Justicia para los de ruana
A este temible boxeador se las cobran todas, por la pigmentación de su piel. Si moja los labios con unas gotas de alcohol, si pega a quien lo ofende, si su mano roza la delicada seda de una dama encopetada, son motivos suficientes para clavarlo en un penal. Lo que jamás ocurriría con un Kennedy.
En Colombia, desde fechas muy lejanas, ha hecho carrera este ofensivo adagio: “la justicia es solo para los de ruana”. Ahora, con el Sistema Acusatorio, una defensa tiene precios prohibitivos. Actuar en representación de un sindicado, por ejemplo en Marulanda, por un crimen ocurrido en una remota vereda, es todo un viacrucis para el abogado. La responsabilidad profesional le implica un traslado a ese municipio, quedarse allí varias semanas para asistir a las audiencias que requieren su presencia, viajar hasta la apartada región campestre donde se cometió el homicidio en busca de evidencias probatorias, poco importa que ese territorio esté plagado de una guerrilla secuestradora. Dado el costo que una asistencia legal pueda tener, al indiciado no le queda más recurso que la asistencia de un profesional subvencionado por el estado.
La justicia le da un manejo caprichoso y arbitrario a procesos que producen espasmo en la opinión. La Ley de Justicia y Paz sanciona con penas de prisión entre cinco y ocho años como máximo, los más aborrecibles delitos. El corte de franela, la utilización de sierras eléctricas descuartizadoras que, sin anestesia, hacen mutilaciones progresivas de dedos, manos, brazos, extremidades, amputación violenta de la lengua, violaciones sexuales en presencia de una familia aterrorizada, cercenamiento del pene e introducción del mismo en la boca de la despavorida víctima y muchas barbaridades mas, delitos repetidos una y otra vez, son ahora condenados apenas con meses de prisión. Karina, alumna del diablo, comandó un grupo de facinerosos que horrorizó en los tramos cordilleranos que corresponden al Norte de Caldas. Fueron muchos los secuestrados guardados en la espesura de la selva hasta el pago del rescate, varios los villorrios asaltados en madrugadas, con estallidos de las pipetas de gas, el estruendo de los fusiles, el grito colérico de unos Atilas enloquecidos y, por último, satisfechos con la fúnebre hazaña, celebrar el infernal festín, cortando cabezas para jugar un fútbol satánico. Karina, convertida en monstruo por su capacidad vesánica, pagará, en virtud de la generosidad inaudita del Estado, ocho años de enclaustramiento. Irónicamente el gobierno acaba de poner a su servicio aviones y vehículos, como si fuera una reina de belleza, para pasearla por el país con el propósito de que ella cuente sus experiencias como guerrillera. En cambio, una mujer con piel de armiño, que no cometió delito alguno, Marleny Osorio, paga en la cárcel los mismos ocho años de privación de la libertad por haber incluido en nómina , cuando el cargo oficial que ella desempeñaba lo permitía, a unas personas honestas y competentes. Karina secuestradora, extorsionista, asesina, genocida, profesional del crimen, resulta condenada con los mismos años que la doctora Osorio, por inicuo error judicial. Para el gobierno es más importante y merece mas consideraciones el monstruo dantesco de Karina que la exdiputada, meritoria como ninguna, servidora infatigable de la comunidad, y quien pese a este injusto calvario, algún día regresará triunfante como el Ave Fenix.
El papel mas infame del Estado se viene cumpliendo en el proceso de la Yidispolítica. Altos heliotropos del gobierno se degradaron a un despreciable nivel de delincuencia para satisfacer el angurriento apetito del Virrey que anhela morir anudado en el poder. Resulta que un delito que imprescindiblemente necesita de dos extremos para su comisión, el cohecho, en Colombia, único país en el mundo, solo la cometieron quienes aceptaron y recibieron unas prebendas dolosas. Los que coquetearon, y en secreto pactaron beneficios simoníacos, y además cumplieron los compromisos inmorales, siguen orondos de ministros y embajadores.
Iván Díaz Mateus era el representante principal y Yidis Medina su suplente. A él también le hicieron encerronas los alter ego del Príncipe, para que pusiera contra las tablas a la señora Medina amenazándola que si no actuaba a favor de la reelección sería desalojada de su curul. Esta sola conducta chantajista fue suficiente para que fuera condenado a seis años de prisión. Mediante un asalto rabulesco y sombrío, Díaz Mateus obtuvo que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocara el fallo proferido y decretara su libertad. El caso llegó al máximo Ente Constitucional que perentoriamente determinó que las sentencias que emiten los órganos judiciales de cierre, como la Corte Suprema de Justicia, son inmodificables. En consecuencia revocó su libertad y ordenó que el reo cumpla la condena.
Fue la de Díaz Mateus una conducta extorsionista, que en otro campo se agigantó con la actuación torcida y maquiavélica de los Ministros de Salud Diego Palacio y la del actual embajador en Italia Pretelt de la Vega cuando era Ministro del Interior. Estos dos, más otros encumbrados correveidiles, organizaron la emboscada. En ella quedaron atrapados los ingenuos parlamentarios de Barrancabermeja y Caicedonia. Ambos, son un extremo en el reato de cohecho y ya están condenados sin derecho a una libertad precaria. En el otro polo de este delito, acampan los taimados autores intelectuales, los que fueron sus determinadores, los que nombraron a las volandas unos empleados públicos para amarrarlos en el momento de la votación, bribonada que aceptaron los dos conejillos de indias, ¡candorosos legisladores provincianos! a quienes, además de prebendas burocráticas, entregaron también la notaría 67 de Bogotá a Teodolindo Avendaño, con el compromiso del funcionario nombrado, de cancelarle al complaciente legislador del Valle, 450 millones. Apenas alcanzó a consignarle 250. Los buitres están agazapados. Ellos son invulnerables para una justicia asustadiza.