Esas cifras –y la manera como se financian dichos costos- reflejan la realidad sobre la corrupción en nuestro país y señalan las debilidades que estructuralmente tiene el órgano legislativo del poder público.

Para pagar el gasto electoral existen inicialmente dos fuentes de financiamiento: los gastos que reconoce el Gobierno Nacional y las sumas que con recursos de sus salarios pueda destinar cada congresista al pago de su campaña. A quien obtenga 40.000 votos el Gobierno le reconocerá cerca de $200 millones y suponiendo que fuese posible ahorrar el 30% de los emolumentos  para gastos de campaña se dispondría de aproximadamente $6 millones de pesos mensuales. Lo cual, al considerar los intereses a pagar por el endeudamiento, da para incurrir en gastos financiados con recursos propios  cerca de otros $200 millones. En plata blanca, quien gaste $2.500 millones en la campaña debe recurrir a “otras fuentes” por un valor superior a $2.100 millones. Y ello sin mencionar a las campañas de costos considerados “estrambóticos”.

¿Cuáles son esas otras fuentes?. Descartando el caso de los benefactores generosos que estén dispuestos a sacrificar su patrimonio en una suma cercana al millón de dólares por ostentar el honroso título de congresista, la respuesta es que esa financiación proviene, sin duda alguna, del patrimonio público. Bien sea porque el parlamentario en ejercicio obtenga los recursos por la vía de los sobre costos en la contratación de sus protegidos y socios o bien porque aspire a hacerlo en el futuro si aún no ostenta la dignidad.

Más allá de consideraciones éticas, que no son pocas, este sistema de financiación es perverso por su oscuridad, por lo discriminatorio frente a quienes no conciben de esa manera el ejercicio de la política y, por sobre todo, porque subordina los congresistas a la voluntad del ejecutivo. La independencia resulta claramente prohibitiva en términos de las realidades financieras que este método de financiamiento del gasto electoral supone.

Desde luego, es esa realidad la que hace de la política una empresa de fines exclusivamente financieros y lo que explica la franciscana pobreza en materia de ideas y de propuestas que estamos presenciando en el debate para hacerse elegir al Congreso, con muy escasas excepciones.

Es por ello que se necesita una reforma política que abarate sustancialmente el costo de  ser electo al Congreso de la República. Lo cual supone la eliminación del voto preferente y el no reconocimiento por parte del Estado de gastos electorales a  los aspirantes individuales y su reemplazo por la financiación a partidos políticos sólidamente constituidos, a los cuales el Consejo Nacional Electoral puede auditarles con rigor y con profesionalismo los gastos en que incurren. Cosa que hoy no es posible en razón de la feria de vanidades y de aspiraciones financieras a que da lugar el sistema electoral que nos rige. Los partidos así constituidos y financiados se disputarían la voluntad de los electores por sus posturas ideológicas y no por las de otro tipo (incluidas las que rayan con la pornografía y el mal gusto) como hoy sucede.

Soy consciente que una propuesta de este tipo está lejos de tener viabilidad en las actuales condiciones. Después de todo, como diría Joaquín Lavado (QUINO), por boca de Mafalda, en materia de reforma política en nuestro país el progreso está muy atrasado. Sin embargo, al depositar nuestro voto en marzo pensemos en que es imprescindible acelerarlo.El Pilón.