7 de julio de 2020
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El Olfato. Comienzan a destapar las ollas de las violaciones de las Fuerzas Militares

30 de junio de 2020

El país y el mundo recibieron con asombro la noticia sobre la violación por parte de siete militares a una niña indígena y no se reponían cuando otro escándalo de similares proporciones fue puesto a la luz pública en el programa virtual de Semana con Vicky Dávila.

El nuevo hecho ocurrió en septiembre del 2019 cuando una niña de 15 años, de la comunidad indígena nukak makú, habría sido secuestrada, violentada y abusada por un grupo de militares en Guaviare. Este es uno de los cinco casos que al parecer se presentaron en ese resguardo, según denunció el periodista Ariel Ávila, director de El Poder.

Las denuncias hasta ahora se están dando a conocer a la opinión pública, pero se espera que, en los próximos días, nuevos informes continúen escandalizando al país.

Servicios de inteligencia ruedan falsa foto de niña

Con el fin de tratar de desvirtuar los hechos, desde esta mañana, los servicios de inteligencia del Ejército Nacional, comenzaron a rodar por redes sociales una fotografía donde aparece una joven indígena, señalándola de ser la víctima de los siete soldados.

La primera impresión que deja es ser mayor de 14 años y con rasgos de una mujer adulta para tratar de suavizar el daño moral que se le ha ocasionado a los indígenas de Colombia y revictimizar a la joven.

Cuando hable el ICBF pondrán la cara de “no lo puedo creer”

Un inspector del ICBF comentaba que los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia son quizá los que más demandan tienen por abandono de niños y por alimentos.

Las cifras las tiene el Instituto de Bienestar Familiar y se espera que los sabuesos del periodismo comiencen a destapar esta tenebrosa olla de las Fuerzas Militares.

Los perjudicados: los niños de Colombia

En lo corrido del año se han registrado más de 7.000 abusos sexuales, el 85 % en contra de menores de edad. Solo unas 400 de estas causas se encuentran en la etapa de juicio y cerca de 90 están en proceso de ejecución de penas, la gran mayoría es objeto de indagación.

Lo ocurrido en Pueblo Rico se agrava porque los agresores son militares, pero en el país abusan y son reconocidas los desmanes que han hecho también los grupos guerrilleros como el ELN –que continúa reclutando menores—las FARC, las disidencias de las FARC, las milicias urbanas de las FARC, el EPL, los paramilitares y la delincuencia común.

Pronunciamientos internacionales

Las Naciones Unidas, la OEA, las organizaciones no gubernamentales conocen de los hechos contra los menores en Colombia y se esperan sus prontos pronunciamientos en defensa de los Derechos Humanos con sanciones internacionales para el país y sus gobernantes.

Se sabe que en próximas semanas existirá una fuerte declaración de Human Rights Watch hablando sobre estos hechos que sacuden la tranquilidad de los menores en Colombia.

De igual forma, la Organización Indígena de Colombia adelanta una demanda contra el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las fórmulas para tumbar a los colombianos

El presidente lanza un decreto de emergencia, se sacan todos los recursos disponibles para contener la pandemia china. Hasta ahí puede ser loable. Luego les autoriza a los gobernadores y alcaldes a comprar mercados para distribuirlos entre la población menos favorecida.

De inmediato llegan las denuncias de la población. Primero fue con los hechos ocurrido en el Atlántico y luego con la Oficina de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Comprar por miles y miles de millones de pesos con sobrecostos. Hasta Julito no me cuelgues en la W les dedicó varios programas. Hechos similares sucedían en el Valle del Cauca, Bolívar, Chocó y decenas de alcaldías.

Los entes que controlan el país salieron relucientes en una rueda de prensa donde anunciaban que a las investigaciones irían hasta las últimas consecuencias y soltaron, desde luego, la trillada frase de “les caerá todo el peso de la Ley a los usurpadores del erario”.

Les cayeron al negro y al campesino

Tres meses después las investigaciones recayeron sobre el gobernador del Chocó y el alcalde de La Palma, en la región de Rionegro de Cundinamarca, a donde jamás han ido ni el flemático Procurador, ni el parlanchín Contralor, ni mucho menos el hablador Fiscal.

Con estos casos, el de un negro y un campesino, tenían excusa para decir que sí se estaba aplicando la Ley, pero lo cierto es que ni uno ni el otro cuentan con recursos para hacer lobby ni contratar abogados del cartel de la defensa de la corrupción.

Hasta Claro tumba a la gente

Un paisano que utiliza los servicios de Claro va a pagar su factura y cuando la mira observa: $5000 de contribución para la pandemia. “¿Yo cuándo autoricé eso?”, pregunta a la empleada de las cabinas. “Es que es una colaboración de todos”, le responde la dama desde su cubículo.

El vecino de marras, por no demorar a los otros usuarios que hacen fila de 200 metros para que los atienda una sola cajera, se alejan pensativo. Llega a su casa y mira en las noticias que esa empresa reunió más de 500 millones de pesos para llevarles mercados a los operarios de Claro.

“¿Me tumbaron Echeverri?”, se dice el usuario de las líneas de telefonía Claro.