Fiscalía no encontró hecho delictivo en el caso de la bienestarina
La decisión fue dada a conocer por la Fiscalía 20 Seccional, tras culminar un proceso de recolección de pruebas y evidencias y superar la fase de investigación por los supuestos delitos de peculado por apropiación y peculado culposo.
Como se recordará, el caso fue denunciado por la Contraloría General de Risaralda, en virtud a una visita de inspección fiscal realizada a la bodega del Supermercado El Cafetal, donde RISA tenía almacenada la bienestarina que se distribuye en los diferentes componentes del programa, considerando en su momento la detección de presuntas irregularidades que dieron paso a una nueva visita con la Sijin de la Policía Nacional y el inicio de la investigación respectiva.
De esta manera, después de analizar el informe del equipo de campo del Cuerpo Técnico de Investigaciones – CTI, la Fiscalía encontró que la bienestarina se encuentra legalmente en la bodega del supermercado El Cafetal en atención a los lineamientos pactados en el contrato de suministro No719 de octubre de 2008 y su respectivo contrato de adición, suscrito con la Unión Temporal Avancemos, contratista responsable del manejo y distribución de los mercados sociales.
La investigación también estableció que contrario a lo expresado por la Contraloría General de Risaralda, al momento de los hechos denunciados por este ente de control si existía una relación contractual entre la Unión Temporal Avancemos y la Gobernación de Risaralda, pues dicho contrato aún no había sido liquidado y el término para este proceso era de cuatro meses.
De la misma forma, quedó establecido en la investigación que por solicitud realizada a mediados del mes de junio de este año por el Secretario de Desarrollo Social del Departamento, Álvaro Arias Vélez, se había pedido en préstamo hasta agosto las bodegas en cuestión, dado que la Gobernación no contaba de manera inmediata con un lugar adecuado para el almacenamiento del producto.
Ante esta solicitud, el representante legal de la Unión Temporal Avancemos, Wilson Suárez Parra, otorgó la autorización como un apoyo empresarial sin costo alguno para el Departamento, en atención a que ello representa un beneficio para la población vulnerable de Risaralda.
Calidad del Producto
Con relación a la calidad del producto, en cuanto al estado de conservación, condiciones higiénicas y vencimiento, la investigación de la Fiscalía encontró que la bodega en referencia cuenta la respectiva acta de inspección sanitaria a deposito de alimentos expedida por la Secretaría de Salud del Municipio el 30 de julio de 2009.
Indica así mismo el documento oficial de archivo de la investigación, que no se comprobó la existencia de productos vencidos y que los respectivos mercados sociales de la Gobernación se entregan de acuerdo con el cronograma del contratista y en presencia de los interventores y colaboradores del programa RISA.
La investigación señala en uno de sus apartes, que el personal del programa RISA de la Gobernación se encarga también de observar las condiciones de bodegaje y de adelantar las acciones preventivas ante cualquier eventualidad que altere las condiciones microbiológicas u organolépticas de la bienestarina.
El ente investigador aclaró que la bienestarina aportada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es retirada previa autorización del programa del Gobierno Departamental y con destino a los puntos de atención de las diferentes estrategias de RISA, tales como Mercados Sociales, Cocinas Comunitarias y Coladas Estudiantiles, lo que motiva la presencia de dicho producto en esta bodega.
Aunque en el transcurso de las pesquisas se encontraron en unas cajas algunos elementos dañados o deteriorados, la Fiscalía logró determinar que estos corresponden a mercados particulares que empaca el señor Wilson Suárez, material que estaba a la espera de ser devueltos a sus respectivos proveedores.
De esta manera y ante la contundencia de los resultados arrojados por la investigación, la Fiscalía 20 Seccional determinó que no hay elementos que permitan inferir de manera razonable que se evidencia una conducta punible que amerite ser investigada y que haya atentado contra el bien jurídico de la Administración Pública.
