Cuestionan a la Gobernación de Antioquia por participación en política
La acusación es grave y como prueba dicen que el departamento se está negando a invertir recursos en municipios donde alcaldes y gerentes de hospitales se resisten a promover a los dos candidatos. También sostienen que los cargos de servicios generales en instituciones educativas departamentales de 120 poblaciones en Antioquia que provee la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), los están repartiendo con lógica política para favorecer a Rendón y a Zuluaga.
Consultado por Votebien.com al respecto de estas denuncias, el gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), y asesor cercano al gobernador Ramos, Jorge León Sánchez, aseguró que no están favoreciendo a ninguna persona o candidatura, y que el servicio a la comunidad es su norte.
Las denuncias
“Ya no se compran votos al detal”, dice Martín Alfaro García, diputado de la Asamblea de Antioquia por el Partido Conservador (ex Equipo Colombia) y uno de los más enconados críticos de la manera cómo actúan algunas dependencias de la Gobernación de Antioquia en el actual proceso electoral.
“Los alcaldes son líderes en sus municipios y se convierten de manera automática en jefes locales de campaña de las candidaturas impuestas por la Gobernación”, asegura García y añade que los alcaldes están poniendo a trabajar a dirigentes barriales, comunitarios y campesinos en estas campañas.
Nicolás Pineda, diputado por el Partido Conservador, expresa su molestia por la parcialidad política impulsada desde el despacho del Gobernador Luis Alfredo Ramos: “Ayudé a elegirlo, saqué muy buena votación y hoy no tengo entrada a ninguna dependencia de la Gobernación”. Eso se debe, según él, a que apoya a dos candidatos distintos a los que promueve la administración departamental.
“Cuando oficialicé mis candidatos al Congreso la expresión no oficial fue ‘Nicolás está apoyando los enemigos de este gobierno’. Eso generó la persecución de la administración departamental. Esa persecución se traduce en cero favores que pido, como lo hace todo político”, explica Pineda.
Un sector del Partido Liberal, cercano al ex gobernador Aníbal Gaviria Correa, también tiene sus críticas. El más incisivo en las denuncias es el ex congresista Ramón Elejalde: “No hay ninguna garantía electoral en el departamento de Antioquia, porque el Gobernador tiene sus candidatos”, advierte y se pregunta: “¿Si se comporta así incluso con sectores de su mismo partido, qué podremos decir de los partidos o de las personas que hacemos oposición?”. Asevera, además, que ha tenido contactos con funcionarios locales y regionales, quienes le han confirmado que en la Gobernación de Antioquia insisten en que deben acompañar la fórmula completa al Congreso: “dicen que no les sirve el apoyo a un solo nombre”.
A estos cuestionamientos se suma Jorge Enrique Vélez, actual Senador por el Partido Cambio Radical y quien busca la reelección. Dos hechos ha vivido que revelan, según él, la manera cómo vienen actuando algunas dependencias de la Gobernación de Antioquia.
El primero de ellos lo presenció en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia, en diciembre pasado, cuando según Vélez, el Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional (Maná) fue utilizado para hacer campaña. “Enviaron los mercados para los niños pobres de esa localidad y los quisieron desviar para hacer política con ellos, afectando a los menores más vulnerables”, relata el senador Vélez.
El segundo hecho lo vivió el 11 de enero pasado en una de las entradas del Túnel de Occidente, que administra la Gobernación de la Antioquia: “estaba en compañía del doctor Omar Flórez, candidato a la Cámara por Cambio Radical e intentaron sacarnos por orden del despacho del Gobernador. Ese día estaba de encargado el Secretario de Gobierno, Andrés Julián Rendón”.
Puestos a cambio de apoyos
Los cuestionamientos también involucran a la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), una entidad de carácter mixta creada en 1995 por la Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad Nacional sede Medellín, Universidad Eafit y Universidad Pontificia Bolivariana. Esta entidad ejecuta desde hace varios años un convenio interadministrativo suscrito entre la Universidad de Antioquia y la Gobernación que consiste en proveer 1.938 cargos, entre secretarias, servicios generales, apoyo auxiliar administrativo, bibliotecólogos, operarios de aseo y granjería, requeridos por instituciones educativas de 120 municipios en Antioquia.
Hasta el pasado 9 de febrero había 1.132 cargos activos y se requieren 806 hojas de vida para cumplir con las necesidades del convenio. De acuerdo con información dada por el CIS, en este momento hay 306 personas en proceso de contratación y se está a la espera de la remisión de 500 hojas de vida por parte de los rectores para cubrir diversas vacantes. En ese punto es donde los críticos han puesto la lupa, pues dicen que con ello se está haciendo política a favor de la fórmula impulsada por la Gobernación de Antioquia.
“En el CIS, la orden es darle prelación a las hojas de vida que envíen Liliana Rendón y Obed Zuluaga”, afirma el ex congresista Elejalde. En ello coinciden los diputados García y Pineda.
El uso político de este convenio no es nuevo. Los diputados denunciantes señalaron que allí habían colocado gente de sus afectos políticos y el castigo por no apoyar la fórmula de la Gobernación de Antioquia fue cancelar esos contratos de trabajo.
El hecho ha sido tan notorio que, por ejemplo, el diputado Pineda asegura que hace poco “fue a pedir” cargos en la CIS y no se los dieron: “argumentaron que no me podían dar nada porque apoyaba a los enemigos de este gobierno”.
Otro diputado, quien solicitó la reserva de su nombre, dijo a Votebien.com que si le despedían sus recomendados haría un escándalo. No obstante, cuando le notificaron que “su gente no saldría del CIS” decidió no hacer público su malestar con la administración departamental.
A la pregunta de por qué el Gobernador de Antioquia se empeña en promover la candidatura de Liliana Rendón y Obed Zuluaga, los diputados por el Partido Conservador tienen sus interpretaciones. “La estrategia está diseñada para que Liliana Rendón sea la mayor electora en Antioquia”, dice García. A su vez, Pineda indica que se trata de “una demostración de poder frente a los demás caciques electorales del departamento”.
¿Denuncias oficiales?
A pesar de todos estos cuestionamientos hasta el momento no existen denuncias oficiales. El problema es que es poco probable que alcaldes y gerentes de hospitales regionales admitan públicamente las presiones. “No van a dar un testimonio porque no quieren perder recursos del Departamento, pero en privado me lo han dicho,” dice García.
Aunque muchas personas están renuentes a hablar, García está liderando a un grupo de diputados que están recabando pruebas sobre la presión política que está ejerciendo la Gobernación. Esperan presentar una denuncia formal ante la Procuraduría en los próximos días.
Mientras tanto, la Misión de Observación Electoral ya está al tanto de la situación. “Hay un comportamiento atípico de mandatarios locales que están comprometidos e impulsando algunas de estas candidaturas,” dice Patricia Fernández, Coordinadora de la MOE en Antioquia. En las reuniones que la MOE ha hecho en distintos municipios con ciudadanos este es un tema que siempre sale a flote.
La Gobernación y el CIS responden
Ante todas estas denuncias no oficiales, la Gobernación de Antioquia salió al paso a través de Jorge León Sánchez, uno de los funcionarios de confianza de Ramos Botero y gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), quien desestimó todos los cuestionamientos.
“Nadie puede decir que estamos favoreciendo a una u otra persona, orientando el presupuesto departamental para favorecer una candidatura o transgrediendo las normas de contratación estatal para entregárselo a un amigo o a un candidato político”, dice Sánchez. “Si hay alguna liberalidad para emprender alguna acción, tomar una decisión o generar una selección lo hacemos pensando siempre en el bienestar de la comunidad, no en el beneficio personal de una u otra persona”.
Asimismo, argumenta que a Ramos lo caracteriza la imparcialidad, respeto por la opinión ajena y por las creencias diversas. También asume que las críticas son normales en la gestión pública: “Es natural que en esa tarea algunas personas opinan que la gestión es buena y que otros digan que no. Estos últimos son una minoría, que tienen propósitos políticos o, simplemente, son viudos del poder”.
Contrario a lo expuesto por los diputados, Juan Alberto Gallego Botero, director de la CIS, niega que el convenio interadministrativo con la Gobernación de Antioquia se haya politizado y se privilegie alguna campaña electoral. “Lo que ocurre es que hay una serie de contratos laborales temporales, inferiores a un año, que por ley sólo permite tres renovaciones sucesivas de contratos, después de eso la gente debe salir del cargo”, explica el directivo de la CIS.
Para reforzar su explicación muestra la Circular Informativa N° 13 de septiembre de 2009, enviada por la Jefe de Gestión Humana y Vinculación, Sandra Patricia Suárez Bedoya, a los rectores de instituciones educativas del departamento con personal vinculado a la CIS. En esa misiva, se les informa que el personal de servicios generales tiene contrato hasta el 31 de enero de 2010 y se les indica que “por ningún motivo deben continuar trabajando”. Asimismo, se les solicita remitir a más tardar el 25 de noviembre las hojas de vida de aquellos que harán los reemplazos.
Justamente la terminación de esos contratos coincidió con el comienzo de la campaña electoral, lo que a juicio de este directivo está siendo mal interpretado por algunos detractores de la Gobernación de Antioquia, debido a la susceptibilidad que surge en los periodos electorales: “Esta situación, en abril o mayo, no se hubiera presentado. En el pasado también se ha dado y espere que haya elecciones para Alcalde y Gobernador, ahí se volverá a hablar del tema”.
Además, precisa que a su oficina no ha ido ningún diputado ni ningún candidato al Senado o a la Cámara a llevar hojas de vida. “Lo que sí ha ocurrido es que la gente llega y dice que viene de parte de uno u otro, pero ahí dejamos la hoja de vida para que sea analizada por un comité de selección”, explica Gallego Botero, quien asegura que no conoce personalmente a Liliana Rendón, “sé quién es ella y la he visto en afiches, pero nunca ha venido a mi oficina”.
Ya sea por susceptibilidades electorales, porque alguien esté manipulando información o porque los hechos denunciados tengan algo de certeza, lo cierto es que en Antioquia la campaña electoral es tensa y las discusiones sobre el papel de la Gobernación de Antioquia rondan los alrededores de la sede de gobierno regional. Serán las autoridades las que determinen si efectivamente hay o no participación directa en política de los funcionarios de la administración departamental.
Votebien
