Corte Penal Internacional ya tiene plena jurisdicción en Colombia
En el año 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma, con lo que entró a operar la CPI para juzgar a las personas responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En ese año el presidente colombiano saliente, Andrés Pastrana y el recién elegido, Álvaro Uribe, pidieron la moratoria para que la CPI no actuara en el país, bajo la excusa de facilitar una salida negociada al conflicto armado que sufre la nación desde hace medio siglo.
Vencido ese período de gracia este 1 de noviembre, el conflicto interno colombiano sigue vivo, pese a que el Gobierno lo niegue cada vez que puede, aunque en algunos casos lo admite solo para justificar decisiones, lo que forma parte de las ambigüedades presentes en la administración de Álvaro Uribe.
En este sentido, el canciller colombiano Jaime Bermúdez, el pasado 23 de agosto, defendió que Colombia "necesita" la presencia militar de tropas estadounidense en siete de sus bases para "combatir el narcotráfico y a grupos insurgentes".
El pasado 29 de octubre, el embajador de Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI), Francisco Lloreda, señaló que "no hay razón" para que la CPI abra investigaciones en el país por crímenes de guerra.
Colombia registra 257 mil 89 víctimas de la violencia de los grupos armados al margen de la ley, según la Fiscalía, una cifra que las organizaciones no gubernamentales consideran superior.
En la nación hay entre tres y cinco millones de desplazados por el conflicto interno y por presencia de paramilitares. Los desaparecidos superan los 40 mil, según distintos organismos humanitarios. Hasta el momento se han hallado dos mil 182 fosas, en las que han encontrado dos mil 666 cadáveres.
La Procuraduría General de Colombia ha investigado en los últimos seis años a mil 603 militares por posibles falsos positivos y aún se encuentran los procesos disciplinarios abiertos por estas denuncias.
Los militares investigados integran las 32 brigadas (nueve de ellas móviles) y de tres comandos operativos de las Fuerzas Armadas. De los mil 603 implicados, 301 son oficiales, 488 son suboficiales y 814 son soldados profesionales.
Casi la totalidad de los casos han ocurrido en siete unidades que hacen parte de la Quinta División, que tiene jurisdicción en Cundinamarca (centro), Boyacá (este), Tolima (este) y Huila (este).
Tan sólo la mínima cantidad de cinco casos han proferido un fallo de destitución e inhabilidad contra los militares investigados; en 29 casos se han formulado pliegos de cargos y en 19 se decidió archivar el proceso.
teleSUR – Semana – Efe / ld – FC
