REFORMAS Y GABELAS
El propio FMI, el mismo que exhortó a los gobiernos a implementar políticas contracíclicas como terapia contra la crisis global, a riesgo de abultar su déficit fiscal, ahora está clamando por su desmonte ante el temor de que este se convierta en una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Lo acaba de plantear el Presidente Obama, que él teme una recaida y que esta puede ser peor que la que aún se convalece.
El B de la R ya le llamó la atención al gobierno, en el sentido de que es imperioso poner las finanzas en orden, que tiene que apretarse el cinturón y con tal fín le recomendó establecer una regla fiscal que induzca la generación de ahorro público. Esto es exactamente lo mismo que le recomendó la Misión del Ingreso que rindió su Informe en agosto de 2002, pero al que pocas bolas le ha parado este gobierno ni en la primera ni en la segunda administración.
De hecho la Ley 819 de 2003 establece la obligación de generar anualmente un superávit primario en los presupuestos públicos y se la han pasado por la faja. Pero, esta vez, parece que la cosa va en serio, pues el gobierno ha caído en la cuenta que este es el principal impasse para que Colombia puede obtener la calificación plena de inversionista para su deuda soberana por parte de las firmas calificadoras de riesgo, la cual busca desesperadamente el Ministro de Hacienda.
Lo único que se la ocurrido al gobierno es anunciar la presentación al Congreso de la República de un proyecto con su propuesta para establecer la llamada “regla de prudencia fiscal”. De resto, cursa en el Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria que busca básicamente extender el impuesto al patrimonio hasta el 2014, reducir la deducción del impuesto de renta por la reinversión de las utilidades en activos fijos productivos del 40% al 30% y evitar que se acumule en las zonas francas tal beneficio con el que se deriva de la rebaja del impuesto de renta que le son aplicables.
Se espera que el gobierno envíe al Congreso mensaje de urgencia para destrabar el trámite de este proyecto, dada la importancia que le ha dado el gobierno; pero, tenemos que decir que se queda corto y para nada responde a la gravedad del estado de las finanzas públicas. Es más, mientras en el parlamento se trata de pescar en río revuelto introduciéndole una serie de iniciativas, tales como rebajar el 4 X 1.000 a sólo 2 X 1.000 como lo quiere la banca, unificar a la baja el IVA a los automotores para complacer a los concesionarios de vehículos y hasta obligar a los bancos a comprar la cartera de los emproblemados exportadores a Venezuela, se está perdiendo un tiempo precioso, el cual están aprovechando muchas grandes empresas para blindarse frente a los efectos de la susodicha reforma.
Es así como, en el mes de octubre el propio Viceministro de Desarrollo Empresarial, Ricardo Duarte, confesó que ya 39 empresas se habían puesto a salvo de pagar el nuevo impuesto al patrimonio que entraría a regir desde 2011, 16 de los famosos acuerdos de estabilidad jurídica se firmaron desde julio, justamente el mes en el que el gobierno radicó el proyecto de marras y de esos 16, 13 se firmaron en el sólo mes de septiembre ( marica el ultimo!), lo cual le habrá de representar al fisco la bicoca de $136.000 millones que las mismas dejarán de pagar.
No hay derecho, con razón se pregunta la alarmada ANIF “cómo es posible que frente a las dificultades fiscales del país se continúen expidiendo estos contratos de ´perforación fiscal´ por períodos no inferiores a 3 años y hasta por lapsos de 20 años” Y va más lejos ANIF cuando advierte que si no se revierte esa “perforación fiscal” es país “el país está arriesgando la propia estabilidad de su deuda pública”. El gobierno tiene la palabra.
1 Ex presidente del Congreso de la República