¿Nunca más?

Acciones como estas destruyen una democracia, especialmente si ocurren en un ambiente de indiferencia general con las víctimas o, peor aún, cuando se promueve la complicidad del público o que crea que las víctimas son culpables.
Ya cuando se había comenzado a perder fe en la capacidad de los colombianos y de sus dirigentes para intervenir en estos casos o para censurar estos actos públicamente, surge en Colombia un sentimiento ciudadano de repudio a estas prácticas, a la corrupción y a la ilegalidad de las actuaciones oficiales. Esto se ha traducido, primero, en el creciente apoyo de los colombianos a los planteamientos y actuaciones de Mockus y los otros directores del Partido Verde, que plantean la necesidad de que el país practique la legalidad democrática, no se conforme con la seguridad democrática y tolere la violación de derechos humanos y civiles, o la interferencia con la libertad, la intimidad y la dignidad de los ciudadanos.
El país se rebela contra la politiquería y la corrupción y está reaccionando en contra de estas violaciones de las reglas. En los últimos días ha sido notable el rechazo a estas prácticas por parte de dirigentes como César Gaviria, de directores de medios como Juan Gossaín, que hizo una valiente denuncia en RCN, y de candidatos presidenciales como Rafael Pardo, que está exigiendo que aparezcan los responsables para que no sean solamente los subalternos o los cómplices los que vayan a la cárcel. El ascenso de Mockus indica que no se va a seguir permitiendo que las autoridades actúen de esa forma impunemente.
Este asunto tiene mucha trascendencia para los partidos o movimientos que buscan alianzas con los candidatos que van quedando. Rafael Pardo y el liberalismo se comprometieron mucho antes que los Verdes con el imperio de la legalidad. César Gaviria ha dicho que si el candidato de su partido no llega a la segunda vuelta, el liberalismo no se va a regalar y que la decisión que tome en ese sentido no va a ser por puestos y mucho menos por contratos, ya que él considera que llegó el momento de abandonar esas prácticas clientelistas, que amenazan la misma viabilidad de los gobiernos.
Suponiendo que las cosas sigan el curso que llevan y que Santos y Mockus son los que llegan a la segunda vuelta, los más democráticos entre los perdedores tendrán que escoger cuál de los dos ofrece mejores garantías de respeto a las leyes y los derechos humanos y civiles, y de que se va a combatir el clientelismo, la corrupción y la violación de las libertades o los derechos.
Mockus ha demostrado no ser proclive a la politiquería ni tolera la corrupción. Da plena confianza de que podrá enderezar el curso y regresar a la legalidad plena. Juan Manuel Santos ofrece ser perro guardián de los recursos públicos, reformar el aparato de inteligencia estatal y garantizar los derechos humanos y civiles. Como son más contundentes los actos que las palabras, es más fácil creerle a Antanas que a Juan Manuel, a quien no le ayuda su tibia reacción a los abusos del DAS, ni las versiones de que los resultados de la encuesta que lo favorece se obtuvieron en una segunda muestra. Los que están indecisos y tienen dificultad de escoger entre lo correcto y lo práctico podrían optar por Santos si creyeran que en su gobierno no se va a sacrificar la legalidad o la intimidad en aras de la seguridad o de la eficiencia, y que, comenzando con el suyo, nunca más podrá un gobierno actuar impunemente en estos frentes.