una ley de la República, según la Corte Constitucional, las autoridades encargadas de garantizar la suficiencia de estos recursos han omitido, de manera reiterada, adoptar los correctivos necesarios para asegurar que el nivel de protección definido por el legislador y desarrollado por el Ejecutivo, sea efectivamente alcanzado. Las partidas del presupuesto general de la Nacional frente a este tema para Risaralda, si bien es cierto se han duplicado, la verdad es que siguen siendo insuficientes. Veamos. En el 2008, se asignaron $12.255 millones, en el 2009, $18.801 millones y para la vigencia 2010, se tienen presupuestadas partidas del orden de los $24.680 millones.  
A manera de conclusión. Colombia es uno de los países donde más desplazamientos internos se dan. Sin embargo, falta de un sistema de registro y base de datos que permita conocer en detalle el nivel de goce efectivo de derechos de cada desplazado, y no existe un marco legal que permita que la información se concentre en un solo organismo para que unifique la totalidad de los registros de atención a la población desplazada. Creo que no es pedir mucho. La Tarde.