| Los gravísimos problemas de la salud |
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Por. Albeiro Valencia Llano El sistema de salud de nuestro país atraviesa por una gravísima crisis que incluye financiamiento, ejecución y efectividad; como respuesta el gobierno decretó la Emergencia Social, que contiene numerosos decretos que involucran los ministerios de Interior y de Justicia, Hacienda y Protección Social. Pero la mayoría de las medidas originadas en el Ministerio de Protección Social son inconvenientes y contradictorias. En este ambiente roba protagonismo el ministro Diego Palacio, quien no tenía tanta prensa desde el escándalo de la Yidispolítica. Hoy el Ministro logró poner en su contra a la mayoría de los actores del sistema de salud. Los enredos del sistema El modelo fue concebido para que lo financiaran, con sus aportes, las personas con ingresos formales y que al mismo tiempo dieran un punto adicional para subsidiar a los pobres. Mientras tanto el gobierno aportaría la misma cantidad que el contribuyente. Pero sucedió lo que debía pasar: el gobierno no pagó y hoy debe seis billones de pesos al sistema de salud. Según un estudio sectorial de salud, realizado en 1990, la cobertura del aseguramiento en la población colombiana apenas llegaba al 16 por ciento. Pero en un informe al Congreso de la República, en 2008, la tasa de afiliaciones se estaba acercando al 90 por ciento. El avance es sorprendente; sin embargo el sistema colapsó porque se debilitó el régimen contributivo y se extendió la cobertura del subsidiado. Se dice que la crisis es el resultado de la política del gobierno de incluir en el sistema a varios millones de personas que no pagan por los servicios, mientras disminuye el número de los que aportan. Lo más grave es que el Estado ha venido reduciendo la proporción del gasto público dedicado a la salud. Entre 2000 y 2007 han caído los recursos para financiar la salud de la población no contributiva, incluyendo los del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). Es que el gobierno acumuló deudas con los prestadores públicos y privados de salud. Utilizó los aportes de los contribuyentes, para financiar el gasto público, en vez de cancelar las deudas. La Superintendencia de Salud tampoco cumplió con su papel de regular, vigilar y controlar la prestación del servicio. Y el gobierno puso el grito en el cielo cuando se hizo realidad la amenaza de millonarias demandas internacionales, por parte de los operadores privados. En este punto los funcionarios decidieron declarar la Emergencia Social. Mientras unos sufren, otros son felices Pero hubo otros muchos enredos. Desde 2008 la Procuraduría General de la Nación dijo que en Colombia se había priorizado las ganancias de unos pocos, en contra de la salud del pueblo. Y a finales de 2009 la Corte Constitucional afirmó que se estaba violando el derecho a la salud que había que unificar todos los planes de beneficio y cubrir a toda la población. Se asegura que entre las muchas razones que llevaron al gobierno a declarar la Emergencia Social y a expedir una serie de decretos para equilibrar las finanzas del sistema, estaban los abusos cometidos por recobro de medicamentos. Al respecto anotó el viceministro técnico, Carlos Jorge Rodríguez, que el Estado está perdiendo 400 mil millones de pesos por posibles fraudes en los recobros. Con el paso de los años se impuso un modelo “donde todos buscan ganancia a partir del dinero del sistema” y el caso de los medicamentos es apenas un ejemplo. En las auditorías realizadas por el gobierno se han detectado precios inflados hasta el 700 por ciento, con respecto al valor comercial promedio. Por ejemplo el Rituximab, es un fármaco obtenido por medio de ingeniería genética y sirve para el tratamiento de tumores; el precio en el mercado, por dosis, es de cinco millones de pesos, sin embargo, algunas EPS han pasado cuentas de recobro al Fosyga por más de 12 millones de pesos. Lo mismo sucede con el Kaletra, para el tratamiento del Sida; mientras en Venezuela y Ecuador, la casa farmacéutica lo comercializa a 1500 dólares, en Colombia el precio se trepó a 3.500 dólares. De acuerdo con el viceministro Rodríguez, uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema es el de las cadenas de intermediarios que van inflando los precios: un medicamento que sale de la casa farmacéutica pasa por manos de un mayorista, un distribuidor, la farmacia y una EPS, antes de llegar al usuario. Pero lo tremendo es que en muchos casos la cadena pertenece a una misma empresa (El Espectador, enero 28 de 2010). La solución: el paciente pierde con cara o con sello Lo único cierto es que el sistema de salud no es sostenible. Lo raro es que el gobierno casi no lo entiende. Como solución se propone una reforma del sistema de salud, donde priman los criterios fiscales. Para los funcionarios del Estado la solución es fácil: como el Plan Obligatorio de Salud (POS) del régimen contributivo cubre más tratamientos que el POS del régimen subsidiado (Sisben), se propone equiparar el POS de ambos regímenes, pero a cambio dejar de pagar todos los servicios no Pos, que los financiará el enfermo utilizando sus recursos, cesantías, pensión, o mediante préstamo bancario. Si el paciente es pobre, recibirá los medicamentos por medio del recién creado Fondo de Prestaciones Excepcionales (Fonpres). Y aquí fue Troya; la gente es sensible cuando le tocan el bolsillo y la salud. Las consecuencias son gravísimas. Quien tenga una enfermedad catastrófica no podrá iniciar su tratamiento de inmediato, porque debe esperar hasta que el Comité Científico determine su enfermedad. Si tiene recursos los puede invertir en su tratamiento. Si logra demostrar que es pobre dependerá de los recursos del Fonpres, que volverán a caer en poco tiempo, porque el número de ciudadanos en el régimen subsidiado seguirá aumentando por la pobreza y la politiquería, y el desempleo seguirá debilitando el contributivo, que es el que financia, en parte, el Sistema de Salud. Los más afectados serán quienes pagan por la atención médica y hospitalaria. A esto se le suma que los médicos no van a recetar por fuera del POS, pues corren el riesgo de ser multados con 25 millones de pesos si el Comité Científico no está de acuerdo con su diagnóstico. Y salta una pregunta: ¿Por qué se anuncian los decretos en enero, mientras los “paquetes de servicios” se conocerán a mitad del año? Porque los que pagan por el servicio ya están protestando y seguirán reclamando. Además, las elecciones están encima. ¡El problema es tan grave, que ya se iniciaron las marchas contra los decretos de Emergencia Social! El pasado 6 de febrero más de 15 mil personas marcharon por las calles de las principales ciudades del país. Fueron convocadas, a través de la red social Facebook, para rechazar los decretos de emergencia social; acudieron a la cita: médicos, pacientes, estudiantes universitarios, pensionados y miembros de organizaciones sociales. Los manifestantes se tomaron las calles centrales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Armenia, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta, Tunja, Neiva y Santa Marta.
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