15 de agosto de 2020
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Cámara de Comercio debe intervenirse

6 de julio de 2020
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
6 de julio de 2020

La renuncia colectiva de los delegados del Gobierno a la Junta  de la Cámara de Comercio de Pereira, al igual que la del representante  de la lista mayoritaria de comerciantes elegida para el período 2019 – 2022,  sume a la entidad gremial en la más penosa crisis institucional de toda su historia. Lo allí ocurrido no es una pugna de poderes como algunos han sostenido. No; lo que ha venido sucediendo desde el mes de enero de 2019 fecha en que se  posesionaron sus nuevos integrantes y quienes en su mayoría vienen de la Junta anterior, es el de querer imponer un inaudito libreto direccionado desde afuera por reconocida fuerza interesada en impedir a toda costa se conozca el manejo, nada claro, de la entidad en el reciente pasado. Con la mayoría simple alcanzada en su elección han venido negando de manera sistemática libros e informes solicitados por los nuevos miembros, reventándose a un mes de la elección del nuevo Presidente Ejecutivo, al forzar el Presidente de la Junta Directiva un procedimiento equivocado y calculado para obviar su elección  la que requiere mayoría calificada de las dos terceras partes, que no la tienen. Para no convalidar con su presencia tamaño disparate legal, es que proceden con su renuncia colectiva los representantes del Gobierno ante el Presidente de la República y el representante de los empresarios mayoritarios ante el Presidente de la Junta. Inexplicablemente los entes de control, como siempre, nada han hecho. O hecho sí pero actuado, nada. El 20 de noviembre de 2019, el Presidente Ejecutivo de la Cámara es informado por la doctora Martha Angélica Martínez Piraquive, de la Contraloría General de la República, del informe de Actualización Especial de Fiscalización en la que auditados tan solo el 10 por ciento de las operaciones de la Cámara aparecen 13 hallazgos administrativos, entre otros, un mil millones en gastos de representación presuntamente injustificados del expresidente de la Cámara, al igual que la utilización de seis tarjetas de crédito, con cargos a almacenes de cadena, bonificaciones e incrementos salariales. Transcurridos casi ocho meses de dicho informe ¿qué ha sucedido? Este fin de semana el Contralor General estuvo en Pereira. ¿Nada dijo? Y la Superintendencia ¿por qué tampoco ha actuado?  Decimos estar hastiados de tanta corrupción pero, cuando tenemos los indicios suficientes para probarlos, nos atemorizamos y nada hacemos. ¿Acaso nos pasa que matando al tigre nos asustamos con el cuero? Ya basta, no estamos prejuzgando, estamos pidiendo la intervención pronta y eficaz de la Superintendencia que bien puede suspender a los funcionarios actuales que impiden su honesto proceder lo mismo que a los directivos implicados en obstaculizar su transparente desempeño. A la Contraloría Nacional que cumpla con su deber y al Gobierno Nacional, que mientras no haya un pronunciamiento de fondo sobre lo que realmente allí sucede, no reemplace a los renunciados. Se hace necesario entonces, cuando todo se clarifique, una nueva Junta que nada tenga que ver con la anterior ni con la actual, para poner fin a un enfrentamiento que mucho daño le hace a la ciudad.

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