4 de febrero de 2023
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La confusión nacional y los obispos

14 de febrero de 2010

En la base de casi todas las noticias y controversias hay un supuesto, no digamos mentiroso porque no siempre es malintencionado, pero sí una verdad a medias o un pedazo esencial de la verdad que no se dice y que conduce a que el debate subsiguiente sea un juego de equívocos y -peor- a que las decisiones de interés público no resulten bien fundadas.

Un ejemplo patente, esta semana, fue la oferta de los obispos católicos de alguna mediación con los jefes de las “bandas emergentes”. El Presidente autorizó el diálogo con la advertencia pública de que eso “no implica ninguna negociación” y que “no habrá ninguna concesión”. El obispo de Montería declaró que las bandas estaban “esperando alguna prebenda del Gobierno”. Los obispos añadieron que “la Iglesia no necesita permiso para dialogar” con esas bandas y que en el diálogo no abordarían “temas jurídicos ni políticos”.

No sé si la cosa paró ahí aunque imagino que vendrán más episodios. Ni pongo en duda el valor superior de la paz ni la palabra de quienes han intervenido en el debate. El punto que me interesa ahora es otro, muy simple: la mediación, diálogo, negociación o como quiera llamársele en este caso implica alguna concesión o un trato por lo menos ligeramente distinto del que tendrían los jefes de las bandas si la policía sencillamente los captura.

Lo asombroso del caso es que en la conversación inicial de los obispos con el Presidente ese dato crucial se hubiera embolatado. Es claro que el Presidente autorizó algo, pero ni los sabios de Jerusalem podrían decirnos qué fue lo que autorizó. Eso sí: luego supimos que el famoso permiso no era necesario y, por ahora, acabamos en que los obispos hablarán con los jefes de las bandas sobre cualquier cosa menos sobre lo que les interesa conversar a los jefes de las bandas.

Hay una forma en que esa supresión del dato básico podría acabar en algo harto peor que una simple inocentada. Si uno recuerda la historia no muy vieja de Colombia, digamos desde que López se reunió con el Cartel de Medellín en Panamá, desde que Leyva llevó al monte a Pastrana a charlar con Marulanda, o desde que el mismo obispo de Montería inició las conversaciones con las Auc, tiene bases fundadas – estas sí- para prever que desde acá desemboquemos en un proceso de negociación tan confuso, traumático y contrahecho como en su tiempo y en su escala lo fueron la Catedral para Pablo Escobar, la “zona de distensión” en El Caguán y la ley que llaman “de justicia y paz”.

Lejos de mí hablar mal de la paz, el diálogo y la negociación como maneras de poner fin al desangre y al absurdo que representa esta guerra tan larga de perdedores. Vea usted: es una guerra cuya existencia misma nos negamos a admitir -en Colombia no existe “conflicto armado”- y cuyos intentos de negociarla nos negamos a llamar negociaciones: no hubo pactos con Escobar, ni pasamos del “diálogo” en el Caguán, ni las Auc tuvieron “estatus político”.

Es el pedazo esencial de la verdad que no se dice y cuyo silenciamiento nos condena al juego circular de los equívocos y a decisiones mal fundadas. Con Escobar, con Marulanda y con las Auc nunca hubo claridad sobre las cosas mínimas: con quién, para qué y hasta cuáles concesiones puede y debe negociar un Estado que se piensa soberano. Las consecuencias de ese autoengaño colectivo y repetido saltan a la vista.

Y el caso de los obispos es apenas un ejemplo, porque lo mismo pasa con las reformas en salud, el referendo Caribe o el cierre de la revista Cambio. Y seguirá pasando.

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