Niegan libertad a procesados por interceptaciones telefónicas
La defensa de esas personas apoyó su petición en el argumento de que ya habían transcurrido 90 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se hubiera celebrado la audiencia de juicio oral.
Tal reclamación fue desvirtuada por el fiscal a cargo, quien demostró que sólo han transcurrido 56 días y no 127 como lo afirmaba la defensa.
De acuerdo con la investigación, Villamil y Pérez efectuaron, supuestamente, interceptaciones telefónicas a Iván Velásquez Gómez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, y Alexandra Valencia Medina, jefa de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, en agosto de 2009.
Villamil y Pérez, miembros de la Policía y del CTI, respectivamente, para la época de los hechos, incurrieron presuntamente en fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada, concierto para delinquir y cohecho propio.
Los procesados fueron regresados a La Picota de Bogotá.
