En Soledad, Atlántico, se alertó que allí se vivía una jornada de trasteo de votantes. Es decir, que varios habitantes inscribieron sus documentos en ciertas mesas distintas a las de su lugar de origen, para votar por determinados candidatos a cambio de dinero o promesas (ver ABC de delitos electorales).

La alarma tuvo eco en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ese mismo mes anunció la apertura de una investigación sobre irregularidades registradas en los municipios de Soledad, Malambo y Puerto Colombia, Atlántico, donde se sospecha que inscribieron ilegalmente hasta 100.000 cédulas de un total de 400.000, según informó la magistrada Adelina Covo. Hasta el 2 de noviembre de 2009, fecha límite de inscripción de cédulas, el CNE recibió denuncias similares sobre trasteo de votantes o trashumancia electoral. Según un documento de ese organismo, hoy existen por este delito 31 denuncias formales en el país. Los departamentos en donde hubo mayor cantidad denuncias son Cundinamarca, en los municipios Guayabal de Siquima, Nilo, Tocancipá, Albán y Sutatausa; y Santander, en los municipios Palmas de Socorro, Palmar, Puerto Parra, Sabana de Torres y Cabrera (ver tabla de denuncias).

Esta información coincide con el primer reporte de la Unidad de Reacción Inmediata Electoral, Uriel, un organismo creado en 2007 por el Ministerio del Interior y de Justicia, para canalizar todas las denuncias de los organismos oficiales y organizaciones sociales relacionadas con el proceso electoral, y que reanudó sus funciones el pasado 25 de enero.

Según el balance de Uriel, el mecanismo recibió ocho denuncias entre el pasado 27 de enero y 1 de febrero. Una de ellas fue realizada por el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, quien advirtió que era probable que el Partido de Integración Nacional (PIN), cuyo antecesor fue Convergencia Ciudadana, estuviese comprando votos y además, que era evidente que estaba gastando muchísimo dinero en las campañas de sus candidatos.

“Por información que hemos recibido de líderes, denuncié que el PIN está comprando concejales y líderes. En Cundinamarca, por ejemplo, Doris Vega, candidata al Senado y esposa de Luis Alberto Gil (detenido por parapolítica), hizo correrías y estuvo ofreciendo plata a los líderes de los municipios. Lo mismo ha sucedido con otros candidatos de ese partido en Barranquilla y Bolívar. Esas campañas además están manejando grandes sumas de dinero, sin que se conozca su procedencia y destino”, le dijo el senador a Votebien.

Con base en estas denuncias, Galán solicitó el pasado 27 de enero al Gobierno Nacional la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), para garantizar la transparencia del proceso electoral (ver carta). “Todo esto está sucediendo y no tenemos un Ministro de Interior y Justicia con pronunciamientos fuertes. Queremos evitar que se roben las elecciones, porque no hay garantías. El dinero de campañas que está circulando es mucho”, apuntó.

Ricardo Flórez, secretario del PIN, rechazó las denuncias de Galán y solicitó a Uriel y a los organismos competentes que estudien los libros de contabilidad de todos los partidos. “El PIN tiene disponible la información sobre las finanzas, si así alguien lo requiere”, respondió cuando Votebien le preguntó al respecto.

La candidata Doris Vega también negó las denuncias. “Es lamentable que Juan Manuel haga ese tipo de aseveraciones. Él debería tener pruebas y argumentos para decir lo que está diciendo. El senador sólo está buscando protagonismo”, dijo Vega a Votebien.

Las otras denuncias hechas a Uriel corresponden a los presuntos delitos de corrupción al votante, así como ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, reportados también en Bolívar, Santander y en el municipio Bolívar, de Antioquia. También hay otra denuncia sobre amenaza a un candidato en Bogotá. Sin embargo, funcionarios de Uriel afirmaron que no darían detalles sobre estos reportes, pues querían que la investigación fuera confidencial.

Sobre el tema de atentados a los candidatos, a la fecha se conoce de dos, según información reportada por los medios de comunicación y la Policía. El primero ocurrió el 6 de enero en Cauca, cuando sujetos dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba Daniel Piñacué, candidato a la Cámara por la Alianza Social Indígena (ver nota). El segundo sucedió el pasado 2 de febrero en Medellín, cuando sujetos lanzaron un artefacto explosivo contra el vehículo de Fernando Soto, ex vocero de los paramilitares y candidato a la Cámara por el Partido de Integración Nacional (PIN) (ver nota).

Por ahora, se desconoce si un tercer hecho podría considerarse como atentado. Andrés Felipe Villamizar, candidato a la Cámara por el Partido Liberal y fórmula de Piedad Córdoba, le contó a Votebien que el pasado 4 de febrero unos hombres asaltaron su sede política en Bogotá. “Los dos sujetos armados después de golpear a uno de mis asesores y de amenazar a quienes estaban allí, se llevaron tres computadores, incluyendo el mío, donde teníamos bases de datos e información de la campaña. Los hechos ya los denunciamos ante la Policía”, explicó el candidato (ver nota).

La Defensoría del Pueblo anunció que en 10 días publicaría un informe de riesgo.

Alertas en las regiones

Los veedores de la Misión de Observación Electoral (MOE) advierten que desde finales de 2009 en las regiones se están repartiendo muchas prebendas entre los votantes. “Se viven fiestas al estilo ‘TLC’: tamal, lechona y cerveza gratis”, dijo un vocero con ironía.

Pero más allá de las reuniones, propias del proselitismo político, los veedores coinciden en que las advertencias ciudadanas apuntan a la participación de alcaldes y gobernadores en política, y al exceso de dinero en la financiación de las campañas, que hace necesario averiguar si este no viene desviaciones del erario público. Sin embargo, todavía no hay denuncias formales.

Según una denuncia ciudadana, que aún no ha sido judicializada, sostiene que hay sospechas de que Raúl Franco, alcalde de Villavicencio, está presionando a los contratistas del municipio para que voten por Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, ex Secretario de Hacienda de su administración y hoy candidato a la Cámara por el Partido Liberal.

Velásquez Jaramillo dijo a Votebien que no existe presión alguna de la Alcaldía para favorecer su campaña. “Fui del gobierno de Raúl Franco y soy del mismo proceso político. Pero esos comentarios aparecen porque hay mucha frustración, porque Raúl derrotó a toda una maquinaria que quería mantenerse en el poder. Quiero decirle que a mí no me apoya ningún concejal ni alcaldes de la provincia. Mi apoyo es del sector privado”, aseguró Velásquez. Este medio llamó en varias ocasiones al Alcalde, pero el funcionario no contestó su celular ni los mensajes dejados en su buzón.

En Armenia otros ciudadanos cuestionan a Ana María Arango Álvarez, alcaldesa de Armenia, por ejercer supuesta presión a los contratistas del municipio para que voten por su hijo, Juan Camilo Londoño, quien primero estuvo en las filas del castigado partido ADN y a última hora fue avalado por el partido Cambio Radical.

La alcaldesa negó a Votebien dichos cuestionamientos. “Eso no es cierto. Primero porque no veo la forma de presionar y segundo, porque el voto es secreto. Mi administración está concentrada en el Plan de Desarrollo. Además yo me declaré impedida para hacer parte de la Comisión de Seguimiento Electoral. Lo que están diciendo son sólo habladurías”.

En Huila, otros ciudadanos advirtieron la forma como Víctor Ernesto Polanía, ex alcalde del municipio de Palermo, intentó hacer su campaña por el Partido Conservador. “A él finalmente le negaron el aval, pero cuando creía ser todavía candidato, repartía dinero. La plata que había en su campaña era mucha”, comentó un habitante que prefirió la reserva de su nombre. Votebien contactó a Polanía, quien indicó que concedería una entrevista a este medio de comunicación el lunes 8 de febrero.

Los observadores de la MOE aseguran que aunque son frecuentes las denuncias generales, son escasas las que vienen bien fundamentadas y son formalmente puestas ante las autoridades competentes. “En todas las elecciones, las denuncias formales son muy bajas comparadas con la cantidad de irregularidades. Eso tiene varias explicaciones: uno, que muchos no tienen claro qué es delito y qué no. Dos, que el proceso de denuncia ante los organismos del Estado es lento. Tres, que muchos desconfían en la justicia, que poca atención centra sobre los delitos electorales. Y cuatro, porque siempre existe el temor”, dijo Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

Alfonso Portela, director de gestión electoral del Consejo Nacional Electoral, coincide con esa versión. “Creo que el nivel de denuncia ahora es bajo, porque muchas personas no conocen los mecanismos del Estado, incluyendo la unidad Uriel. Es probable que en la medida en que se acerque más el día de las elecciones, los ciudadanos comiencen a denunciar”.