¿Sólo escándalos?

No, son hechos graves. Un día fue la compra de votos en el Congreso para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente, en especial los casos de Yidis y Teodolindo, que nadie podrá borrar de las crónicas picarescas de la politiquería; después fueron los “falsos positivos”, que en cualquier sociedad civilizada habría causado una crisis en el gobierno y el cambio de todos los responsables por omisión, entre ellos el ministro de defensa, y no únicamente la salida de algunos militares escogidos como chivos expiatorios.

Cuando aún la gente estaba horrorizada por esos crímenes, se descubrió que el DAS estaba dedicado al espionaje telefónico, y que no se trataba de los teléfonos de juan lanas, sino de los magistrados de la Corte Suprema, congresistas de la oposición, y muchas otras personas de importancia; siguió la monstruosidad de “agro ingreso seguro”, cuando se repartieron entre unos ricos centenares de miles de millones de pesos del tesoro nacional, pagados por todos los colombianos, mientras la población campesina vegeta en la pobreza y el abandono.

Ha habido, pues, escándalos para todos los gustos. ¿Qué ha pasado con la administración de justicia? ¿Han sido juzgados y condenados los responsables, o están siquiera investigados? Veamos.

En relación con la compraventa de congresistas, el procurador general de la nación declaró inocentes a los altos funcionarios a quienes su antecesor les había preparado pliegos de cargos por haber repartido las prebendas, vale decir, pagado los votos. Sentó así una extraña teoría: Yidis había sido condenada por vender su voto, pero nadie le había pagado: ¿negociaría acaso consigo misma? Al procurador no le mereció crédito el proceso tramitado ante la Sala Penal de la Corte y tampoco le importaron las pruebas que se practicaron en él. Pero, ¿qué esperar del señor Ordóñez que llegó precedido de la fama de sectario, intransigente, y rabioso reaccionario, y la ha confirmado con ésta y otras actuaciones? ¿Seguirán gozando de la impunidad y “refugiados” en embajadas quienes participaron en el delito?

Los “falsos positivos” demuestran que no solamente nadie respondió políticamente por esos asesinatos, sino que la investigación penal se limitará a unos cuantos soldados y suboficiales. Es inaceptable que un ministro se apropie de los triunfos del ejército, originados en la inteligencia, el valor y la abnegación de soldados y oficiales, y se haga a un lado cuando se trata de afrontar acusaciones por hechos delictivos.

La interceptación de los teléfonos no se hizo por iniciativa de empleados de tercer orden del DAS. No, las órdenes vinieron de las altas cumbres del poder, y las dieron los mismos que eran los destinatarios de la información conseguida ilícitamente. ¿Conseguirá la fiscalía llevar a juicio a quienes diseñaron y pusieron en ejecución esa repugnante empresa criminal?
¿Qué decir de la pecaminosa fiesta de “agro ingreso seguro”? Hubo un debate en el Congreso que habría debido concluir con la aprobación de la moción de censura para el ministro de agricultura. No fue así, porque un equivocado concepto de solidaridad política y el temor reverencial que se le tiene al gobierno, impidieron que se aplicara la sanción. ¿Está investigándose el inmenso detrimento ocasionado al erario? ¿Se ha conseguido recuperar al menos un peso?

Está bien que haya escándalos; pero está muy mal que no se castigue a quienes con sus faltas los producen. ¿Se hará justicia algún día? El Mundo.