Al Congreso proyecto que endurece penas por captación ilegal de dineros
Este proyecto de ley cumple lo contemplado en la sentencia C-224 del 30 de marzo de 2009, mediante la cual la Corte Constitucional señaló que las medidas penales dictadas por el Ejecutivo durante el Estado de Emergencia Social, decretado en noviembre 17 de 2008 mediante el Decreto 4333, tendrán una vigencia máxima de una año, salvo que el Congreso les otorgue carácter permanente en ejercicio de su atribución constitucional.
Con la aprobación que tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes han dado al Informe de Conciliación del mencionado proyecto de ley, antes que se cumpla el término de un año establecido por la Corte Constitucional para los decretos fruto de la emergencia social, se da un paso histórico en el combate a las llamadas ‘pirámides’, estableciéndose penas de entre los 10 y 20 años de cárcel para quienes capten dinero del público sin autorización oficial, estableciéndose multas hasta los 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, y penas de entre 8 y 15 años para quienes habiendo captado ilegalmente no reintegren los dineros, con multas que van hasta los 15 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.