7 de julio de 2020
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¿Concejales politiqueros en Aranzazu?

25 de junio de 2020
Por José Miguel Alzate
Por José Miguel Alzate
25 de junio de 2020

En medio de este encierro obligado me llegan noticias de mi pueblo, Aranzazu. Y, lástima, no son buenas. Tienen que ver con la posición asumida por los concejales que le hacen oposición al alcalde Lisímaco Amador. Hacen referencia a la negativa de estos concejales para aprobarle al mandatario facultades de ordenador del gasto. Para atender los problemas originados por la pandemia del Covid-19, la administración necesitaba hacer unos traslados presupuestales. Estos tenían como objetivo atender a la población vulnerable del municipio y, sobre todo, garantizar la atención a los adultos mayores. En la sesión virtual extraordinaria del pasado 16 de junio, Lisímaco Amador presentó, nuevamente, a estudio del Concejo Municipal, el proyecto de acuerdo 016 para hacer adiciones y traslados al presupuesto.

No obstante que en las sesiones ordinarias fue presentado a estudio del concejo este proyecto, los concejales de la oposición no lo aprobaron. Para hacerlo, no expusieron objeciones técnicas ni jurídicas, mucho menos de inconveniencia. Fue esta la razón por la cual el alcalde convocó a sesiones extraordinarias. Considerando que negarle estas facultades era bloquear proyectos importantes para el desarrollo de Aranzazu, el alcalde Lisímaco Amador lo presentó en esta sesión virtual extraordinaria con la convicción de que, en aras del bienestar social de los adultos mayores, sería aprobado. Pero la respuesta que recibió la administración no interpreta el sentimiento de solidaridad que merecen 150 ancianos que reciben alimentación con el apoyo del municipio.

¿Qué casos precisos contempla el proyecto de acuerdo 016? La información que me ha llegado indica que son obras importantes para garantizar el desarrollo social. ¿No es la construcción de placas huellas un proyecto que busca mejorarle a los campesinos su calidad de vida? En la exposición de motivos se dice que el municipio iba a firmar un convenio interadministrativo con Colombia Rural para ejecutar este año mínimo un kilómetro de placas huella, que favorecería a varias veredas. ¿Y no es la seguridad alimentaria para las personas de la tercera edad en condiciones de pobreza un compromiso social del Estado? Dejar a 150 ancianos sin un almuerzo es un crimen. En este sentido, pecan de indolentes los concejales que se niegan a aprobar un traslado presupuestal para firmar este convenio.

Una obra importante que se contempla en el proyecto 016 es la continuación de los trabajos en el interceptor marginal de la quebrada Doña Ana, que busca descontaminar un sector del municipio, donde son frecuentes los malos olores. En la administración de Gabriel Zuluaga Montes se avanzó positivamente en estos trabajos en el sector de El Guarango. Y también en la de Jorge William Ruiz. El convenio interadministrativo con Corpocaldas busca solucionar un problema ambiental delicado en Aranzazu. Pero parece que para los concejales de la oposición esto no tiene importancia. Como tampoco parece tenerla el diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. No de otra forma se explica que no aprueben un proyecto de acuerdo que busca una solución al problema.

En la defensa que ante el concejo hizo de este proyecto el Secretario de Gobierno, Manuel Gonzalo Restrepo, fue claro en manifestar que nunca la corporación había pedido discriminar las inversiones. Simplemente le daban las facultades al alcalde para hacer los traslados presupuestales necesarios. ¿Por qué ahora vienen a pedir un desglose que nunca han exigido? Además, se trata de convenios que cada año el municipio firma con el departamento o con entidades descentralizadas. Es de suponer que los concejales antiguos que hacen parte de la oposición, como Alfonso Valencia, tienen la suficiente ilustración sobre cómo se surten estos proyectos. Lo que deja en la opinión publica la sensación de que están actuando sin pensar en el beneficio de la comunidad, sino en sus intereses políticos.

Una de las exigencias de los concejales de la oposición para darle aprobación al proyecto de traslados presupuestales era insólita: la administración debía adjuntar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal para los convenios; la explicación que dio el Secretario de Gobierno para no anexarla tiene lógica: no se puede expedir un CDP cuando los recursos no han entrado a las arcas del municipio. Como si esto fuera poco, en el caso de la vivienda incendiada en la vereda La Honda, propiedad del escritor Rubén Darío Toro, el concejal Alfonso Valencia argumentó que era extraño que trataran de solucionarle el problema de manera tan rápida. Esta es una insinuación fuera de contexto. ¿No corrían, acaso, en Aranzazu, administraciones anteriores, a atender rápido cualquier solicitud del señor Héctor Martínez?

El alcalde Lisímaco Amador cumple con el numeral 7 del artículo 92 del decreto 1333 de 1986 en el sentido de pedir autorización al concejo para hacer los traslados presupuestales necesarios para la buena marcha de la administración. Lo hace porque es consciente de que si otro ejecuta los convenios interadministrativos el municipio pierde ingresos importantes para ejecutar obras con recursos propios. Y, lo más grave, debido a los recortes presupuestales como consecuencia de la atención a la pandemia, Aranzazu puede entrar en inviabilidad económica. Que otros ejecuten los convenios le quita al municipio la posibilidad de que le ingresen recursos importantes por concepto de impuestos. Y, peor aún, la posibilidad de generar empleo para la gente de Aranzazu.

La pregunta que sirve de titulo a esta columna tiene la intención de motivar a los aranzacitas a que piensen sobre si estas actuaciones de los concejales de la oposición son simples actos de politiquería. Cada lector sacará su propia conclusión. En mi caso, pienso que están actuando sin medir el daño que le están haciendo al municipio. Sobre todo cuando es sabido que, a alcaldes anteriores, concejales antiguos les aprobaron proyectos con vacíos jurídicos evidentes. Los cabildantes que defendieron el proyecto, Pablo César Ocampo Serna y Katherine Castaño Franco, esgrimieron argumentos convincentes. Lo que no hizo Raúl Andrés Giraldo.  El presidente del concejo se limitó a decir que el municipio no ha gastado un peso para atender la pandemia.

Con el debido respeto, yo les aconsejaría a los concejales de la oposición Raúl Andrés Giraldo, Jesús María Alzate, Luz Marly Noreña, Alfonso Valencia, Henry González y Felipe Gómez que no actúen con sentido de revancha en el estudio de las propuestas de una alcaldía bien intencionada. Los aranzacitas jamás les perdonaríamos si por su culpa 150 ancianos se quedan sin almuerzo. No caigan, por favor, en los vicios del concejal Mario Serna Duque (Pabilo), que actúa sin criterio, condicionando su voto a que le den lo que pide. Atiendan, en este caso, el llamado de su conciencia. No dejen que los califiquen como concejales politiqueros que solo buscan, con sus actuaciones, el beneficio personal. Graben su nombre en los anales del concejo como cabildantes ecuánimes, ajenos al oportunismo, que piensan en el progreso de Aranzazu antes que en sus ambiciones personales.