12 de abril de 2021
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¿Precluirá investigación a Uribe?

15 de marzo de 2021
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
15 de marzo de 2021

Finalizada la investigación,  el Fiscal Gabriel Jaimes Durán decidió radicar ante el Centro de Servicios Judiciales solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra  Álvaro Uribe Vélez. El fiscal estableció que en varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al expresidente  no pudo probarse su autoría o participación en los mismos. Pese a la solicitud el proceso  está lejos de definirse. Si bien esta lo favorece, aun no es definitiva pues el fiscal Jaimes tendrá que sustentar ante la Juez 28 Penal de Conocimiento, Carmen Helena Ortíz, las razones de fondo que lo llevaron a tomar dicha decisión, las cuales podrán ser controvertidas por el agente especial de la Procuraduría  y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados. Tras escuchar a las partes, la funcionaria judicial deberá pronunciarse y decidir si le da la razón a la Fiscalía y cierra el caso o, por el contrario, determina que hay que seguir con el proceso penal. En caso de aceptar la preclusión, el Ministerio Público y los demás intervinientes como los que reclaman ser víctimas, podrán apelar la decisión, caso el cual resolvería el superior jerárquico, es decir, el Tribunal Superior de Bogotá, en donde otro juez tendrá que decidir si vuelve a dar la razón a la Fiscalía o no. Una ves resuelto, tanto la Fiscalía como las víctimas podrían interponer un recurso de casación, que se surtiría ante la Corte Suprema de Justicia, caso este inédito, pues estaría regresando al Alto Tribunal del que Uribe buscó escaparse al presentar su renuncia ante el Senado. Como pueden observar estimados lectores, lo obtenido por el expresidente no ha sido un fallo absolutorio como pregonan sus seguidores sino un aplazamiento en el tiempo que  mucho le conviene pues, a la lentitud de nuestra justicia y la capacidad de acción de sus apoderados, debemos sumarle el poder que ostenta el expresidente para postergar hasta su muerte, la acción certera de la justicia. No podemos perder de vista que los abogados  que lo defienden en este ya largo proceso, más que juristas, brillantes componedores judiciales, Granados y Lombana, son los mismos que vienen actuando en el vergonzoso caso de Luis Andrés Colmenares, en dónde la justicia colombiana ha sido incapaz, 10 años después, de esclarecer el crimen. Y eso, que las familias de los imputados, lejos, muy lejos están del poder presidencial. Todo colombiano se presume inocente mientras no se le demuestre lo contrario pero no es fácil entender que un número crecido de sus colaboradores cercanos en sus dos gobiernos, estén pagando cárcel por distintos delitos, verbi gracia, sus dos jefes de seguridad en Palacio, Generales Buitrago y Santoyo; sus directores del DAS; María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera, el mismo por el que Uribe metía las manos al fuego y determinador de la muerte del profesor Alfredo Correa De Andreis; los casi 90 congresistas procesados por parapolítica en su inmensa mayoría elegidos bajo sus banderas; exministros y asesores  que al final de cuentas, todos obraron por sí solos sin que el jefe nada tuviera que ver. Registrar, el que la justicia haya llegado a dos conclusiones diametralmente opuestas frente al mismo caso es más que sorprendente. O a la Corte se le fue la mano, o la Fiscalía como fortín del uribismo defiende a su expresidente.

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