21 de septiembre de 2021
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«Si como Ministro lesionó los intereses colombianos, ¿qué pasará si es Vicepresidente?»

8 de abril de 2010
8 de abril de 2010

Mejía Castro, profesional del Valle del Cauca, fue rector de la cartera energética durante el primer periodo presidencial del doctor Álvaro Uribe Vélez. Contra viento y marea firmó la extensión del contrato de Asociación Guajira entre ChevronTexaco Petroleum Company y Ecopetrol hasta el año 2016, haciendo caso omiso a respetables voces que le dijeron insistentemente en el Congreso de la República que no lo hiciera porque lesionaría gravemente los intereses de la Nación.

¿Obró de buena fe?, ¿había otros intereses detrás de la prórroga de ese contrato?, ¿se buscó un beneficio personal?, ¿fue irregular la extensión del contrato?, ¿por qué el entonces Ministro no atendió un concepto desfavorable que emitió el Consejo de Estado el 5 de agosto de 2003?, ¿pudo más la soberbia del Ministro frente a sus detractores que los beneficios que traía a Ecopetrol el abstenerse de compartir las utilidades de la asociación con la empresa multinacional? Esas son algunas de las interrogantes que nos surgen al revisar la historia del polémico contrato extendido. Nunca escuchamos las explicaciones del Ministro Mejía Castro respecto de tan controvertido y espinoso tema.

En aquel momento, cuando se hablaba de la construcción de un gasoducto entre Colombia y Venezuela, se oían voces diciendo que la disponibilidad del excedente exportable de gas natural dependía de la ejecución del Proyecto Catalina en la Plataforma B de Chuchupa en La Guajira, que consistía en aumentar la capacidad de producción en 200 MMPCD, mediante la perforación de tres pozos horizontales en el área. Desde distintos sectores hubo reacciones contrarias a la firma del contrato Catalina, porque se creía que afectaba los intereses de la Nación.

El Consejo de Estado emitió el concepto 1499 con fecha del 5 de agosto de 2003, en el que se indicaba que dicho contrato no era más que la extensión de un desarrollo gasífero actual y que no cumplía con los requisitos para ser catalogado de producción incremental como se pretendía por parte sus defensores.

Los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado son reservados salvo que el Gobierno les levante esa condición. Lo correspondiente a este tema en particular tenía una reserva de cuatro años que ya venció, lo que nos lleva a suponer que ahora no habría ningún obstáculo para conocer en su totalidad el concepto que dio el Consejo de Estado sobre ese contrato. Nos ayudaría a tener más clara la conducta omisiva del Ministro Mejía Castro y la real dimensión de la desatención al pronunciamiento de la respetable corporación judicial.

Especialistas en la materia nos han explicado que si bien el concepto del Consejo de Estado no era de obligatorio cumplimiento, sí mostraba una ruta hacia donde caería la balanza si se presentaba una demanda contra el Gobierno por negar eventualmente la extensión del contrato. Publicaciones del diario El Tiempo de la época daban cuenta que el Consejo de Estado convalidó los argumentos de los opositores a la prórroga del contrato, entre quienes se contaban el Contralor General Antonio Hernández Gamarra y los Senadores Jorge Robledo y Hugo Serrano, quienes advirtieron detrimento en los ingresos que percibiría la Nación.

Como el 31 de diciembre del 2004 finalizaba el contrato de asociación Chuchupa, suscrito entre el Gobierno y Texaco, bajo el esquema de participación 50/50, se planteó la posibilidad de hacer uno nuevo denominado Catalina, con vigencia hasta el 2016. Este se basaría en el esquema de producción incremental el cual, a diferencia del desarrollo normal, que contempla una regalía fija del 20 por ciento, tendría regalías variables que van del 8 al 25 por ciento dependiendo del volumen extraído.

Los contradictores expresaron que el nuevo esquema no cumplía con los requisitos de producción incremental porque no implementaba nuevas tecnologías para aumentar el factor de recobro de las reservas probadas o adicionar nuevas al yacimiento. Con Catalina se harían unos pozos adicionales de desarrollo para mejorar la producción. Lo que queda claro luego de unos años transcurridos, es que el Ministro Mejía Castro le mintió al país sobre las enormes utilidades que el gas de la Guajira debía darle en el futuro a Ecopetrol.

Nunca fue verdad que Ecopetrol debía invertir otros 200 millones de dólares para ganarse cerca de 900 millones de dólares. La inversión necesaria ascendía sólo a 40 millones dólares, con un adicional después del 2007 de otros 100 millones de dólares de fácil consecución en la industria petrolera.

Todo apunta a que fue una manipulación del señor ministro Mejía decir que no se prorrogaría el contrato de concesión con Chevron-Texaco que vencia el 31 de diciembre de 2004, empleando el tecnicismo legal de que únicamente debían firmarse nuevos documentos.

Los debates en el Senado señalaban que el asunto de fondo era que el gobierno no podía negar que las utilidades de un gas que debían revertir en el 100 por ciento a Ecopetrol a partir del primero de enero de 2005, se tendrían que compartir con la transnacional hasta el agotamiento de los pozos, en el 2016. También es muy extraño que las negociaciones correspondientes se hubiesen adelantado con demasiado sigilo.

Tengo serias dudas sobre la actuación del doctor Mejía Castro. Si no tuvo escrúpulos para lesionar los intereses de la Nación como Ministro, qué podría pasar si llega a ser Vicepresidente de la República. No quiero ni pensarlo. Por ese motivo, la designación de la fórmula vicepresidencial de la señora Noemí genera serias dudas entre los colombianos.