OEA reconoció logros de Justicia y Paz para miles de víctimas de la violencia en Colombia
“Se siguen obteniendo logros importantes, como el constante aumento del número de víctimas que se registran en las jornadas; los resultados en términos de exhumaciones y restitución de tierras; los procesos judiciales que continúan avanzando de manera paulatina y perfeccionándose mediante los fallos de la Corte Suprema de Justicia”, señala el documento.
También hace un especial reconocimiento a los esfuerzos de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, que a través de la Sub-unidad de Exhumaciones contribuye al esclarecimiento de la verdad y a la elaboración del duelo por parte de las víctimas y sus familiares.
Así mismo, resaltó “la voluntad de parte del Estado de seguir fortaleciendo el proceso de paz, facilitando los mecanismos para lograr el conocimiento de la verdad. Y valora que en el marco del proceso de Justicia y Paz, se conozcan, hasta la fecha, 2 mil 824 hechos de reclutamiento de menores, los cuales son producto de una tarea sistemática de investigación y verificación de la Fiscalía”.
Hasta el momento, se han presentado 280 mil 420 víctimas al proceso de la Ley de Justicia y Paz, resaltando que “más de 20 mil víctimas podrán ser reparadas y los hechos que las victimizaron podrán ser esclarecidos”.
Reconocimiento a medidas contra “estructuras emergentes”
El informe también destaca las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a las estructuras emergentes.
“Un gran número de integrantes capturados de estas estructuras ha sido judicializado”, dice el informe.
Así mismo, resalta la labor que ha desempeñado la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) para la elaboración de un documento Conpes para la reparación integral para las víctimas y un documento único para la restitución de tierras.
En cuanto al trabajo de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) señala que su resultado ha permitido que gran cantidad de desmovilizados accedan a los servicios que facilitan su estabilización inicial y su progresivo retorno a la vida civil.
“La instalación y puesta en marcha de mesas de prevención de reclutamiento se ha reconocido como un importante espacio de trabajo y articulación entre las instituciones regionales”, asevera el informe.
Desafíos y recomendaciones
Además, hace un repaso por los principales desafíos que enfrenta la Ley de Justicia y Paz, señalando que esta “requerirá de tiempo para consolidarse y perfeccionarse”.
Igualmente, elabora un conjunto de recomendaciones para contribuir al fortalecimiento de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el proceso de desmovilización y reintegración, la prevención del reclutamiento y la reparación integral de las víctimas, que el Gobierno Nacional valora y procederá a estudiar.
Para el Estado colombiano es de gran utilidad el acompañamiento independiente de la Misión, cuyas recomendaciones han fortalecido procesos institucionales vitales para el país.
Varias de sus instituciones han resaltado su apoyo a la consolidación de los resultados del proceso de reconciliación mediante el fortalecimiento de sus capacidades en la implementación de las políticas y programas de reintegración económica y social, el restablecimiento de los derechos de las víctimas a través de la verdad, la justicia y la reparación y la aplicación de la justicia transicional en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
El Gobierno colombiano reconoce y valora la contribución de la Mapp/OEA en la construcción de vínculos de confianza entre las comunidades y las autoridades locales, así como su importante papel en el suministro de información recogida en el terreno, que ha facilitado la acción oportuna de las instituciones del Estado.
De igual manera, apoya su labor y expresa su gratitud a los países cooperantes por su contribución al cumplimiento del mandato de la Misión y a la reconciliación nacional.
El Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la OEA convinieron renovar el mandato de la Misión por un año más a partir de enero de 2010, con el propósito de ofrecer al nuevo Gobierno el tiempo necesario para conocer el trabajo de la Mapp y definir sus prioridades en materia del acompañamiento que ofrece.
El mandato de esta Misión surge de la firma del convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos el 23 de enero de 2004.