13 de febrero de 2025

Corrupción

16 de enero de 2010

Desde el punto de vista de los bienes colectivos esa postura da autoridad moral para, con el paso de los días, poder distinguir entre aquellos cambios que se adoptan de manera genuina en busca del perfeccionamiento de la gerencia y aquellos otros que tienen como su principal propósito subrayar, con afán de notoriedad, el carácter innovador de algunas iniciativas de los funcionarios públicos.

Esos pensamientos explican porqué desde hace más de tres años me he abstenido de emitir opinión alguna sobre la lucha contra la corrupción en Colombia y porqué ahora me siento obligado a romper el silencio que sobre esta materia voluntariamente me había impuesto.

Con el imperial título de Zar Anti-corrupción, Oscar Ortiz González señaló, el pasado domingo 10 de enero en la edición de El Tiempo, que gracias a su gestión y a sus neuronas sólo hasta ahora se ha empezado a entender el fenómeno de la corrupción en Colombia. A este respecto preciso es señalar que constituye verdadera lástima que nuestro Zar desconozca los trabajos que sobre esta materia, de tiempo atrás, se han realizado en la Contraloría y en particular aquel que lleva por título “La Lucha Anticorrupción en Colombia: Teorías, prácticas y estrategias”, publicado en mayo de 2005.

De haber estudiado este análisis, y de haberse tomado el trabajo de documentarse sobre las acciones que se han desarrollado por la Procuraduría y la Contraloría en los últimos tiempos, el aludido funcionario no sufriría, de manera tan aguda, la enfermedad infantil del adanismo.

No es ello, sin embargo, lo más criticable de las posturas anticorrupción del doctor Ortiz González. Lo más preocupante es la confusión que se genera si se acepta su concepción sobre el problema de la corrupción. Según su diagnóstico, en  promedio, se genera un 12.9% del valor de cada contrato como soborno. Lo cual aplicado al presupuesto de inversiones da como resultado que la corrupción valdría 3.9 billones de pesos por año. Monto con el cual se podrían construir “2.000 alcantarillados y 1.800 acueductos; se pagaría la educación de 325 mil niños. Se podrían beneficiar 347 mil familias con un subsidio de vivienda” etc.

Ese tipo de vagas generalizaciones son indebidas e inconvenientes por varias razones. En primer término, como se aprende en el primer curso de estadística, es necesario saber cuál es la representatividad de ese promedio para saber su verdadera significación. En segundo lugar, esa generalización contribuye a la anomia social en la lucha contra la corrupción ya que explícitamente lo que se sostiene es que de alguna manera la sociedad colombiana está constituida por empresarios y funcionarios públicos que en su totalidad buscan, sin ninguna excepción, la riqueza fácil y que al contribuir de esa manera a la pérdida de los bienes públicos aportan todos al pecado colectivo. Bajo esa óptica todos son  responsables de la corrupción y nadie lo es, y por ende al final hay mucha corrupción y ningún corrupto.

Peor aún, esa conceptualización da pie no se investigue a fondo sobre los verdaderos responsables de la corrupción. Después de todo, y para citar sólo dos ejemplos notables, ¿quién ha respondido políticamente en los Ministerios del Interior y de Protección Social por los casos de corrupción en el INPEC y en el Seguro Social, acerca de cuyo combate tanto se enorgullece nuestro adánico Zar?. El Pilón.