24 de mayo de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Corrupción rampante y cinismo extremo.

25 de noviembre de 2009

Las diez plagas de Egipto como los cuatro jinetes de la Apocalipsis son unos ramitos de flores que, por decirlo de alguna manera, adornan el salón principal de una fiesta de ‘quinceañeras’ comparado con los estragos, la desolación y las secuelas que deja a su paso una corrupción rampante como la que tenemos que soportar en Colombia una mayoría abrumadora de gente de bien frente a la de unos pocos portadores de esa infernal peste, con la connivencia y el cinismo extremo de ciertos Organismos de Control . La corrupción es, sin lugar a dudas, una amenaza latente para cualquier sociedad, desestabiliza sus instituciones y tiene una  gran afectación en los valores de la democracia, la ética y la moral, socava la justicia como tal y atenta contra el imperio de la ley. El Estado que permita el apoltronamiento de la corrupción y sea permisivo en su expansión y no tenga como prioridad una lucha coercitiva frontal para su erradicación, está condenado a vivir a futuro los días mas aciagos de su historia, lo que lo conduce indefectiblemente al despeñadero y al caos total de la sociedad  y termina imponiéndose la ley del mas fuerte. Desafortunadamente, para este régimen combatir la corrupción es secundario, siendo la prioridad su programa bandera de la “seguridad democrática”, aún a costa de la justicia social, desconociendo olímpicamente sus resultados fatídicos que atacan directamente los flancos débiles del pueblo, sobre todo, en sus derechos humanos.
Leí en el diario El Tiempo- Noviembre 19 de 2009-  un artículo titulado ”Organismos de control dicen que corrupción en Colombia se mantiene” lo que me produjo urticaria y exacerbación en mi ánimo, por cuanto los artífices centrales de la noticia, como si se tratara de un gran descubrimiento, eran, ni más ni menos, que el Fiscal (e) y el Procurador General de la Nación, dos timoneles de los tres principales Organismos de control que tiene la estructura estatal . Dichas afirmaciones se dieron con una desfachatez asombrosa como si fueran ajenos al problema en la intervención en el foro “Corrupción transparencia”, organizado por la revista Semana; para el Procurador: “la corrupción ha desbordado la institucionalidad” y para el Fiscal: en todas las áreas de la administración pública hay corrupción”, “muchos de los casos se quedan en la impunidad”. Y, como no puede faltar el personaje ‘chapulinesco’, saltó el tal “Pachito” y dijo: “en nuestro país a veces nos damos mucho látigo (…) También hay que mirar los logros que hemos tenido en esta lucha”. ¡Pues claro!,  o sino, mírese el ejemplo de Agro Ingreso Seguro, el logro es impresionante.
Cuando uno maneja el mismo lenguaje que el utilizado por los mencionados altos uncionarios, por razón de la identidad en la profesión, no deja de ser desconcertante y preocupante que se recurra a unos sofismas ridículos e inocuos para tratar de justificar ante el común de la gente, además, con irrespeto por creerlos tan pendejos, los ingentes esfuerzos que realizan en la lucha contra la corrupción, siendo una perogrullada de que están es arropados con el manto de la ineptitud, la desidia, la connivencia con el delito por múltiples factores, lo que conduce a la impunidad y ésta al engendro y gestación total de la corrupción. Levanto mi más airada voz de disenso contra lo expresado por los funcionarios participantes en el foro “Corrupción Transparencia”, y señalo públicamente a estos dos entes gubernamentales como los principales conductores de impunidad y, por ende, de  corrupción, por cuanto tengo en mis manos, y, también, en las de la Fiscalía y Procuraduría, pruebas contundentes e incontrovertibles que corroboran, por una deducción lógica de muestreo, que el 80% de los tipos penales que se infringen con conductas delictivas gozan de perfecto estado de impunidad por cuenta de la Fiscalía quien se encarga de investigar y acusar de los delitos ante el Juez competente y de la Procuraduría respecto de la conducta de los funcionarios públicos. También, como una prueba patética y cierta traigamos a colación el caso que tenemos todavía en el “limbo” como es el desenlace de la situación jurídica del Ministro de Seguridad Social y del ex ministro del Interior y de Justicia, en el proceso de la ‘Yidispolítica’ o el olímpico prevaricato de la Procuraduría para poder absolver a estos mismos personajes en su investigación administrativa cuando aplicó la “duda razonable”. En ambos casos cabalga la impunidad y en la anca, muy oronda, va la pusilanimidad.
No obstante, tener la revista CAMBIO dentro de su “Misión” la loable labor periodística de la investigación, la veracidad de la información y la denuncia de hechos de corrupción, en cierta ocasión procuré su eco y apoyo en una denuncia bastante compleja y delicada, habida cuenta de las condiciones diversas de los protagonistas, lo cual no arrojó los resultados que se esperaban, y creo yo, por un apresuramiento del periodista de esa revista, no dándole la importancia que merecía y sigue mereciendo este episodio por sus efectos colaterales y comprometedores, encontrándose actualmente en un estado de inercia en la  impunidad por desidia de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación.
 La situación más aberrante, caótica y patética que pueda estar atravesando esta endeble administración de justicia es esta: todo tuvo su génesis a raíz del férreo contubernio de una ex Senadora de ‘La U’ con unos personajes políticos comprometidos con ‘paramilitares’ en el municipio de Victoria Caldas, en el afán por su aumento de la cauda electoral. El calvario comienza por las calendas de mayo de 2007 ( la bobadita de 30 meses), cuando presenté en la ciudad de Bogotá D.C., en forma simultánea denuncia penal y queja administrativa ante la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, respectivamente, haciendo énfasis en la necesidad de conformar sendas comisiones para su investigación por parte de los entes mencionados, debido a lo complejo, delicado y peligroso del asunto  teniendo en cuenta las circunstancias de modo, lugar y la calidad de los protagonistas, ya que se trataba de unos hechos delictivos de gran envergadura como: Concierto para delinquir, en la modalidad de paramilitarismo; desaparición forzada; homicidio; enriquecimiento ilícito; testaferrato; peculado; falsedad y violación al régimen de contratación,  delitos estos cometidos en el Municipio de Victoria Caldas, zona de gran influencia del ‘paramilitarismo’ del Magdalena Medio.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría teniendo en cuenta la connotación de los hechos y de la solicitud especial que hice para su investigación, se determinó por parte de la primera que el conocimiento recayera en la Fiscalía 13 Delegada de la Unidad Nacional Anticorrupción, y en la segunda, le correspondió al Procurador Delegado para la Moralidad Pública. En ambos Despachos han comparecido algunos testigos y rindieron las correspondientes declaraciones juramentadas haciéndose entrega del acervo probatorio documental en donde se identifica y evidencia plenamente a los responsables, sin que hasta el momento haya existido poder, ni divino  ni humano, que ponga en funcionamiento el aparato judicial para que hubiese pronunciamiento al respecto, así sea, el de un Auto inhibitorio, cosa que no me extrañaría, pero, que no deja de ser extraño y sospechoso que unos hechos de tal gravedad pasen a un plano casi inadvertido, solo por temor a los efectos colaterales salpicantes, mientras se distrae la atención investigativa con gran celeridad y con pomposa parafernalia mediática en hechos de poca relevancia o casi inocuos.
En Febrero pasado solicité al Consejo Superior de la Judicatura se investigara la conducta desidiosa de la Fiscalía 13 de la Unidad Nacional Anticorrupción, y hasta el sol de hoy. Sin la menor duda, si el Consejo Superior de la Judicatura cumpliera siquiera una mínima parte de su única y principal función, y que es la que justifica la razón de su existencia, cual es la de “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial y llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales”, el panorama de una pronta y cumplida justicia, sería otro muy distinto.

Manizales, Noviembre 26 de 2009.