28 de febrero de 2021
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Gobernador del Valle: en el ojo del huracán

6 de mayo de 2010
6 de mayo de 2010

abadia juan carlos

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por su indebida participación en política con ocasión de una reunión realizada el pasado 20 de febrero del presente, a la que concurrieron el mandatario, el entonces candidato a la consulta conservadora, Andrés Felipe Arias, y algunos alcaldes locales.

Señala el Ministerio Público que el señor Abadía permitió y consintió que en la fecha señalada, aprovechando la reunión que se llevaría a cabo en el Criadero “La Leyenda”, (corregimiento de Rozo Palmira-Valle), con varios alcaldes municipales para tratar varios asuntos de trabajo, hiciera presencia el señor Arias Leyva y participara en dicha reunión haciendo preguntas sobre diferentes aspectos de la administración a los alcaldes que se encontraban presentes.

El mandatario departamental utilizó su investidura para intervenir en la actividad política que se viene adelantando dentro del actual debate electoral, porque aprovechó la reunión que había programado con los alcaldes para que el entonces candidato pudiera asistir y realizar actos proselitistas, favoreciendo así la causa política.

En ese sentido es claro que su condición de gobernador le impedía al señor Abadía Campo ejercer actividades políticas, salvo su derecho fundamental al voto.

El entonces candidato a la consulta conservadora aprovechó el espacio que se tenía previsto para que conociera la problemática del municipio a través de las voces de los alcaldes, e hizo alusión a su gestión como ministro de Agricultura, narrando ante los presentes como veía él la problemática de los departamentos y municipios, lo cual acreditaba su conocimiento y capacidades para asumir la Presidencia de la República, señala el fallo de primera instancia.

De esta forma, el señor Arias Leyva, con el consentimiento del señor Abadía Campo, realizó actos partidistas propios de la actividad política a la que estaba dedicado, sin que para ello hubiera sido necesario que hubiera solicitado directamente el apoyo para su causa o se hubiera comprometido a resolver las necesidades de los municipios en forma cercana.

Durante la lectura del fallo, la Doctora María Eugenia Carreño señaló que “para concretar la actividad política, el disciplinado instrumentalizó también la función pública que representa el señor secretario privado, doctor Telmo Rojas, quien por acción deliberada y voluntaria de su jefe, el gobernador del departamento del Valle del Cauca, se puso al servicio de una causa política, toda vez que fue él quien por encargo del disciplinado busco y reservó el sitio donde se llevó a cabo la reunión, coordinó con el jefe de seguridad del candidato, por orden y disposición del gobernador, el desplazamiento del personal de escoltas, pagó con recursos propios la suma de 450 mil pesos por concepto de refrigerios y gaseosas (…)”.

Así mismo, en el marco de la investigación se pudo comprobar que el criadero La Leyenda es un sitio de acceso al público, dedicado a la comercialización de actividades equinas. Las circunstancias permiten inferir que la reunión fue de carácter público, “porque mal podría realizarse una reunión privada en un sitio de libre acceso al público, debido a que los visitantes que concurren a la leyenda no son inusuales en razón a la dinámica actividad comercial que aquí se desarrolla”, agregó la Procuraduría.

Concluye el Ministerio Público que estos hechos constituyen una indebida participación en política, pues abusando de su investidura el gobernador del Valle puso al servicio del señor Andrés Felipe Arias, el escenario para que ejecutara actos proselitistas.

La conducta asumida por el señor Abadía Campo constituye falta disciplinaria gravísima.
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La procuradora delegada para la vigilancia de la función pública, María Eugenia Carreño, sostuvo que Juan Carlos Abadía "sí participó en política", lo que se constituye en una falta disciplinaria gravísima.

Abadía fue investigado por una reunión que sostuvo con varios alcaldes del Valle y el entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias, antes de las elecciones de marzo.

Durante la lectura del fallo al gobernador del Valle, Carreño señaló que en el testimonio rendido por Jorge Herman Gómez Ángel, alcalde de Versalles, éste aseguró desconocer que hubiera propaganda política en una reunión a la que asistió el gobernador Abadía, por la cual se le acusa de participación en política.

El alcalde dijo que la reunión se realizó en una finca del corregimiento de Rozo, el 20 de febrero de 2010, donde varios alcaldes y líderes regionales asistieron para intercambiar inquietudes de los municipios.

Las pruebas

El 9 de marzo se conoció una grabación en la cual, Carlos Herney Abadía, el padre del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, interviene en una reunión política en la que les notifica a dirigentes de esa región, que por instrucción del propio presidente Álvaro Uribe hay que votar por el precandidato conservador Andrés Felipe Arias.

Un día después, el 10 de marzo, se revela que el gobernador del Valle Juan Carlos Abadía, habría sostenido reuniones con alcaldes, en una las cuales apareció el precandidato Andrés Felipe Arias, invitado por el propio gobernador como lo constata el alcalde de Versalles, Jorge Hernán Gómez.

El 18 de marzo de este año, en Cali se conoció otro escándalo de participación en política. Circuló una grabación en la que el secretario de Educación de la Gobernación del Valle, Gustavo Navarro, en una reunión proselitista, invita a votar por dos candidatos al Congreso del PIN, supuestamente avalados por el gobernador Juan Carlos Abadía.

¿Quién es Juan Carlos Abadía?

A sus treinta años, Juan Carlos Abadía, se convierte en el segundo mandatario del Valle del Cauca que es despojado de su investidura.

Abadía Campo, hijo del ex senador Carlos Herney Abadía, quien estuvo detenido por el proceso ocho mil, comenzó su actividad política a los veinte años, cuando estudiaba administración de empresas en la Universidad Santiago de Cali.

De la mano de su padre y con el hoy senador capturado por la parapolítica Juan Carlos Martínez Sinisterra, fue elegido como diputado del Valle del Cauca, corporación de la que fue su presidente.

Oriundo de Guacarí, donde nació en febrero de 1979, Abadía es casado con Andrea Solis y tiene un hijo de tres años.

Después de la Asamblea del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía aspiró al concejo de Cali, corporación a la que llegó respaldado por el partido que creara su padre, el Movimiento Popular Unido (MPU). En el concejo caleño también fue elegido como su presidente.

Juan Carlos Abadía fue elegido como gobernador por el movimiento “Por un Valle Seguro”, el cual inscribió con firmas. En esa jornada electoral alcanzó 660 mil 174 votos.

Hijo de Colombia Campo, fallecida pocos días antes de asumir el cargo en enero de 2008, Juan Carlos Abadía Campo afrontó durante los 28 meses de su administración departamental, una serie de cuestionamientos y polémicas generadas por sus actuaciones.

La primera, la gran inversión publicitaria, especialmente para promover los juegos Nacionales de Cali, en los cuales su imagen salió a relucir junto a los medallistas Olímpicos del Valle del Cauca.

 

Después la publicidad en diciembre pasado durante el Superconcierto de la Feria de Cali para el partido ADN del cual lo señalan como un activo promotor.

Aunque el gobierno de Cali ordenó retirar los avisos, el locutor del espectáculo se encargó de recordarlos y encimar el nombre del mandatario departamental.

Hace tres meses se generó otra polémica con la adjudicación de los noticieros del canal regional Telepacífico.

Sin embargo, la real crisis política se dio previa a las elecciones de Congreso de la República cuando se reveló un vídeo en el cual aparecía en Rozo, Palmira, junto al precandidato conservador Andrés Felipe Arias y 21 alcaldes del Valle del Cauca. Fue acusado de participación en política.

El 14 de marzo, el partido político PIN, en el cual se inscribieron los amigos de su movimiento, alcanzó una de las mayores votaciones, obteniendo una representación de tres senadores y tres representantes a la Cámara.

Reacciones

Consultados en el programa hora 20 de Caracol, algunos analistas dieron su punto de vista sobre el fallo de la Procuraduría.

La investigadora Claudia López, coordinadora del Observatorio de la Democracia, de la Misión de Observación Electoral (MOE) sostuvo que las pruebas reiteradas que existían sobre la intervención en política de Abadía “se habían acumulado por montones”.

“Hay que recordar que Abadía es la punta de lanza de una estructura política ligada al Calle del Cauca desde los años 90, su padre fue condenado en el proceso 8 mil por estar ligado al cartel de Cali. (…) Abadía sale del juego pero su estructura política es muy poderosa”, anotó López quien espera que el fallo sirva de ejemplo para otros funcionarios denunciados por hechos similares.

 “Hay antecedentes, denuncias, fotos y pruebas de participación en política del alcalde de Bucaramanga, (Fernando Vargas), el gobernador de Santander (Horacio Serpa), el gobernador de Sucre, (Jorge Barraza Farak) y el alcalde de Sincelejo (Jesús Paternina Samur). Ojalá les sirva de advertencia para que dejen de hacer proselitismo por sus candidatos”.

Por su parte Luis Guillermo Vélez, columnista de la SillaVacía, destacó “la rapidez del fallo y la severidad del castigo”, y lo calificó como un mensaje de lo que le podría pasar al PIN en los próximos años. “Si se mira con detenimiento cómo se eligieron tres senadores en el Valle, y cómo la Asamblea es dominada completamente por el PIN, pueden haber otros pronuncionamientos de la Procuraduría. Ojalá se desarrolle a nivel de Fiscalía”, expresó.

El abogado y periodista Felipe Zuleta fue más allá y comparó el caso con la intervención en política del mandatario Álvaro Uribe en la actual campaña presidencial. Dijo que después de tres cartas que le ha enviado el Procurador Alejandro Ordoñez, pidiéndole prudencia en sus pronunciamientos a favor de uno u otro candidato, “y las reuniones cotidianas con su bancada para hacer campaña a favor de Santos”, la comisión de acusaciones de la Cámara “debería investigarlo ya que el ministerio público no tiene la facultad”.

Finalmente Alfredo Rangel, presidente de la fundación Seguridad y Democracia sostuvo que el fallo “ratifica una situación anómala que se sabía rayaba en lo ilegal. Incluso, como las elecciones más objetadas son la del Valle, tanto que se piensa hacer un cambio de todos los jurados de votación, hay que blindar las que busquen reemplazar a Abadía para que se hagan con menos presión”.

Los analistas pronostican que la siguiente sanción por parte del ministerio público puede venir para el secretario de Educación del Valle, Gustavo Navarro.

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