Procuraduría solicita se investigue penal y disciplinariamente a Magistrado de Bucaramanga
El recurso a resolver se refería a la decisión del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga que condenó a los señores Armando Navarro Vásquez, Gabriel Arenas Prada, Pascuala Ortiz Reyes y Víctor Julio Gutierrez Toscano a pena de 75 meses de prisión como determinadores del delito de Contrato sin el Cumplimiento de Requisitos Legales y autores del delito de Cohecho por dar y ofrecer, y a prisión de 54 meses a Martha Cecilia Ordóñez de Avila y Luís Armando Rondón Almeida como autores del delito de Contrato sin el Cumplimiento de Requisitos Legales.
Para el Ministerio Público la intervención de la Administración Judicial era de indiscutible resonancia y connotación por tratarse de un tema de corrupción al interior de la Administración Pública del Nivel Departamental, que debió tratarse con diligencia y prioridad para impedir la inaplicación de la justicia.
El Procurador Delgado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Gabriel Jaimes Durán, indicó que, oportunamente y en diferentes ocasiones, la Procuraduría alertó sobre el riesgo de la prescripción que impediría la adecuada acción de la justicia por una tardía decisión, hecho que finalmente ocurrió.
Recordó que en octubre 21 de 2007 solicitó prelación al recurso de apelación advirtiendo sobre inminentes términos de prescripción en curso, reiterando esa solicitud el 3 de marzo y el 27 de mayo de 2008.
Así mismo, por intervención del Ministerio Público, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió la resolución Número 013 de 5 de mayo de 2009 que resolvió “comunicar al Magistrado Diettes Luna para que en un término prudencial resolviera el recurso de apelación interpuesto dentro del radicado No. 2007-744”.
No obstante el interés de la Procuraduría para evitar la prescripción, el 1 de septiembre de 2009, con ponencia del Magistrado Diettes Luna, se resolvió el recurso de apelación ordenándose la cesación de procedimiento al extinguirse la acción penal por prescripción.
El Procurador Delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales refirió que a pesar de casi dos años de continua alarma y advertencia, de manera directa al funcionario de conocimiento, sucedió lo que pretendía evitarse.
El Ministerio Público solicitó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que evalúe la probable vinculación del Magistrado Diettes Luna, con el Delito de Prevaricato por Omisión y al Consejo Superior de la Judicatura su posible infracción al régimen disciplinario.