Se reaviva el debate sobre la reforma inmigratoria
Por Margaret Talev y William Douglas
MCT
El Nuevo Herald
Se desconoce, sin embargo, si el Congreso y el gobierno de Obama están preparados para actuar antes de las elecciones de noviembre o simplemente discutir el tema.
El viernes Obama calificó la ley de Arizona como "mal encaminada''. La nueva ley estatal, que la gobernadora Jan Brewer firmó el viernes, enviará a la policía local a detener e interrogar a las personas sobre su permanencia en el país y crear castigos por violaciones de inmigración.
Brewer, republicana que se enfrenta a unas reñidas elecciones primarias, afirmó que su decisión "no fue de ninguna manera fácil de tomar'' pero concluyó que podría hacerse sin violar los derechos civiles, y era el paso que debía darse "mientras trabajamos para solucionar una crisis que no creamos, y que el gobierno federal se ha negado a resolver''.
Obama declaró que la medida subraya por qué el Congreso necesita aprobar una reforma nacional de inmigración lo antes posible. "Si continuamos sin actuar a nivel federal –declaró el Presidente–, seguiremos viendo esfuerzos mal encaminados por todo el país''.
"Seguramente todos estamos de acuerdo que es algo inaceptable que en nuestro país vivan de forma ilegal 11 millones de personas'', afirmó Obama el viernes en una ceremonia de naturalización para 24 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que tuvo lugar en la Explanada Sur de la Casa Blanca.
El Presidente indicó que la legislación de Arizona amenaza "con socavar las nociones básicas de justicia que como estadounidenses todos aprecian, así como la confianza entre la policía y las comunidades, algo que resulta crucial para mantenernos a salvo''.
Obama reveló que le ordenó a su gobierno, incluido el Departamento de Justicia, estudiar el impacto de la ley en los derechos civiles de los ciudadanos norteamericanos.
Sin embargo, en el Capitolio, la agenda legislativa ya está llena para todo el verano, y discutir algo tan controversial como una ley de inmigración parece poco probable. La agenda incluye reformas en la regulación financiera, un proyecto de ley sobre la energía y el clima, y una confirmación a la Corte Suprema. Después del Día del Trabajo en septiembre, los legisladores laborarán en los preparativos de campaña para las elecciones de noviembre.
Según los sondeos de opinión, la mayoría de los norteamericanos quieren que sus líderes se enfoquen en la economía y los empleos. Los hispanos, sin embargo, el grupo de votantes de más rápido crecimiento, quiere que se haga algo sobre la inmigración.
El reverendo Samuel Rodríguez, presidente de la Conferencia Nacional Hispano Cristiana, declaró que de acuerdo con las encuestas los hispanos se sentían decepcionados por la inacción del Presidente hasta la fecha tras su promesa de impulsar una legislación, y también "una apatía potencial sobre el Partido Demócrata'' este otoño por los hispanos.
Obama se comprometió a reformar las leyes de inmigración como candidato presidencial en el 2008, pero no ha lidiado con el problema durante su primer año en la Casa Blanca.
Indignación entre los hispanos por la ley de Arizona que permite detener a los indocumentados
Permite arrestar a cualquier persona sobre la que exista alguna "sospecha razonable".- México se planteará su relación bilateral con este Estado.- Obama critica la nueva legislación
La ley, que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, después de que fuera aprobada por ambas Cámaras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está aquí legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con 2.500 dólares y, eventualmente, expulsado del país.
Hasta ahora, en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, la policía no tenía autoridad para pedir papeles a nadie a menos que la persona en cuestión fuera sospechosa de haber cometido algún delito. Además, ningún documento de identidad es obligatorio, por lo que muchos inmigrantes sólo pueden probar la legalidad de su situación con el sello de entrada impreso en el pasaporte o un permiso de circulación.
Protesta ante el Capitolio
Varios cientos de personas, en su mayor parte hispanos, se han concentrado hoy como señal de protesta ante el Capitolio de Arizona, en Phoenix. Numerosas organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da carta blanca a la policía para interrogar a los ciudadanos de aspecto hispano.
El presidente Obama ha manifestado que la iniciativa de Arizona constituye "una irresponsabilidad" sobre la que no es posible permanecer de brazos cruzados. "Esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como norteamericanos", ha dicho Obama, en una muy infrecuente reacción de la Casa Blanca a la actuación de los estados. El Gobierno de México y la Iglesia católica han expresado también su preocupación con esta legislación, que el cardenal Roger Mahony de Los Ángeles ha comparado con el nazismo.
La gobernadora Brewer ha justificado la ley "por la incapacidad del Gobierno federal de asegurar nuestras fronteras". La misma razón por la que le ha dado su apoyo el senador republicano de ese Estado John McCain y la mayor parte de los dirigentes y portavoces de la oposición conservadora.
La situación en Arizona y en otros estados fronterizos con México, como California, Texas o Nuevo México, ha llegado, ciertamente, a un punto de gran inquietud. Pero no sólo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada día para engrosar la cifra de entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores sin papeles.
Esa explotación, basada en las lamentables condiciones económicas y de seguridad al sur de la frontera, ha dado lugar a una profunda crisis en esos estados, donde miles de personas subsisten en condiciones precarias, la criminalidad aumenta y el rechazo social se agudiza.
Un sheriff cruel
No es casualidad que sea Arizona donde se aprueba esta controvertida ley. Arizona lleva ya algún tiempo llamando la atención de los grupos de derechos humanos por las condiciones impuestas en uno de sus condados, Maricopa, por un sheriff cruel llamado Joe Arpaio, que presume de mantener a raya a los inmigrantes con métodos vigorosos, como la constante intimidación de parte de sus policías a las familias mexicanas con intención de atemorizarlas y obligarlas a regresar. En el condado de Maricopa, a espaldas del país tolerante y culto que Obama representa, viven entre alambradas cientos de presos a los que el sheriff Arpaio obliga a vestir uniformes rosas y calzoncillos rosas, entre otras medidas degradantes.
La ley aprobada en Arizona pone ahora en primer plano situaciones como esa y aumenta dramáticamente la presión sobre el Congreso para que se apruebe una dificilísima pero imprescindible ley de inmigración. Esta legislación, que representa un gran riesgo político para los congresistas, parecía imposible a siete meses de las elecciones legislativas. Pero en los últimos días la Casa Blanca se ha puesto en contacto con los líderes demócratas en el Capitolio con el fin de conseguir su aprobación cuanto antes. El líder demócrata en el Senado, Harry Reid, cuyo escaño puede ser decidido por los muchos hispanos de Nevada, ha prometido que habrá una ley de inmigración este año.
El Gobierno de México ha criticado duramente la aprobación de la ley y ha anunciado que se planteará la relación que mantiene con dicho Estado ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes. "La ley (…) afecta a la relación entre Arizona y México y obliga al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona", ha subrayado la canciller, Patricia Espinosa, a través de una declaración oficial leída ante los medios. Espinosa ha lamentado que los legisladores que han aprobado la ley no hayan tenido en cuenta la "valiosa e inmensa" contribución de los inmigrantes mexicanos a la economía, sociedad y cultura de Arizona y de Estados Unidos.