23 de julio de 2021
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El Procurador en «prueba de fuego» ante la Corte Suprema de Justicia.

21 de mayo de 2010

Cabe resaltar dos episodios desconsoladores y vergonzosos que sacudieron los cimientos de nuestra democracia de manera alarmante como: la ‘parapolítica’ y la ‘Yidis política’, poniendo en entredicho la legitimidad de las ramas ejecutiva y legislativa.

En el proceso penal de la ‘Yidis política’, que de manera colateral toca el tema central de este escrito, por mandato legal de competencia le correspondió conocer a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, existiendo unidad de materia; la Corte dentro de su competencia avocó el conocimiento del presunto delito de Cohecho y, con el cotejo de pruebas documentales y testimoniales, logró recaudar un acervo probatorio que lo llevó al pleno conocimiento y convencimiento de la tipicidad del delito y de la responsabilidad penal de los dos ex – parlamentarios y que, a la postre, fueron condenados.
 

La Corte compulsó  a la Fiscalía, para lo de su competencia, las copias requeridas para abrir proceso penal contra el ministro de la Protección Social y el ex – ministro del Interior y de Justicia, por el delito de Cohecho, como parte integral y necesaria en su tipificación. La Fiscalía recibió de parte de la Corte las mencionadas copias hace màs dos años, y solo hasta hace unos días  llamó a “interrogatorio” al ex – ministro Sabas Pretal, guardando un total e inexplicable hermetismo sobre la situación jurídica del ministro Palacios.

La Procuraduría General, en cabeza del anterior Procurador, ordenó la apertura de la investigación administrativa disciplinaria contra los dos Altos Funcionarios del estado, habiéndose estrenado en el nuevo cargo el procurador Ordoñez, profiriendo un fallo absolutorio de una contra evidencia pasmosa frente a la luz de la valoración y apreciación de una prueba incontrovertible, dentro de la investigación administrativa que se adelantó en contra de los doctores Sabas Pretal y Diego Palacios, ex ministro del Interior y de Justicia y ministro de la Protección Social, respectivamente.

A raíz del ininteligible fallo absolutorio emanado de la Procuraduría en favor de los dos Altos Funcionarios mencionados, decisión ésta tomada de manera apresurada e irresponsable y en abierta contraposición con el derecho positivo, en un artículo que me publicó la revista Semana, a los dos días del fallo, en el Blog La Pringamoza- “Una omisión garrafal en materia grave, señor procurador “denuncié  públicamente al funcionarios de marras ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se abriera investigación administrativa disciplinaria en su contra, adicionando mi queja en un escrito posterior radicado en la Secretaría General de esa corporación.

La solicitud para que se investigara disciplinariamente al Procurador General de la Nación, la sustenté  jurídicamente en su desconocimiento, a sabiendas, de la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo y la desidia para la búsqueda de la verdad material, desconociendo los principios del Código Disciplinario, Código Penal y de Procedimiento Penal; asì mismo, y de manera relevante, la gran omisión en la aplicación de la “duda razonable” por no haber buscado diligentemente el modo de eliminarla, requisito que se exige y condiciona para su beneficio, desestimando, de manera alegre, pruebas incontrovertibles que reposan en el expediente penal del que conoció la Corte en contra de los ex – parlamentarios incursos en el cohecho, y que era precisamente el óbice para poder invocar dicha duda.

No obstante mediar en un proceso penal una confesión o una aceptación de culpabilidad del hecho punible, el juez, tanto el instructor como el fallador, están en la obligación de apreciar la prueba de manera integral, de acuerdo a las reglas de la “sana crítica”, con el fin de establecer la verdad real. Las pruebas testimoniales y documentales de que conoció la Corte y que la condujeron al conocimiento y convencimiento inequívoco de la tipicidad del delito y de la responsabilidad penal de los ex parlamentarios, son las mismas que reposan en el expediente que maneja la Fiscalía y las mismas del expediente que manejó la Procuraduría en su investigación administrativa, luego el sesgo es notorio en la apreciación integral de la prueba y su valoración por parte del ministerio público.

No tengo el màs mínimo interés de protagonismo, sólo espero que la Corte cumpla a cabalidad con sus funciones como ha sido su costumbre y, además, creo no equivocarme, cuando afirmo que es la primera vez que se ordena la apertura de una investigación administrativa disciplinaria en contra de un Procurador General de la Nación, situación que no deja de ser curiosa, ya que este organismo en unos casos es un campeón para atropellar y, en otros, el mejor aliado de la impunidad, lo que da pie para pensar de que nadie se había quejado antes de las innumerables decisiones injustas e ilegales tomadas por el ministerio público. El radicado a mi queja administrativa  le correspondió el numeral 110010230000-2009-0006400, el cual pueden consultar por la Internet. En este proceso, también, fueron quejosos Germán Navas Talero y Jenny Lucía Caicedo, lo cual originó la acumulación de procesos para investigarse bajo una misma cuerda.  

Si bien es cierto que la duda razonable se debe resolver a favor del investigado, por ser un componente “sine qua non”  de la presunción de inocencia, también lo es que ese articulito del Código Disciplinario obliga, exige y condiciona que la duda es a favor del disciplinado, ¡óigase bien! “cuando no haya modo de eliminarla”. Y esto fue lo que no se hizo, se demostró desidia y un marcado favoritismo a favor del gobierno, a través de sus dos Altos Funcionarios, ya que el ente investigador  arbitrariamente no consideró unas pruebas incontrovertibles que obran en el expediente, y que bajo ninguna circunstancia se podían obviar. ¿Será que el Procurador resistirá ese fogonazo en sus manos?

PD: Con el llamamiento de la Fiscalìa a interrogatorio a Sabas Pretell, en el proceso de la Yidis política, y la apertura de la investigación disciplinaria contra el Procurador Ordonez, por parte de la Corte Suprema, debe de tener en ascuas a los señores Fernando Londoño Hoyos, Plinio Apuleyo Mendoza, Josè Obdulio Gaviria y Mauricio Vargas, quienes han sobresalido por su obcecación demencial contra la administración de justicia en general.
 

Manizales, Mayo 22 de 2010.