6 de agosto de 2020
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La JEP ordena al Gobierno colombiano proteger a desmovilizados de las FARC

31 de julio de 2020
31 de julio de 2020
Desmovilizados de Risaralda. Imagen referencial.

Bogotá, agosto 1 (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Gobierno colombiano adoptar medidas de protección para garantizar la vida de los desmovilizados de las FARC, informó este jueves el alto tribunal.

La medida, según un comunicado de la JEP, se «tomó luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales» de los exguerrilleros de las FARC que están sometidos a la jurisdicción.

La información agrega que «más de 200 comparecientes han sido asesinados, fenómeno que ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc» de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), especializado en estudios de paz.

En esa dirección, la JEP le ordenó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y a la Unidad Nacional de Protección «llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil».

Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluó en dos audiencias «la grave condición de seguridad» y las razones que llevaron a efectuar el traslado de 93 personas, entre desmovilizados de las FARC y sus familiares, del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del caserío Santa Lucía, en Ituango, al municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.

LAS ÓRDENES

Al Comisionado para la Paz la JEP lo conminó a realizar gestiones para la «efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político FARC».

Igualmente, le dio un término para remitir los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra los desmovilizados.

Al consejero Archila le ordenó convocar la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para definir las medidas que correspondan, así como identificar y gestionar rápidamente lo necesario para la implementación de esa iniciativa.

Asimismo debe remitir a la JEP los diagnósticos realizados sobre los ETCR y de las nuevas áreas de reincorporación.

La JEP dispuso que la Unidad de Protección debe impulsar de manera coordinada con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección la adopción e implementación del plan estratégico de seguridad y protección.

Para la Sección de Ausencia de la JEP la «seguridad individual y colectiva de quienes participaron en el proceso de paz resulta fundamental en términos de garantía de no repetición y salvaguarda de los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado interno». EFE