6 de marzo de 2021
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El tema prohibido

16 de mayo de 2010

La extradición es un mecanismo perverso, porque no admite la práctica de prueba alguna en Colombia antes de decidirse su aprobación: basta con verificar que quien se captura es la persona solicitada. No hay ni siquiera tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos: el requerimiento se tramita a través de un artículo de nuestra ley penal; pero lo más grave es que muchas extradiciones se han concedido por delitos que se cometieron en su integridad en territorio colombiano, violando expresamente con ello principios fundamentales del derecho y el propio espíritu normativo, que desarrolla la figura de la extradición como mecanismo de lucha contra el delito transnacional.

Que alguien me explique: ¿Por qué extraditaron a los guerrilleros carceleros de los contratistas gringos que estaban en cautiverio con Ingrid Betancourt? ¿Acaso el secuestro se produjo en Nueva York y no en la selva de Colombia? En todo caso, extraditar a unos desalmados guerrilleros resulta menos grave que presentar a una familia de vendedores de plátano de Barranquilla, como unos grandes capos y someterlos a toda clase de vejámenes, para luego extraditarlos y un año más tarde reconocer que fue un error. ¿Que clase de país es éste, que entrega a sus ciudadanos sin mayores requisitos y exigencias?

¿Dónde está la valentía que sobra, para desterrar a nuestros compatriotas, cuando de reclamar las mismas condiciones y derechos del gobierno Norteamericano se trata? No se me olvida que por cuenta de la “inmunidad” de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, la violación de una niña en el Tolima, quedó en la impunidad; los autores de esa atrocidad –un par de militares gringos- no pudieron ser procesados en Colombia y se fueron de regreso a su país como si nada hubiese pasado ¡Y qué decir de aquellos diplomáticos de la embajada Norteamericana, que aprovechando su condición sacaban en valijas diplomáticas droga desde Colombia! ¿Por qué no se les pidió nunca en extradición? Seguramente porque las autoridades colombianas saben que los gringos, a diferencia de nosotros, protegen a sus ciudadanos, incluso cuando no tienen la razón.

El tiempo me dio la razón y el tema esta nuevamente sobre el tapete: cuanto antes se deben abrir el debate y el análisis sin satanizaciones, e implementar herramientas jurídicas que garanticen, a las personas solicitadas en extradición, el debido proceso, con la consecuente práctica de pruebas previas en Colombia, que deberán obligatoriamente ser consideradas al momento de evaluar de fondo la petición y asegurar, además, que, cuando se conceda la extradición, los mecanismos de cooperación funcionen correctamente, sin que los funcionarios judiciales en Colombia tengan que mendigar la colaboración –para practicar testimonios- de sus pares en los Estados Unidos.

La voluntad política es determinante para confeccionar una reforma seria que no pretende impunidad, sino garantías para los procesados y el reconocimiento de los derechos de las victimas. El Heraldo.