18 de abril de 2021
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Araracuara y nuevos polos de desarrollo

17 de noviembre de 2020
Por Claudio Ochoa
Por Claudio Ochoa
17 de noviembre de 2020

En 1971, es decir hace casi 50 años, finalizó el experimento de la denominada Colonia Penal y Agrícola del Sur instituida en 1937, durante el Gobierno de López Pumarejo. Popularmente conocida como Colonia Penal y Agrícola de Araracuara, población en donde fue ubicada, en el límite entre Caquetá y Amazonas.

Pretendía el Gobierno ampliar la frontera agrícola del país a través de esta colonia, hacer allí una zona económica viable. También aspiraban a colonizar este territorio baldío e ir dando forma a la unidad nacional, integrando físicamente a zonas apartadas. Pero con los años, durante el gobierno de Misael Pastrana, la única opción fue su cierre. Su lejanía de Bogotá, la carencia de vías de acceso, las grandes distancias entre cada uno de los campamentos de esta colonia, las condiciones ambientales que desfavorecían el trabajo de los internos, la incapacidad de conseguir personal adecuado que se le midiera a su administración y custodia, además de los elevadísimos costos que implicaban trasladar los suministros por vía aérea desde Bogotá.

Bajo tales condiciones, alejamiento de Bogotá, directivos y guardas que no eran precisamente las mejores personas, en Araracuara se produjeron muchos casos de torturas y asesinatos de internos.

Este establecimiento contó con el apoyo de una represa, que generaba energía eléctrica, y allí también trabajaban internos, que recibían remuneración económica.

Hoy, 50 años luego del cierre de Araracuara, no se notan progresos en el trabajo, como parte de la rehabilitación para los internos del país. Por el contrario, se agudiza el concepto de “universidades del crimen” en nuestras cárceles, pues la falta de ocupación socialmente productiva deja lugar al ocio mal empleado, en la planeación de nuevos delitos, desde adentro y también una vez el reo quede en libertad.

El artículo 25 de la Constitución Nacional establece que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. El artículo 79 del Código Penitenciario y Carcelario dice que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados tendrán derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas…”

Gobiernos tras gobiernos niegan esta posibilidad a miles y miles y miles de internos, mientras los defensores de derechos humanos guardan cómplice silencio en este caso. El Inpec reportaba en mayo anterior que en el país había 112.039 reclusos, en condición intramural, en una inmensa mayoría improductivos. En complemento son miles los que gozan de la sinvergüenza “casa por cárcel” (73.816 a la fecha, de los cuales 5.545 con dispositivo electrónico, según Inpec (1). Unos y otros no están cumpliendo con el requisito del trabajo como medio para la resocialización.

Tal y como hace 80 años buena parte de nuestros “territorios nacionales” (como se conocía estas áreas del sur del país) siguen abandonados, oportunidad para la ampliación de actividades ilegales. El hacinamiento en las cárceles no para y en marzo estaba en 51.2 %. Evidente que deben construirse más centros de reclusión. Hay muchas áreas rurales que fueron abandonadas por la subversión, tras la reincorporación de cientos de elementos subversivos. Con estos factores a la mano, que son propicios, ¿qué tal intentar centros de reclusión que promuevan la producción agropecuaria? De mucho debe servir la experiencia de Araracuara, y evitar errores. Como fuente de trabajo y resocialización, además de ingresos monetarios para los internos, y aportar algo de dignificación. Parte de las utilidades para el sostenimiento del Inpec, quien ya no tendría tantos ociosos que alimentar.

Que estos nuevos establecimientos carcelarios y agropecuarios sirvan de pequeños polos de desarrollo. Muchos colombianos que han quedado trastornados con el virus chino, otros hastiados de la inseguridad y las congestiones en las ciudades y buscan refugio en el campo, estarían dispuestos a iniciar otra vida en estos territorios. Miles y miles de inmigrantes se sumarían, mermando la presión sobre nuestras ciudades y sus escasas fuentes de empleo. Hasta los ex combatientes estarían dispuestos a sumarse a la iniciativa.

Es cosa de atreverse, de innovar, de convencer a los países que están dando ayuda al país, destinadas a estos nuevos ciudadanos venidos del exterior y parte de los millonarios recursos internacionales para la paz.  El momento actual favorece esta idea.

Unos y otros motivos pueden y deben sumarse, para, como dicen ahora, reinventarnos y favorecer a internos, a ciudadanos del común, a ex combatientes y a inmigrantes. Para satisfacción de los defensores de derechos humanos, que se sentirán realizados.