18 de febrero de 2025

Más allá de la seguridad democrática

14 de enero de 2010

Esa definición no proviene ni de documentos del gobierno de Álvaro Uribe ni de algún comunicado de las FARC. A ella llegó en 2002 un grupo de colombianos conocedores del tema de la seguridad – los generales Álvaro Valencia y Henry Medina, el fallecido Roberto Camacho y el ex viceministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, entre otros -, coordinados por el inmolado Gilberto Echeverri en el marco de Los Talleres del Milenio organizados por PNUD y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional. La traigo a la memoria porque mucho se habla de continuar con la seguridad democrática como condición de supervivencia de nuestra sociedad y de su democracia, pero nadie analiza lo que ella significa después de 8 años de ser la popular bandera emblemática del uribismo.

Hoy se entiende por seguridad democrática la acción militar represiva, fundamentada en las armas y en presupuestos crecientes para la guerra, la colaboración de los ciudadanos no por convicción y por un sentido de corresponsabilidad ciudadana con la seguridad sino por el interés económico de una recompensa, como reiteradamente lo han denunciado Antanas Mockus y Lucho Garzón y finalmente, centrar todo el problema en la guerrilla, en las FARC. No menciono el espinoso tema de los derechos humanos, pues su violación sencillamente no puede hacer parte de una política del Estado. Esa visión que tuvo su importancia y sentido en 2002, luego del rompimiento de las negociaciones de paz, en la hora actual aparece superada por los hechos, pues deja de lado que la guerrilla ya no amenaza la seguridad del Estado, que hoy los amenazados son los ciudadanos por la acción de los verdaderos enemigos de la sociedad, el narcotráfico con sus mafias y las FARC son solo una de ellas. Como se dijo en Los Talleres, el problema tiene que ver más con la convivencia y con situaciones nacidas de la sociedad misma: la falta de una política hacia los jóvenes – con los jóvenes y para los jóvenes – que se encuentran en medio de un desierto social y emocional, sin futuro ni apoyo y comprehensión, desconocidos y temidos por la sociedad; por el consumo de drogas en la ilegalidad con todo lo que ello supone; por la ausencia de una justicia que evite que los naturales conflictos nacidos de la convivencia, se vuelvan violentos. Definitivamente, es puro oportunismo reclamar la simple continuidad de la política de seguridad democrática en la versión de Álvaro Uribe. Los tiempos aconsejan revisar la definición del 2002, para ir más allá.