11 de abril de 2021
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Ni desquite, ni venganza.

29 de noviembre de 2020
Por Eduardo Aristizábal P.
Por Eduardo Aristizábal P.
29 de noviembre de 2020
El derecho penal, como rama del ordenamiento jurídico, es aquel conjunto de normas que determina las conductas delictivas y les asigna una sanción.

El derecho penal es muy antiguo, pues el ser humano sintió la necesidad de que, quien ocasionara un daño a otro fuera castigado, por un sentimiento natural de búsqueda de justicia, que en sus comienzos se confundió con el de venganza.

Las sanciones penales son el castigo impuesto a una persona cuando ésta comete una conducta punible, es decir, una acción antijurídica, típica y culpable, de conformidad con lo establecido en el código penal, Ley 599 de 200.

Las funciones de la pena son la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.

Acorde con el marco jurídico y la jurisprudencia aplicable sobre el trabajo de las personas privadas de la libertad, la corte constitucional aseguró que tanto la pena como el tratamiento penitenciario tienen como finalidad fundamental la resocialización del infractor a través de elementos como la disciplina, el estudio o el trabajo, entre otros.

De igual forma enfatizó que el trabajo penitenciario es un derecho mediante el cual los sindicados o condenados pueden desarrollar actividades productivas y los programas para ello deben brindarles las herramientas suficientes y así prepararlos para la vida en libertad.

En virtud de lo anterior, y con el fin de materializar el derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad, los centros penitenciarios y carcelarios del país tienen el deber de contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos, así como con programas de trabajo y actividades productivas suficientes.

No obstante, la corporación precisó que los deberes de estos establecimientos no se agotan con la creación de espacios, la creación del programa laboral, la abstención de las autoridades de realizar actos que afecten esta garantía o la asignación de los cupos a la población reclusa. Esta es una justa materialización del derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad.

Ni desquite, ni venganza. Que haya sanción, pero también resocialización.