Crónica de una crisis anunciada
La financiación de la salud depende de tres equilibrios fundamentales. Ante todo, de la proporción de los que la pagan por la vía de la contribución, unos 8 millones de cotizantes para 17 millones de personas cubiertas (familiares y dependientes), frente a los que no cotizan pero reciben el servicio por la vía del subsidio, 24 millones de personas de los estratos 1 y 2, “los sisbenizados”. Por cada contribuyente hay 3 subsidiados. El desarrollo de la ley 100 planteaba que gradualmente crecería el universo de los contribuyentes y no el de los subsidiados, gracias al avance de la economía y el empleo formal. Resultó lo contrario, Colombia “se sisbeniza” empujada por el desempleo y el deterioro de las condiciones del trabajo y de la contratación. La política del gobierno Uribe, de ampliar el cubrimiento del Sisben, acrecentó el desequilibrio financiero.
Era solo cuestión de tiempo llegar a lo actual, al romperse el segundo de los equilibrios que demanda la financiación de la salud, entre de una parte las contribuciones a la salud que aportan los ciudadanos con capacidad de pago, que subsidian al que no tiene empleo e ingreso suficiente, y de la otra, los recursos del presupuesto público. De esta cruda realidad no habla el gobierno, pues el tema es de más impuestos.
El tercer equilibrio nace del paquete de atención básica obligatoria (preventiva y de consulta general) que el Estado le garantiza a todo ciudadano, el célebre POS. Equilibrio entre su costo y el monto de los recursos disponibles. El desarrollo del POS debía ser progresivo, con una estrategia definida y conocida por todos, empezando por los jueces. Gradualmente incorporaría servicios más complejos hasta llegar a un punto preestablecido a partir del cual servicios adicionales debían ser garantizados por un segundo nivel pagado por el ciudadano y subsidiariamente por el Estado. Finalmente, un tercer nivel de altísima complejidad – cánceres, trasplantes…-, para cubrir situaciones de ocurrencia probable, operaría a partir de un seguro universal pagado de manera semejante al nivel intermedio. En las limitaciones del Pos y en la ausencia de los otros dos niveles de atención, las tutelas del derecho a la salud encontraron terreno abonado para crecer cual flor silvestre.
El gobierno reduce el problema a los abusos con las tutelas, que existen sin duda. Como lo planteo el editorial de este periódico “las medidas…insisten en viejos errores y pueden llevar a un mayor descalabro… y a mayor injusticia social” añadimos, especialmente con la ya muy golpeada clase media. Silencio total sobre la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia en el sector, que clama a los cielos supervisión y regulación pública, responsabilidad de una Superintendencia olvidada y marginada.
