Elecciones en riesgo
Llama la atención que el riesgo se ha desplazado hacia la región oriental en los departamentos de Guainía, Guaviare, Arauca, Caquetá, Vaupés y Vichada. Pero en la costa también están en riesgo los departamentos de Córdoba, Sucre y Magdalena.
Los investigadores que elaboraron los mapas (haga la descarga aquí) hacen parte de la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana y la Misión de Observación Electoral. Para hacer el estudio tomaron en cuenta las siguientes variables que permiten determinar cuáles son las zonas de mayor riesgo electoral: niveles atípicos de participación, riesgo por manipulación de votos nulos y tarjetones no marcados; riesgo por votaciones atípicas por candidato o lista; riesgo por irregularidades en formularios y una relación entre riesgos y denuncias por delitos electorales. El estudio tuvo en cuenta el comportamiento electoral de los municipios en las elecciones de 1998, 2002 y 2006.
"Hacemos un llamado a los organismos del Estado para que concentre sus acciones contra el fraude en las zonas en las que hay riesgos reincidentes", dijo la investigadora y politóloga Claudia López.
López agregó que el fraude electoral no es causado por muchos factores, como se creería. "Están plenamente identificados. Los factores tienen que ver con los jurados, los delegados, los registradores municipales y departamentales, y los candidatos. A la fecha, no hay un solo delegado de la Registraduría o registrador que haya sido sancionado por irregularidades presentadas en las anteriores elecciones".
El investigador Javier Flórez, de la Universidad del Rosario, habló acerca de otra de las variables que se tuvieron en cuenta para elaborar los mapas: el constreñimiento a los electores. En Cámara el riesgo se puede presentar en 223 municipios y en 227 para Senado.
El investigador dijo que principalmente esto se presentaba en el sur del país, donde siempre se da una escasa participación electoral. Pero el estudio también prende las alarmas sobre los siguientes departamentos: Tolima (por presencia de las Farc y grupos paramilitares) Córdoba, Cesar y Casanare (por presencia de paramilitares).
Luego habló la investigadora de la MOE, Sol Gaitán, quien explicó la variable de votaciones atípicas por candidato o lista en las regiones del país. Es decir, una variable que da indicios sobre los territorios con dominios políticos tradicionales muy arraigados, donde determinados candidatos obtienen votaciones apabullantes.
Según las estadísticas, durante las elecciones de 1998, 2002 y 2006 las atipicidades reinciden en 356 municipios, para las votaciones de Senado, y en 694 municipios, para las votaciones de Cámara.
"Hemos identificado unos corredores donde se presentan estas atipicidades. Están ubicados en el Putumayo, Casanare, Arauca, Amazonas, Guainía y Guaviare. De forma particular, en algunas de estas regiones hay explotación de petróleo, y en otras hay cultivos de coca", dijo Gaitán.
“Estas alertas tempranas deben servir a las autoridades para su labor en el diseño y adopción de medidas oportunas y eficaces tendientes a garantizar la celebración de comicios, pues lo que se observa es que el riesgo por variables electorales está territorialmente concentrado, e identificado, tanto por departamentos como por municipios, y también por el tipo de variables que generan el riesgo”, señaló Alejandra Barrios Cabrera, directora Nacional de la MOE.
Autoridades en alerta
Los mapas fueron presentados ayer miércoles 16 de febrero ante la Ragistraduría y el Consejo Nacional Electoral. Según la directora de la MOE, tanto el registrador Carlos Ariel Sánchez como el presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, se mostraron preocupados ante el panorama de riesgos.
Luego de la reunión, el registrador y el magistrado le enviaron una carta al presidente Uribe. "Con fundamento en el mapa de riesgo de fraude electoral elaborado por la entidad (MOE) y con la finalidad de evitar suplantación de sufragantes, se han solicitado recursos al Gobierno Nacional por valor de $22.000 millones para implementar esta tecnología en las elecciones de 2010 y aplicar los controles biométricos en las zonas de mayor vulnerabilidad", dice la carta.
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