16 de septiembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Colombia descuadernada

17 de enero de 2010

El Presidente aprovechó sus vacaciones para poner en marcha la primera noticia. En entrevista para La Voz de Montería, el mandatario declaró que su reelección “dependerá de la Corte Constitucional, del pueblo y de Dios nuestro Señor”. Estas palabras dieron pie a un revuelo político-teológico donde se habló de todo menos de lo que dijo Uribe: que él sí quiere reelegirse, que ya no hay ‘encrucijada’, y que el asunto ahora depende de terceros.

Tenemos presidente-candidato, y tanto así que el Procurador piadosamente le pidió que desde ya se someta a la Ley de Garantías. Digo ‘piadosamente’ porque esa Ley no garantiza nada y porque el concepto del Procurador parece escrito por el jefe oficial de la campaña: la ley de referendo no tiene vicios graves de fondo ni de forma, el Congreso sí podía cambiar la pregunta, la plata mal habida de las firmas no invalida el proceso, la Corte debe y puede acortar el plazo para fallar, y el tiempo alcanza para que Uribe sea reelegido en Mayo.

Las objeciones no se hicieron esperar. La reelección no es un ‘articulito’, sino un cambio completo de la Constitución, y eso no puede hacerse por esta vía. No se faltó a un formalismo sino que hubo trece vicios sucesivos de procedimiento que contradicen la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso. El Procurador admite varios vicios ‘leves’, y éstos en derecho bastan para anular el proceso. La Corte no debe fallar a las carreras sobre un tema tan complejo y delicado. Y aunque la Corte corra, los plazos de la Ley no harán posible organizar el referendo a tiempo para la inscripción y la elección de Uribe.

Los argumentos de un lado y del otro son bastante sólidos (aunque yo creo que la Ley en cuestión es inexequible). Pero aquí el punto es otro: la oposición ha desvirtuado el concepto del Procurador porque lo ve como un funcionario “de bolsillo”. Y este cargo, otra vez, es debatible: Ordóñez no fue postulado por el Presidente sino por el Consejo de Estado, por él votaron (ruidosamente) el Polo y el Partido Liberal, y ha disentido del gobierno en temas como el Tercer Canal. Más que otra cosa, creo yo, es un santandereano de principios.

Y si embargo el problema queda intacto: Ordóñez fue elegido por el presidente que controla el Congreso que eligió al Procurador y que a la vuelta de unos meses debería intervenir en la reelección del funcionario que lo eligió. Es lo mismo que pasa con los tres magistrados -González, Correa y Pretelt- que Uribe llevó a la Corte Constitucional cuando la Ley del referendo ya estaba siendo adoptada.

El daño, pues, está hecho -aunque tuvieran razón, en conciencia y en derecho, el Procurador y los magistrados que apoyen el referendo. El daño viene, paradójicamente, de acatar las normas constitucionales para elegir a los altos funcionarios después de que cambió el ‘artículito’ de la primera reelección. O sea que la ley se cumple para violar el espíritu de la ley – o, en este caso, el principio de la separación de poderes.

En el caso de los detenidos por la monstruosidad de los ‘falsos positivos’, mi punto es más de lo mismo: los funcionarios que, en medio de las vacaciones judiciales, ordenaron la libertad de 17 y luego de otros 7 militares, en realidad se limitaron a cumplir lo que manda la ley. Se protegió una garantía legítima del presunto culpable para violar el derecho de las víctimas que es la razón de ser del derecho penal.

Ídem con el Consejo de la Judicatura, que vigila por ley a todos los jueces pero con eso absuelve a un congresista condenado nada menos que por la Corte Suprema.

Y es que en Colombia para violar la ley hay que cumplirla.

www.razonpoublica.com