¡Región Caribe ya!

Esta alianza redundará en mayores beneficios económicos, que se verán reflejados en la inversión social que tanta falta le hace a nuestra región; pero las ventajas no sólo serán económicas –pues las regalías del carbón, el petróleo y el níquel, entre otras, se quedarán aquí, en suelo costeño–; ganaremos también como pueblo, porque reafirmaremos nuestra identidad –que no se parece en nada a la del Altiplano–; ganaremos en autonomía administrativa y política; ganaremos, porque no seguiremos siendo esclavos del centralismo asfixiante que se lleva nuestros recursos; ganaremos porque nos haremos valer como un todo cohesionado al que habrá que tener en cuenta, necesariamente desde Bogotá, cuando de una decisión política importante se trate. 

Es imperativo que nuestros dirigentes y nuestras gentes entiendan la trascendencia de esta propuesta. Los que ejercen la política en la Región Caribe tienen la obligación moral de dar la pelea hasta conseguir que se apruebe en el Congreso de la República la ley orgánica que habrá de regular el funcionamiento de nuestra región. Así mismo, el ciudadano del común tiene la obligación civil de apoyar con su voto la Papeleta Caribe y, posteriormente, el referendo que habrá de aprobar la creación de la región y su marco legal.

 Pero el camino no sólo es de rosas. Hay intereses oscuros que pretenden malograr y sepultar la Papeleta Caribe. En Bogotá a algunos no les gusta la idea de que podamos tener cierta autonomía. No les interesa en lo más mínimo que logremos despertar del letargo profundo en el que estamos sumidos, les da temor que, al crecer, la criatura se percate de los abusos y del utilitarismo del que ha sido víctima. Lo más grave de todo esto es que, para mantenernos en el ostracismo, se valen de personajillos abyectos oriundos de nuestra región que olvidan sus orígenes y raíces y se venden al mejor postor, buscando ganar indulgencias cuando al final lo que recibirán, como siempre pasa, es una dosis de la mejor traición.

 Parte de la estratagema para boicotear la consolidación de la Región Caribe consiste en hacernos creer que no se cumplen los requisitos legales que señala la Ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación ciudadana, concretamente lo que se refiere a la consulta popular. ¡Falso! Ese argumento es una leguleyada más para desconocer nuestros derechos como región. La Papeleta Caribe no tiene efectos jurídicos vinculantes; lo que se pretende es crear un hecho político y social que desemboque en la confección de la ley orgánica, ésta sí, con efectos jurídicos expresamente determinados. No se puede pretender, entonces, que la papeleta sea una consulta popular en estricto sentido, sino un sano ejercicio democrático al que tenemos derecho.

 A los que ahora se atraviesan como mulas muertas a la mitad del camino para que no se apruebe esta iniciativa, no les importó, en su momento, cuando impulsaron la séptima papeleta, desconocer la Constitución de 1886, que no contemplaba ese mecanismo para la convocatoria a una constituyente. Tampoco les importó la minucia legal, cuando promovieron la papeleta del mandato por la paz; ahora resulta que son los guardianes de la Constitución y la Ley, los exegetas del Derecho; ahora cuando una región como la nuestra tiene nuevos horizontes, legítimos y merecidos intereses; ahora que lo que está en juego es la autonomía de todo un pueblo que lucha por salir de la ignominia.

 Los detractores de esta iniciativa no deben confundir separatismo con autonomía; autodeterminación con independencia; y no pueden cercenar el desarrollo y la evolución de una región llamada a ser la más importante y próspera del país. El Heraldo.