Canciller: en campaña no todo se vale
La Cancillería colombiana ha hecho lo propio al advertir a los colombianos sobre el riesgo de viajar a Venezuela, teniendo en cuenta los incidentes en donde varios connacionales han sido detenidos por las autoridades del vecino país bajo cargos de supuesto espionaje.
Esta decisión del Gobierno Nacional ha llegado a las primeras páginas de los medios de comunicación y ha suscitado distintas reacciones en Colombia, en buena medida por cuanto ella resulta extraña para el común de las personas, preocupante por las ya históricamente difíciles relaciones con Venezuela y sospechosa en medio de los procesos electorales en ambos países.
Los colombianos no recordamos que se nos haya prevenido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, del riesgo de viajar a otro país. Nuestro riesgo principal era no poder salir por cuenta de las dificultades de obtener visa y si existían motivos de orden público o salud que hicieran aconsejable no viajar era una decisión personal derivada de las noticias. De hecho, desde los últimos incidentes no tengo dudas de que los colombianos residentes en Venezuela han hecho una revisión exhaustiva de los documentos que poseen en sus casas y nadie transita con una cámara de fotos en lugares que no sean eminentemente turísticos. Es por ello que el comunicado del Canciller es sorprendente y quizá innecesario.
En el tire y afloje constante con el gobernante venezolano hemos aprendido que cada movimiento debe ser estratégicamente pensado y que las actuaciones colombianas, por legítimas que sean, siempre generan una reacción de la diplomacia bananera basada en la fuerza, el agravio, el escándalo, la desinformación y la amenaza a los colombianos y sus intereses en el vecino país.
Sabiendo esto, ¿qué persigue el Gobierno colombiano al hacer la declaración? Si bien puede ser útil para llamar la atención de la comunidad internacional sobre las dudas que existen sobre la justicia e imparcialidad de los tribunales venezolanos, Colombia ya había dado un paso en ese sentido solicitando la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Por lo anterior, la advertencia resulta redundante. Así mismo, el país debe asumir con pesar que por diferentes razones se encuentra y se encontrará solo a la hora de defender sus causas.
El difícil contexto electoral que se vive en Venezuela explica que el gobierno bolivariano exaltando de nuevo la bandera del patriotismo y de un “enemigo” haya denunciado múltiples casos de presunto espionaje en su país por parte de ciudadanos colombianos.
Por su parte, en el actual escenario político colombiano, donde se reduce cada vez más la posibilidad de que el candidato oficialista Juan Manuel Santos llegue a la Presidencia de la República, el Gobierno Nacional, imitando lo inimitable del vecino, lanza su propio llamado al patriotismo, hace renacer el temor, justificado o no, a la mano “chavista” y propicia un incidente verbal del que solo puede salir favorecido el candidato Santos reconocido como un imprudente anti-“chavista” en detrimento de las relaciones bilaterales.
Finalmente, el anuncio del Gobierno trae un efecto contrario a lo que objetivamente se esperaría de este tipo de acciones, pues en lugar de ayudar a los colombianos a tomar algunas medidas de prudencia y expresar la preocupación del Gobierno Nacional, expone, especialmente a la población fronteriza, a un mayor maltrato de la pseudo-democracia bolivariana.
