Los pecados de un alcalde
El acuerdo 024 de dic/08 del concejo municipal que le dio facultades al alcalde para hacer un empréstito hasta por $12.000 millones es, a todas luces, ilegal. Lo es porque el concejo fue convocado a extras, por decreto para “ampliar el término dado al alcalde municipal para contratar un empréstito” y el cabildo aprobó uno diferente, “por medio del cual se concede una nueva autorización al ejecutivo municipal para que contrate un empréstito”. Los concejales carecen de facultades constitucionales para cambiar los títulos de los proyectos de acuerdo. El proyecto se presentó sin soportes tales como: certificado de la deuda pública, capacidad de endeudamiento y aviso sobre las rentas que se van a garantizar y la liberación de ellas. La gobernación del Quindío no le ha dado el aval constitucional y legal a dicho acuerdo y, por el contrario, lo demandó ante el Tribunal Administrativo del Quindío.
Los pecados son muy grandes. El banco Davivienda aprobó el empréstito por $7.000 millones sin los soportes legales del acuerdo. La ley 358 de 1997, Artículo 14, dice: “La celebración de operaciones de crédito público en violación de los límites de endeudamiento fijados (…) y la omisión en el suministro de información (…) constituirá falta disciplinaria y dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en las disposiciones vigentes”. Los $7.000 millones no fueron incorporados al presupuesto del municipio para la vigencia del 2009, como manda la ley. El alcalde argumento que sí, que se hizo a través del presupuesto aprobado en 2008. Craso error, porque no se sabía si habría préstamo ni se conocía el monto. Así, la plata no ingresó al municipio legalmente, se puso en una cuenta compartida con Multipropósito, una entidad de carácter privado. Y lo mismo pasó con los dineros de las acciones de la Edeq, $2.000 millones. Es decir, la plata se la dieron al alcalde y éste no se la entregó legalmente al municipio.
Pero hay cosas más graves. No sabíamos hasta hace ocho días, que los cuatro socios de Multipropósito: Odinsa, Construcciones el Cóndor, Operamos 2.000 e Ilam Ltda Ingeniería y Laboratorio Ambiental, le vendieron, en septiembre del 2009, a uno solo, el señor Mario Enrique Bolívar Camacho, residente en Bogotá. El alcalde, presidente de EMCA, renunció a su prevalencia de comprar las acciones a los socios que vendieron, teniendo con qué adquirirlas (los $3.000 millones provenientes de la venta de las acciones en Telecalarcá) y devolverle a los calarqueños este patrimonio público. En consecuencia, el dueño del 60% de la plata que se recoge por acueducto, alcantarillado, aseo y otros en Calarcá, es una sola persona. Patrimonio que antes era colectivo, que pudo volver a ser colectivo, hoy es particular.
Habla el alcalde de un convenio de concurrencia, cuando estos sólo se hacen entre el Ministerio de Hacienda y las entidades territoriales para darle solución a los pasivos pensionales. Habla de convenios interadministrativos, cuando estos no existen en la legislación colombiana. Existen en la ley 80 de 1993 los contratos interadministrativos, pero estos no se pueden celebrar entre entidad estatal y organismo privado, como lo es Multipropósito. Por eso insisto, hay una clara transgresión del Estatuto de Contratación, con el único propósito de jugarle sucio a los ciudadanos del municipio de Calarcá. Si denunciar estas irregularidades es politiquería, pues que me condenen los ciudadanos; y si todo lo que aquí se revela, que antes estaba oculto, es mentira, pues entonces, señor alcalde López, denúncieme por calumnia, y no se gaste el dinero de los calarqueños en anuncios de periódico. Crónica del Quindío.
