Primero: cumplir con lo que hay

O sea, la implantación de una norma jurídica-como existe en Chile- que obligue al gobierno a generar anualmente un superávit en sus cuentas fiscales.

En Chile esta obligación es equivalente al 1% del PIB. Esta iniciativa, que está siendo promovida por el propio gobierno, hay que saludarla con entusiasmo. Es un buen atenuante contra las fuerzas revaluacionistas que de manera estructural comienzan a sombrear sobre la economía colombiana.

Pero para prepararnos a esta trascendental innovación es indispensable, previamente, cumplir de manera transparente con las normas que ya existen. No ganamos mayor cosa sofisticando las normas de prudencia fiscal de que disponemos si el cumplimiento de las ya existentes sigue siendo opaco.

Algunos de los ejemplos (de lo que debería cumplirse bien antes de mejorar lo existente) que se mencionaron en la reunión convocada por Planeación, son los siguientes:

Hay que divulgar con mayor transparencia las cifras sobre “vigencias futuras”. ¿Cuánto valen? ¿A favor de qué sectores se han venido abriendo últimamente? Las “vigencias futuras” son una institución presupuestal que utilizada con moderación resulta útil para asegurar un flujo de recursos presupuestales para financiar la construcción de obras cuya ejecución se prolonga más allá de una sola vigencia fiscal. Pero si se utilizan con desmesura se convierten en un semillero de endeudamiento y de déficit. Hay que comenzar, pues, por revelar su monto. La primera vez que esta revelación se hizo fue precisamente en este seminario, por boca del subdirector de Planeación Nacional.

En segundo lugar, deben suspenderse las decisiones improvisadas sobre gasto público. Un ejemplo de éstas lo encontramos en el anuncio que se hizo hace poco de que el gobierno vendería el 10% de sus acciones en Ecopetrol para financiar la construcción de grandes troncales. No es que la idea sea mala en sí. Lo que resulta incomprensible y desinstitucionalizante es que una iniciativa de tanta envergadura ni siquiera se hubiera mencionado previamente en el Plan de desarrollo, ni en el marco fiscal de mediano plazo. Surgió de un apresurado documento Conpes y al calor de un consejo comunal.

Y lo que es más sorprendente: para que la venta del 10% de Ecopetrol no aparezca como una privatización, se le envuelve en el papel celofán de que la compra la harán los departamentos a través de su fondo pensional denominado FONPET.

Pero en el afán por envolver con un amable papel no privatizador la venta del 10% de las acciones de Ecopetrol, parecen haberse olvidado dos asuntos de fondo: primero, que los departamentos no deben participar en la construcción de grandes troncales nacionales. Así lo disponen las normas sobre la descentralización. Ellos-los departamentos- ya tienen suficientes dolores de cabeza al deber responder por el mantenimiento del 40% de los kilómetros carreteros del país que son las vías secundarias. Que están a su cargo, y que se encuentran destrozadas. Y segundo, que riñe con elementales principios de prudencia financiera- que deberían presidir el manejo un fondo pensional como el FONPET- que una parte cuantiosa de su portafolio quede concentrada en una sola acción. Como sucedería con la de Ecopetrol. Cuyo rendimiento, por buena que sea la acción, puede caer bruscamente con las cotizaciones del petróleo como sucedió el año pasado.

De manera que está muy bien que el gobierno esté pensando en darle al país una “regla fiscal”. Pero para hacer bien las cosas, habría que comenzar por cumplir rigurosamente con las normas de prudencia fiscal que ya existen.