11 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Diplomacia incomprensible

12 de marzo de 2021
Por Clara Inés Chaves Romero
Por Clara Inés Chaves Romero
12 de marzo de 2021

Son preocupantes las recientes noticias que se han venido conociendo por los distintos medios de comunicación relacionadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores en las que se evidencia que hemos perdido el norte no solo en nuestra política exterior sino en la manera de ejercer la diplomacia.

No se entiende por ejemplo, como ni la Cancillería colombiana ni nuestra embajadora en México solucionan el trato estigmatizante que hacen a nuestros connacionales que viajan a ese país simplemente por el hecho de ser colombianos.  Según versiones de prensa la Ministra no ha tomado ninguna medida de protesta por este hecho y nuestra embajadora tampoco, y si por el contrario la sede diplomática sigue cerrada. ¿Qué clase de Cancillería tenemos y de diplomáticos que permiten esta clase de atropellos?.

Parecería que el hecho de nombrar en el gobierno familiares de paramilitares y de narcos, así como los escándalos que algunos embajadores colombianos protagonizaron como es el caso del embajador de Colombia en Uruguay por temas relacionados con el narcotráfico, y su homólogo en República Dominicana por apropiarse al parecer de 862 hectáreas de tierras baldías en Córdoba las cuales deberían haber sido adjudicadas a los campesinos sin tierra o con tierra no apta para cultivar, o la Investigación que se le cursa a la embajadora de Colombia ante la ONU por apropiación de recursos públicos entre otros casos, pueden ser quizás los causantes  de que se estigmatice nuevamente al pueblo colombiano.

Pero como si fuera poco, la absurda respuesta de la viceministra Adriana Mejía a  Beatriz Balbin, Jefe de la Subdivisión de los Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con relación a la carta enviada por los diez relatores especiales de la ONU al presidente de Colombia, pidiendo que el Gobierno no reinicie las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, un plan que el Ministerio de Defensa quiere emprender en los próximos meses, debido a que se “atentaría contra el acuerdo de paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos” y además contra los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas que se encuentran ubicadas en el área prevista para dicha fumigación.

La Viceministra en cuestión dijo que “los Llamamientos Urgentes sólo proceden ‘en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas’”. Resulta curioso que  se desconozca lo dicho en su momento por la Organización Mundial de la Salud sobre los daños que produce el glifosato, además de las múltiples demandas que han interpuesto ciudadanos de distintos países contra la multinacional alemana Bayer la que según noticia de prensa del 25 de junio de 2020 tuvo que pagar hasta US$10.900 millones tras alcanzar un acuerdo en una demanda sobre un producto en su herbicida marca Roundup que podría causar cáncer. El producto en cuestión es glifosato, que ha sido objeto de unas 125.000 demandas por los supuestos efectos cancerígenos.

No se puede desconocer que hubo de igual forma años atrás una demanda de un ciudadano francés que obligo a la Unión Europea a cambiar su reglamentación debido a que el francés comprobó el daño que el glifosato produjo al medio ambiente, a los animales y a las personas ya que los fetos se deformaban.

La señora Viceministra no solo desconoce estas realidades; parecería que se requiere que mueran personas y existan daños al medio ambiente, a los animales y a las comunidades que se encuentran en los territorios a fumigar, en lugar de prevenir el desastre que ya se conoce lo que puede generar, es algo irresponsable, más aún cuando los Derechos Humanos son derechos supranacionales a respetar.

Pero la historia no termina aquí: se conoció también por los distintos medios de comunicación que se retiró del cargo al primer secretario de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Nicolás Ávila, luego de que denunciara ante la Procuraduría y la Cancillería presuntos hechos de corrupción en esa Misión al parecer cometidos por la embajadora la señora Adriana del Rosario Mendoza quien es también investigada disciplinariamente por la Procuraduría, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos asignados a la misión diplomática, en las vigencias 2018, 2019 y 2020.

Es cuestionable que en un gobierno cuyo presidente tiene como lema “quien la hace la paga”, se destituya a un funcionario por ser honesto y querer combatir la corrupción de la que tanto dicen luchar el presidente y la vicepresidente.

Si bien es cierto que tienen prioridad los diplomáticos de carrera, pudieron haber trasladado a otro destino al Sr. Ávila, al menos mientras se aclaraba la investigación.

Es vergonzoso que nuestro país pase de oso en oso y este último cada vez más grande y penoso que los anteriores y pongan en entredicho no solo la honra del país sino de los colombianos, a tal punto que nuestra diplomacia es cada vez tan lamentable como el de la peor república bananera. Gracias a este ridículo internacional, a la ineficacia de la Cancillería, y a todos los escándalos que producen sus diplomáticos con sus honrosas excepciones, es que nos están volviendo a ver como los parías, los narcos y los paras del mundo.

Exdiplomática y escritora