REQUIENSCAT IN PACE, REFERENDO Y POLARIZACIÓN.

hubiese sido interesante que los escollos encontrados en la ley de convocatoria al referendo reeleccionista se hubieran superado en el examen constitucional para la realización de la mencionada consulta para haber comprobado inequívocamente la manifestación directa del pueblo y poder aseverar aquello de que el pueblo se merece el gobernante que quiere, pero el control constitucional arrojó un resultado diferente. El 20 de enero del presente año El Tiempo y la revista Cambio me publicó un artículo “El alma asediada del presidente Uribe”, en el blog La Pringamoza y sostuve: “no se me ha pasado por mi mente, ni de manera remota, que la Corte Constitucional declare exequible la ley de convocatoria al referendo por dos razones bastante sencillas: primero, creo, como Abogado, en la formación académica y jurídica de las nueve personas que integran la Corte Constitucional, por algo están ahí, así se diga que las altas cortes fueron infiltradas por la politiquería, y, segundo, no creo que pueda existir Ser alguno que en un acto de apostasía pública le de una ‘patada’ a la mayestática que encarna, sólo por complacer a un sátrapa en ciernes”. Ni prejuzgué, ni saqué conclusiones inanes respecto de la Corte Constitucional.

Bienvenido ese estado apacible que se avecina dejando de lado ese tema tan empalagoso del referendo y, por ende, a una de las principales causas: la polarización política que tanto daño está causando en nuestro entorno. Es espeluznante la frialdad que acompaña a ciertas personas que padecen de ese síndrome del ‘arribismo’ que los conduce a una degradación rastrera como cualquier reptil abominable y que en un abrir y cerrar de ojos ante una adversidad ajena se convierten en una ave de rapiña que ondea al acecho del nuevo protector. Para corroborar lo aquí afirmado, sólo basta observar el último Consejo Comunal realizado en Cali por el presidente Uribe, en su duración y asistencia; lo mismo que las crónicas radiales y escritas de los medios de comunicación en su enfoque y utilización de algunos adjetivos y las declaraciones  eufemísticas de algunas personajes, incluido algún  oportunista y pusilánime candidato presidencial, como toda regla tiene su excepción en este caso tenemos dos ‘arribistas’ a ultranza firmes en su posición en representación del oligopolio de R.C.N., Claudia Gurisatti y Viky Dávila, quienes en su lánguida mirada reflejan su patética amargura.

 Hago público mi eterno agradecimiento con Nuestro Señor por haberme prodigado salud y un superlativo sentido común que me ha permitido alcanzar muchos logros librándome de pecar de incauto y, ante todo, distinguir con claridad meridiana lo que es bueno y lo que es malo en toda la acepción de la palabra. Es por ello, que voy a procurar ser muy puntual y sintetizar al máximo el conjunto de algo que se convirtió en mito en la política bandera del presidente Uribe: seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista; no he leído ni escuchado en ningún medio, y, tampoco, ni siquiera a un solo colombiano del montón y menos a un ‘uribista’ entre los tantos que había, hacerle el verdadero reconocimiento al mandatario y el cual fue decisivo en su gestión gubernamental: su indiscutible valor civil (léase pantalones, calzonarias o cojones) para imponer su jurisdicción y mando en la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las fuerzas Armadas de la República, facultades estas desconocidas y jamás ejercidas en la esfera presidencial, el presidente hizo uso de ellas sin ningún temor reverencial ante el resplandor encandilador de las insignias del ‘generalato’, dicho valor férreo no tuvo el más mínimo amague de vacilación en sus ocho años que estuvo viviendo en comodato en la Casa de Nariño. En este valor, del que nadie menciona y pasa desapercibido, radica gran parte  del éxito de lo que él llamó la seguridad democrática, que bien habría podido denominarse seguridad colombiana o andina, siendo el nombre inocuo frente al objetivo final que era el de combatir la subversión y a otros agentes al margen de la ley, habiéndose descuidado ostensiblemente la seguridad citadina, pero el logro en otras áreas fue impresionante. No se necesita de sofismas de distracción ni de artilugios para deslumbrar al “inepto vulgo” proponiendo la adopción de la seguridad democrática como política de Estado,  no, la seguridad ciudadana es una política de Estado que ya está institucionalizada y, además, es una obligación y un deber constitucional para las autoridades legítimamente constituidas, en cabeza del Presidente como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y, esa media bobadita, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, de proteger la vida, honra y bienes de las personas. Al presidente Uribe le ha sobrado voluntad política y “berraquera” para ordenar a la Fuerza Pública la conservación y restablecimiento del orden público, presupuestos aquellos que sus predecesores irresponsablemente desconocieron o se hicieron los ‘pendejos’ por recónditos temores, sin que hasta el momento a nadie se le haya ocurrido solicitar un enjuiciamiento por una responsabilidad política, así dicha solicitud se equipare a un saludo a la bandera. La continuidad que Colombia reclama y espera del próximo Presidente es que tenga en plena actividad la fábrica de “testosterona”, y esa fábrica no figura en el patrimonio del señor Juan Manuel Santos, y menos en el del precandidato ’biberón’ del partido conservador, ni tampoco, en el haber del trepango negrito Rivera de Pereira. Lo demás, es pura añadidura. “No hay nada nuevo bajo el sol”, todo ya está inventado.

La cohesión social es un requisito sine qua non para una coexistencia pacífica, armónica y que propende por una excelente calidad de vida, sin embargo, en diciembre pasado se recurrió a un Estado de Excepción al declarar la Emergencia Social a fin de conjurar la crisis que atraviesa el sector de la salud en todo el país, en su régimen contributivo y subsidiado, y en el cual se presume que están en la cobertura de la seguridad social la totalidad de sus habitantes, de conformidad con los dictados del Estado Social de Derecho, situación que de por sí es nugatoria, el asunto es más complejo y delicado de lo que se cree, aquí se toman decisiones de fondo de primer orden en la salud y la vida de todos los colombianos, cabe anotar, que con las enfermedades y con la muerte no se juega a los ‘dados’, estas merecen seriedad , respeto y un manejo responsable, no se le puede dar un tratamiento como si fuera una reformita política. Los decretos que se han dictado al amparo de la emergencia van en contra vía de los postulados de la cohesión social.

En cuanto, a la irrigación de la confianza inversionista, tanto interna como externa, cualquier país que no sea ‘mamerto’ recalcitrante procura por todos los medios incentivar la inversión, salvo de que se trate de una República ‘banana’ que genera desconfianza, en Colombia esta política ha sido buena en términos generales, no obstante las constantes colisiones entre las instituciones conocidas como “choque de trenes”. En la política de incentivos se necesita un poco de moderación en las gabelas tributarias otorgadas por el Estado, sobre todo, al sector financiero cuyos costos de operación para el usuario son altísimos y arbitrarios, mientras sus utilidades son escandalosamente exorbitantes.

Gracias, presidente, por sus buenos servicios prestados a la Patria, le deseo un placentero descanso, que bien se lo merece.