24 de julio de 2021
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Chávez teme ser encausado en Miami

21 de mayo de 2010
21 de mayo de 2010

Al citar datos precisos como el nombre de la magistrada federal que preside el proceso, Joan Lenard, Chávez advirtió en un consejo de ministros el jueves por la noche que no debería causar extrañeza que ésta libre una orden de arresto en su contra.

"No les extrañe que lo saquen mañana, que es Chávez el que está lavando dólares. Por tanto la juez Lenard, ordena su captura'', agregó tras afirmar que el vicepresidente Elías Jaua y el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordiani, también podrían ser objeto de la orden de arresto.

"¡Esta es una operación de alta factura, por eso llamo al pueblo a la alerta!'', advirtió Chávez en la reunión transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Chávez se refería a una operación de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), revelada en abril, y en la que fueron arrestadas 15 personas, la mayoría venezolanos, por sospechas de lavado de dinero producto del narcotráfico.

La magistrada del caso es, en efecto, Lenard.

Como lo publicó El Nuevo Herald entonces, la red se dedicaba a transportar dólares en efectivo, producto de la venta de drogas, desde Puerto Rico y Nueva York hacia el sur de la Florida. Los miembros de la organización depositaban el dinero en diferentes cuentas de bancos de Estados Unidos a nombre de personas que no han sido identificadas.

Otra parte del dinero era negociada con intermediarios venezolanos a fin de convertir los dólares en bolívares.

Los sospechosos de la operación fueron seguidos y sus conversaciones grabadas y ahora el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder un voluminoso material probatorio que consiste en 55 videos, 2,000 grabaciones, 48,000 páginas de documentos y 648 transcripciones en borrador, según lo consignó en un memorando el fiscal adjunto del sur de la Florida, Juan Antonio González, Jr.

Algunas de las interceptaciones telefónicas se hicieron a instituciones financieras no identificadas en los documentos de la corte. Parte del material probatorio ya ha sido entregado a los abogados defensores en 11 dvd y cuatro discos compactos, agregó el fiscal.

La portavoz de la fiscalía, Alicia Valle, dijo que ese organismo no va a hacer comentarios sobre las palabras de Chávez.

Juan Diego Berrío, abogado en Miami de la empresaria venezolana Alba Villalobos, acusada en la operación, dijo a El Nuevo Herald que no tiene ningún conocimiento de que Chávez o alguno de sus colaboradores haya sido vinculado a la presunta conspiración.

"No sé nada de eso, estamos esperando que nos entreguen todas las pruebas'', explicó Berrío.

Durante su discurso del jueves, Chávez dijo que la posible revelación de vínculos con su gobierno de la red de narcolavado capturada en Miami es parte de un plan para atacar a su administración y destacó que la magistrada Lenard es la misma a cargo del caso de los de cinco cubanos acusados de espiar para el gobierno de La Habana.

"No les extrañe que aquí se hubiese estado preparando una agresión contra el gobierno venezolano, para señalarme a mí, quien sabe cuántos más, ministros, de tráfico y de lavado, a nosotros, no a los verdaderos culpables'', dijo.

 Chávez ordenó al canciller Nicolás Maduro solicitar formalmente a Estados Unidos información sobre los acusados de origen venezolano, y pidió a la Fiscalía y al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia investigar sus operaciones financieras, ‘‘para saber todo cuanto se sepa de ellos en Venezuela''.

Según la acusación en Miami, los agentes del ICE contaron con la cooperación de uno de los implicados, Hermán Rafael Solórzano Caguarípano, de 58 años, a quien venían siguiendo en sus continuos viajes entre Puerto Rico y Miami.

De acuerdo con dos denuncias criminales firmadas por el agente de ICE, Marcos Jiménez, Solórzano y su hijo Hermán Alejandro recogían dinero producto de la venta de drogas en Puerto Rico.

El dinero era depositado en cajas fuertes de hoteles de la isla y luego los Solórzano lo transportaban al sur de la Florida en vuelos comerciales. Los cargamentos promediaban $100,000 por cada viaje.

Desde el 9 de diciembre hasta la fecha de su arresto, los Solórzano transportaron $2.5 millones producto del narcotráfico.

Los agentes arrestaron a Solórzano el 8 de marzo y en el allanamiento de su casa hallaron $47,000 en efectivo.

Solórzano confesó que venía trabajando en el negocio desde el 2003 y relató que había sido víctima de un secuestro por parte de narcotraficantes aparentemente en represalia por la incautación de $600,000 que se preparaba a blanquear.

Antes de ser encarcelado, Solórzano empezó a recibir en su celular llamadas de intermediarios que querían comprar los dólares. Una de las llamadas era de Villalobos, con quien había hecho negocios de venta de dólares.

Villalobos, propietaria de tiendas de decoración para el hogar en Venezuela, fue detenida en Miami en marzo luego de recibir un paquete con dólares de un intermediario de ICE. La empresaria de 62 años reside en el sur de la Florida.

Berrío dijo a El Nuevo Herald que Villalobos no tenía conocimiento de que el dinero proviniera del narcotráfico y que esa será su línea de defensa ante la fiscalía.

A Villalobos se le concedió libertad bajo fianza y autorización para seguir manejando sus negocios en Venezuela telefónicamente, pero la fiscalía objetó recientemente ese beneficio argumentando que podría derivar en potenciales actividades delictivas.

Para sustentar su argumento, González argumentó que precisamente la conspiración de la que se acusa a Villalobos tiene su origen en sus negocios en Venezuela.

González explicó que Villalobos, quien vive en Estados Unidos, acudió al mercado negro y obtuvo dólares producto del narcotráfico en Miami ante las limitaciones cambiarias de Venezuela para obtener dólares.

Según la acusación, Villalobos depositaba en bolívares, en cuentas de narcotraficantes de Venezuela, el equivalente de lo que recibía en dólares en Estados Unidos.

En el pasado, Chávez lanzó advertencias anticipadas similares a las de este jueves, luego de que estallaran escándalos que implicaban al gobierno de Caracas, intentando descalificar evidencias y hallazgos en su contra.

El 11 de mayo del 2008, cuatro días antes de que la Interpol presentara en Bogotá sus conclusiones sobre los documentos encontrados en computadoras y discos de memoria pertenecientes al líder guerrillero alias Raúl Reyes, que probaban la conexión de Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente venezolano lanzó una campaña para desacreditar los resultados.

"Así como Bush inventó que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, ahora buscaron una computadora que dice que aquí en Venezuela estamos apoyando el terrorismo, que Chávez entrega millones de dólares y armas a las FARC'', dijo y anticipó que la Interpol preparaba un "show'' en su contra.

A mediados de septiembre del 2008, cuando se inició en Miami el juicio sobre el caso del maletín con $800,000 incautados al venezolanoamericano Guido Antonini Wilson en Argentina, el cual involucraba a altos oficiales del ejército y el gobierno venezolanos, Chávez denunció que el proceso legal formaba parte de una "operación basura'' del gobierno de Estados Unidos para desacreditarlo.

"El tema de la maleta, para nosotros no es un tema. Forma parte, como ya lo hemos dicho, de una operación basura realizada por el gobierno de Estados Unidos'', declaró Chávez a la prensa entonces.

Además de los Solórzano y Villalobos, los acusados son Georges Toutounji, Fortunato Farache (fugitivo), Rafael Polanco, Alfredo Ramón Soto Díaz, Miguel José Pérez Rivero, Antoine Jean Melhem, Luis Enrique Homez García, Johan Alberto Rincón Medina, Henry Eduardo Bilbao Movilla, Luis Rafael Díaz Plaza, Douglas Enrique Sánchez Soto, Edgar Hadad Azraca y Narcido Sosa Medina.