2 de octubre de 2023

Otro caso espera a Teleamazonas

25 de diciembre de 2009
25 de diciembre de 2009

Así lo manifestó Pablo Ortiz, abogado de la estación televisiva, tras recordar que esta cuarta   demanda  es por difundir una supuesta grabación clandestina  en el noticiero de la mañana .

En agosto pasado, el periodista Jorge Ortiz entrevistó al militante de Sociedad Patriótica  Fernando Balda (SP). Él difundió  una grabación clandestina en la que el presidente Correa y algunos de sus funcionarios conversaban sobre supuestos cambios  en el texto constitucional después de haber sido aprobado en Montecristi.   

Con  base en el   artículo 80, literal  h, de la tercera clase de infracciones de la Ley Radiodifusión y Televisión vigente, el Mandatario  pidió sancionar a la estación televisiva por reproducir un audio al que él consideró clandestino,

En el enlace radial sabatino del 29 de agosto, el Primer Mandatario solicitó  iniciar,   “de acuerdo con la ley, la clausura de Teleamazonas, brinque quien brinque, llore quien llore”.

Las palabras del Mandatario levantaron tal polémica, que su  propio secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, debió salir a los micrófonos para aclarar que la clausura del canal no es una sanción que se deriva de la infracción cometida por el noticiero, al recoger el audio de Balda. La sanción adecuada sería una multa.

Precisamente, Pablo Ortiz dice que la demanda es  inconstitucional. La razón: cuando el presidente Correa creó, el pasado 13 de agosto, el Ministerio de Telecomunicaciones, se cometieron  atropellos de procedimiento.

Por ejemplo, no sería viable el  traspaso de competencias -vía Decreto Ejecutivo No. 8- del desaparecido Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), encargado de aplicar la sanción a Teleamazonas,  al  Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Este ente  pasó a formar parte del nuevo Ministerio. “Solo con  una ley se puede reformar otra. No a través de un decreto”.

Pese a esta polémica jurídica,  el  cuarto caso contra  Teleamazonas siguió su camino. Es decir, el reestructurado Conatel   envió su informe a la Supertel. No está previsto cuándo esta entidad dará su fallo sobre este tema.

Fernando Bucheli, quien ejerció la Presidencia del Conartel, dice que una  sanción al canal   no cabe por otro argumento legal. “El Superintendente no puede calificar sobre un informe. Lo que ocurrió es inconstitucional e inmoral porque Fabián Jaramillo es juez y parte de lo que sucede”.