Riesgos de una democracia cercada
A comienzos del mes de febrero, esta misma entidad confirmó la nulidad de cerca de 200.000 cédulas por irregularidades en la ciudad de Barranquilla, y recientemente, la Comisión de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría determinó ante el Consejo Nacional Electoral que al menos 24 candidatos al Congreso están involucrados en faltas penales y disciplinarias que les impiden asumir la labor parlamentaria. A su vez, La Misión de Observación Electoral, conformada por organizaciones de la sociedad civil y centros académicos, ha señalado que en al menos 9 departamentos (Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía, Arauca, Córdoba, Sucre y Magdalena) la mitad de los municipios están en grave riesgo de irregularidades electorales.
Es ingenuo pensar que estas situaciones se pueden explicar como casos aislados, excepciones en un modelo democrático respetuoso de la legalidad. Por el contrario, estas realidades ratifican la grave crisis por la que atraviesa la institucionalidad colombiana, y que exigen una respuesta enérgica de la ciudadanía, de los organismos de control y de las instituciones internacionales de DD.HH. La verdad innegable es que la democracia colombiana sigue amordazada. Las fuerzas ilegales que capturaron las instituciones oficiales a lo largo y ancho de la geografía nacional, y que a través del miedo y la intimidación de sus ejércitos privados conminaron a los ciudadanos a votar por las alianzas narcoparamilitares, siguen actuando impunemente en las regiones de Colombia y buscan su continuidad, para asegurar su proyecto político, económico y militar.
La persistencia de estas situaciones, pone en peligro no solamente las aspiraciones e intereses de las fuerzas políticas democráticas del país, sino que socavan el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, así como las posibilidades de una renovación necesaria y urgente de los liderazgos políticos en el Congreso.
Casos paradigmáticos como la condena reciente de la Corte Suprema de Justicia al senador de Sucre Álvaro García, revelan que detrás de las irregularidades y los vicios que suelen asociarse al plano eminentemente electoral, existe un espiral de alianzas entre las clases políticas tradicionales y las mafias, un proyecto de cooptación de las instituciones públicas, fuerzas armadas –legales e ilegales- dispuestas a masacrar y a sembrar el terror para obligar la votación ciudadana y preservar el control de los entes estatales. Por estas razones, el problema de la democracia en Colombia no puede seguirse reduciendo a un tratamiento formal, que desconoce los problemas de fondo y la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos. Si de lo que se trata es de que el Estado Social de Derecho sea garante de estos derechos ciudadanos, es importante que la institucionalidad se depure y que se generen esfuerzos mancomunados entre la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, las autoridades electorales, para que la justicia haga su trabajo y no continúe el manto de impunidad que cobija a los enemigos de la democracia en las distintas regiones de Colombia dentro y fuera de las instituciones públicas.
Las fuerzas políticas y la sociedad civil, están llamadas a visibilizar estas situaciones que atentan contra la democracia en Colombia. Ocultar estos problemas, minimizarlos, significa seguir legitimando un régimen y una forma de hacer política fundada en la ilegalidad, es aceptar que las reglas de juego impuestas por quienes siembran el miedo y el silencio son inmodificables. Con esta situación a nivel interno, la comunidad internacional vuelve a ser un escenario fundamental para evidenciar la gravosa situación de los derechos civiles y políticos, y para exigir que el Estado colombiano, tome las medidas necesarias para superar este estado de cosas. Compromisos internacionales suscritos por el Estado colombiano como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Carta Americana de Derechos Humanos, son claros en señalar que la defensa de las garantías democráticas no es solamente un principio ético, sino una obligación jurídica, vinculante del Estado.
