Desvinculadas 7 personas del proceso penal contra Manizales Segura
En momentos en que se supo que siete personas fueron desvinculadas del proceso penal contra Manizales Segura, el juez penal con función de control de garantías, César Augusto Castillo Taborda, se declaró impedido para presidir la audiencia de imputación de cargos, que había convocado contra 20 implicados en presuntas irregularidades en la citada empresa.
El funcionario adujo parentesco de afinidad con uno de los indiciados, de quien dijo ser cuñado, lo que a su juicio configura una causal de impedimento consagrada en el Código Penal.
En consecuencia, le corresponderá a la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales resolver sobre el impedimento planteado, y en caso de considerarlo válido y aceptarlo, devolverá el expediente a la oficina judicial del Consejo Seccional de la Judicatura para que se proceda a un nuevo reparto entre los jueces de garantías. En caso contrario, dispondrá que el mismo juez continúe adelante con el trámite procesal.
A la audiencia, que había sido programada para las 8 y 30 de la mañana de este martes, tenían que comparecer ante un juez de garantías 20 personas para responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen de inhabilidades y contratación sin el cumplimiento del régimen legal.
Los investigados son funcionarios de la administración municipal de la capital de Caldas, encabezados por el ex-alcalde (que ahora denomina el "ex-caldense del año") Luis Roberto Rivas Montoya; el actual secretario de Gobierno de Manizales, Julián Andrés Vasco Loaiza y el ex-gerente de “Manizales Segura”, Ariosto Montoya Sierra.
Las autoridades judiciales iban a conocer de la Fiscalía 12 Seccional Delegada para los Delitos Contra la Administración Pública las pruebas que comprometen a los funcionarios públicos manizaleños y a un grupo de contratistas privados en un multimillonario carrusel de negociados que afectaron los fondos oficiales de la precitada empresa semi-estatal “Manizales Segura”.
Según reza el mensaje-circular convocatorio enviado por el fiscal encargado de adelantar la investigación, los acusados tenían que comparecer ante un juez de control de garantías acompañados por sus abogados defensores, y además se les notificaba que de no hacer presencia el día y hora señalados serían capturados por agentes del CTI de la fiscalía.
